El 7 de diciembre de 2021, la Corte del Distrito Sur de Florida abrió un procedimiento judicial contra el empresario español Juan Carlos González Pérez, propietario de Aerofalcon S.L. y antiguo presidente de la firma panameña Insumos Médicos del Pacífico, donde coincidió como socio con Alberto González Amador, actual pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El acusado está señalado por su presunta implicación en una red destinada a eludir las sanciones impuestas por Estados Unidos a la petrolera estatal venezolana PdVSA. En total, se enfrenta a penas que podrían alcanzar los 35 años de prisión por delitos como conspiración para exportar bienes de forma ilegal (hasta 20 años), contrabando (hasta 10) y falsedad en la información de exportación (hasta 5).
Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso la Cadena SER, la operativa se articuló a través de Aerofalcon S.L, empresa que habría actuado como intermediaria en el suministro de piezas de aviación de origen estadounidense a la compañía venezolana.
Cinco años después de iniciarse la causa, las autoridades estadounidenses han logrado encarcelar al empresario burgalés en Miami. González Pérez fue arrestado el pasado 12 de marzo en República Dominicana, tal y como han confirmado sus abogados. La detención se produjo en el aeropuerto internacional de Las Américas, en Punta Caucedo, por parte de la Dirección General de Migración, que procedió a su traslado inmediato a Estados Unidos, donde permanece en prisión.
El ministro de Transformación Digital y Función Pública, y candidato del PSOE-M, Óscar López, se ha hecho eco de la noticia en sus redes sociales: "Este emprendedor español resulta que es socio de González Amador, pareja de Ayuso, y contratista del PP (...) ¿Este hombre también fue a la cena en León? (...) ¿Cómo hay que decirlo para que se entienda?"
La defensa del acusado ha denunciado que esta actuación vulnera sus derechos fundamentales, al considerar que la extradición debía haberse tramitado mediante el procedimiento judicial correspondiente ante la Suprema Corte de Justicia dominicana. El empresario había viajado desde España a República Dominicana el 10 de marzo sin levantar sospechas. Tres días después de su arresto, y sin conocimiento de lo ocurrido, su expareja denunció su desaparición en una comisaría madrileña.
La alerta saltó el 13 de marzo, cuando no acudió a recoger a su hija para llevarla al colegio. Desde ese momento, dejó de responder a llamadas y mensajes, y su teléfono permaneció apagado. Tampoco embarcó en un vuelo de regreso a España, mientras su entorno desconocía que ya había sido trasladado a territorio estadounidense.
De acuerdo con la investigación, desde 2019 los implicados habrían coordinado el envío de repuestos aeronáuticos desde Estados Unidos a PdVSA, incumpliendo las restricciones vigentes. La acusación sostiene que Aerofalcon facilitó material a representantes del régimen de Nicolás Maduro ocultando el destinatario final mediante documentación falsa y declaraciones engañosas.
El caso se apoya, en gran medida, en el análisis de correos electrónicos intercambiados entre los investigados, en los que se evidenciaría que eran conscientes de estar infringiendo las sanciones. En uno de esos mensajes, se planteaba la dificultad de introducir piezas de aviones Learjet y Dassault Falcon en Venezuela debido a las restricciones, mientras que en otros se detallaban mecanismos de pago a través de terceros países, recomendando cuentas en Rusia, China o Malasia para esquivar controles estadounidenses y europeos.
La investigación también recoge que el 31 de julio de 2019, Juan David Guerra Viera, director de Aerofalcon, envió a PdVSA una propuesta para el mantenimiento de su flota de aeronaves Falcon, incluyendo revisiones de motores, junto con los datos de una cuenta bancaria en Rusia para canalizar los pagos.
Meses más tarde, en octubre de ese mismo año, González Pérez adquirió en Texas un motor turbofán Dassault Falcon por 837.000 dólares, que posteriormente fue enviado a Madrid y, desde allí, a Venezuela. En ese contexto, Guerra Viera advirtió a sus interlocutores de la necesidad de extremar la cautela ante el endurecimiento de las sanciones.
La actividad continuó con la venta de otros dos motores por más de 3,3 millones de euros. El propio empresario firmó documentación en la que se indicaba que los pagos se realizarían a través de una cuenta en Alfa Bank, entidad rusa, utilizando intermediarios.
Uno de los elementos clave de la acusación es un certificado firmado por González Pérez en diciembre de 2019, en el que garantizaba que no desviaría productos estadounidenses a entidades controladas por el Gobierno venezolano, incluida PdVSA. Las autoridades consideran que esa declaración fue fraudulenta, ya que el destino real de los equipos no era España, como se indicó oficialmente. Además, detectaron irregularidades en la facturación, con valores inferiores a los reales para reducir el impacto fiscal.
Por su parte, Aerofalcon defendió que la venta de material a Venezuela respondió a un exceso de stock generado tras un contrato fallido con la Fuerza Aérea de República Dominicana, lo que les obligó a dar salida a equipos considerados obsoletos en el mercado español. La empresa solicitó, además, ser excluida de la lista estadounidense que restringe el acceso a tecnología sensible para determinadas entidades extranjeras.
El caso implica a una decena de personas. Entre ellas figura George Semerene, quien en 2024 se declaró culpable de participar en la trama y aceptó una condena de 30 meses de prisión, además de colaborar con la justicia señalando a otros implicados, incluidos responsables logísticos de PdVSA, directivos de la compañía costarricense NOVAX y miembros de Aerofalcon.
Finalmente, Aerofalcon S.L entró en concurso de acreedores pocos días después de que el abogado de González Amador reconociera por escrito la comisión de dos delitos fiscales para evitar un juicio.