45 años han pasado desde el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, y ha llegado finalmente la desclasificación de documentos relacionada con este suceso histórico. De ellos, pese a las críticas del Partido Popular porque "no iban a revelar nada que no se supiera ya", una de las lecturas más recurrentes está siendo el presunto papel del rey emérito Juan Carlos I en la detención del pronunciamiento. Desde Abu Dabi, expresaba así su felicidad al diario El Mundo: "Al final van a reconocer lo que hice. Voy a acabar ganando".
Con esa sensación de que el país está en deuda con él a pesar de una larga lista de fechorías económicas a lo largo de las décadas, su círculo cercano se pregunta si no es un buen momento para preparar su regreso a España, un proceso para el que tienen que encajar tres miradas: la de la Casa Real, la del Gobierno de España y la del propio exmonarca. La desclasificación de la documentación del 23-F le devuelve, a ojos de muchos, a una posición de luchador contra el golpe, lejos de las teorías que le implicaban en el mismo instauradas plenamente en el imaginario colectivo, y sobre su regreso a España se han pronunciado ya cargos políticos y figuras públicas, como el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
"Tras la desclasificación de archivos del 23F, sería deseable que el Rey Emérito regresara a España. Debería pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país", aseguraba el gallego. Salir de Abu Dabi tampoco tiene que ser lo que más le apetezca al monarca en términos de bienestar: allí le dan el tratamiento de anterior jefe de Estado que no se le da en España, tiene total libertad de movimiento y la familia real del emirato le ha puesto todo lo que quiera a su disposición. Él mismo sabe, además, que solo podría volver con el beneplácito de Felipe VI y con acuerdo por parte de La Moncloa, y que no sería ni mucho menos un regreso entre algodones, sino que tendría obligaciones fiscales que cumplir.
Vuelta a la realidad
A pesar de la euforia contenida que exhala ahora el exmonarca con la desclasificación de los antiguos papeles, cabe recordar que su marcha, datada el 3 de agosto de 2020, se produjo para evitar que las investigaciones judiciales se convirtieran en un escollo para el reinado de su hijo. Hasta trece delitos perseguían a Juan Carlos I entre delitos fiscales, cohechos, blanqueos y gastos sufragados. En concreto, cinco infracciones fiscales por su cuenta en Suiza, en la que recibió 100 millones de dólares como regalo del rey de Arabia Saudí, dos cohechos por recibir este mismo dinero como regalo, un blanqueo por transferir buena parte del mismo (64 millones de euros) a Corinna Larsen, su amante, y otros cinco delitos fiscales por los gastos sufragados por Álvaro de Orleans, su primo, en ejercicios que ascendían hasta los 1,3 millones de euros. Fue en ese momento cuando tuvo que afrontar una regularización fiscal de 4.395.901,96 euros, incluyendo intereses y recargos.
La pérdida de los 65 millones de euros vinculados al conflicto con Corinna Larsen han sido, según el propio monarca, un agujero en su patrimonio. Tal y como publicó el citado medio, ha manifestado a personas de su entorno la necesidad de "monetizar su legado" para recuperarse, lo que explicaría la publicación de sus memorias y el tanteo a Netflix para hacer una serie. A sus 88 años, quienes le han visitado aseguran que se encuentra bien mentalmente y que su principal problema es la movilidad.
Esta semana, los medios ponían sobre la mesa la posibilidad de su regreso y cabalaban sobre las piezas que tienen que encajar para que ello ocurra. "Que vuelva ya. Sería una pena que el rey que nació en el exilio se muriera lejos de España", defienden desde su entorno cercano. Sin embargo, incluso quienes sostienen esta posición reconocen que la decisión no depende exclusivamente del padre del Rey, sino de otros muchos factores. Solo el tiempo resolverá las incógnitas de su regreso al país, del que el propio monarca piensa que "tendrá que reconocer" lo que hizo aquel 23 de febrero de 1981.