La actualidad política, en distintos ámbitos, gira desde hace varios días en torno a Ceuta. Dos semanas se cumplen de la llegada a nado y a pie a la ciudad autónoma de decenas de miles de inmigrantes irregulares, en un intento masivo de entrar al país que sigue dejando numerosos interrogantes, los cuales piden unas respuestas que van desde reclamar una mayor seguridad en lo referido a este tipo de sucesos a intervenir en torno a las figuras que puedan estar orquestando este tipo de avalanchas humanas. Más de 70.000 personas, según el Gobierno, trataron de acceder a España entre los días 30 y 31 de julio, dos jornadas que despertaron enorme preocupación en Ceuta, cuyos cimientos temblaron y se desestabilizaron casi por completo durante unas horas.
Dos semanas, como se mencionaba, han pasado de aquel momento en el que los ceutíes vieron como la población de su ciudad, de manera completamente inesperada, se veía duplicada, hallando en sus calles imágenes que minutos antes les costaba imaginar. Casi una quincena de aquel suceso que todavía sigue demandando la resolución de diferentes asuntos, estando entre ellos la situación de numerosos menores que se encuentran solos y a la deriva en Ceuta.
Prueba de ello ha sido el debate que se está generando en torno a ello, ejemplificándose en las fricciones existentes entre los ejecutivos de las comunidades autónomas españolas del PP y el Gobierno de España. Este jueves, los populares han rechazado incorporar al orden del día de la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia un punto específico para debatir sobre estos menores y la situación de la ciudad autónoma. La negativa ha sido criticada por el Ministerio de Juventud e Infancia. Su titular, Sira Rego, ha acusado a los gobiernos autonómicos populares de "bloquear el debate" y ha defendido que atender a los menores que se encuentran solos en España constituye una "obligación política y legal".
Interior envía más efectivos a la ciudad autónoma para garantizar la seguridad
Si bien, no es esta la única circunstancia que queda por ser abordada aún, ya que, en las últimas horas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez está anunciando cambios en la gestión de la frontera con Marruecos de esta ciudad autónoma. Así, después de la incertidumbre generada por este suceso y las dudas surgidas en torno a si podría repetirse en nuevas ocasiones, Fernando Grande-Marlaska ha anunciado este jueves un refuerzo policial y de agentes de Extranjería en Ceuta para reforzar la seguridad y agilizar las expulsiones. El ministro de Interior ha indicado en una comparecencia desde la ciudad autónoma que se desplegarán los medios necesarios hasta que la ciudad “recupere la normalidad lo antes posible”.
Marlaska ha hecho un repaso al dispositivo desplegado en Ceuta, donde se encuentran en estos momentos 880 policías nacionales (270 más que el 30 de julio) y 714 guardias civiles (casi 200 más que antes de la llegada masiva). A ellos se sumarán, tal y como ha anunciado el ministro de Interior, a ellos se sumará el despliegue adicional de una Unidad Policial de Respuesta (UPR) con 45 nuevos policías nacionales para garantizar la seguridad ciudadana y de 20 miembros de la Brigada Central de Extranjería y fronteras.
El presidente de Ceuta pide "la excepción como frontera terrestre de Europa en África"
Al hilo con este escenario, Juan Jesús Vivas, comparecía también este jueves ante los medios de comunicación para abordar la situación en la que se encuentra la ciudad autónoma y poner el foco en la seguridad de sus calles. Vivas ha subrayado que ha pedido a Marlaska que se proceda a ejecutar el "retorno a Marruecos de todas las personas que llegaron en la entrada masiva y que a día de hoy permanecen en nuestra ciudad". El mandatario ceutí remarcaba que "es una condición para que no volvamos a vivir esta pesadilla, para desactivar el que nadie pueda pensar que la presión migratoria es un arma utilizada para desestabilizar Ceuta o vulnerar nuestra integridad territorial".
"Esta situación es de excepcionalidad y máximo riesgo, cada día que pasa es peor porque aumenta el riesgo que ocurra algo que nadie quiere que ocurra, y que pueda ser irreversible", explicaba Vivas, indicando que "hay que reforzar esa visión que de Ceuta pueda tenerse como lugar donde no hay posibilidad de regularizar, obtener asilo o traslado a la Península. Eso se puede conseguir estableciendo la excepción como frontera terrestre de Europa en África, porque no es lugar donde se puede tramitar ninguna solicitud de asilo".
Por la soberanía de Ceuta y Melilla frente a Marruecos
Otra circunstancia que, además de seguir avivando el fuego del panorama político, también ha generado gran polémica y hasta enfado han sido las palabras que pronunciaba en una entrevista el ministro de Justicia marroquí, Abdelatif Ouahbi, se mostraba incisivo al hablar sobre la autoridad que, considera, Marruecos debería tener sobre Ceuta y Melilla. "Este asunto sigue sobre la mesa. Cada vez que nos reunimos con los españoles planteamos la cuestión", aseguraba en una entrevista, en la que también apuntaba que "seguimos reivindicando nuestros territorios y queremos resolver el problema mediante el diálogo".
Las palabras del ministro marroquí no caían en saco roto y provocaban una rápida respuesta desde el Gobierno de España, reaccionando a sus afirmaciones algunos ministros del Ejecutivo que se negaban a aceptar lo dicho por Ouahbi. "Ceuta y Melilla forman parte de la integridad territorial de España reconocida internacionalmente. La integridad territorial de España ni se ha tratado ni se tratará nunca con nadie", aseguraba José Manuel Albares, quien, además, lanzaba un mensaje "a los que en Marruecos o en cualquier punto de África lean o reciban la falsa información de lo que pueden obtener entrando irregularmente en Ceuta" y les llamaba a "que no arriesguen sus vidas, su dinero y su futuro en una aventura abocada al fracaso, que los que entren irregularmente en Ceuta o Melilla van a ser devueltos, no alcanzarán la Península, Europa ni podrán quedarse indefinidamente en Ceuta o Melilla".
Más severa en sus palabras era Margarita Robles, ministra de Defensa, quien en una visita realizada esta semana a Ceuta señalaba que "cualquier agresión a Ceuta o a Melilla es una agresión a España en su conjunto". Durante su paso por la ciudad autónoma, la ministra fue contundente, expresando que ambas localidades "son españolas no, son españolísimas, lo siguiente. Y, por eso, ni a Ceuta ni a Melilla se las toca".
El Senado, un asunto vital para el PP y por el que el Gobierno pide tiempo
Ante todos estos hechos que se vienen sucediendo, el Partido Popular venía pidiendo al Gobierno que prestara declaración en el Senado. Este ha sido un asunto que ha dispuesto de gran protagonismo en estos días y para el cual, este jueves, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha comunicado al presidente del Senado, Pedro Rollán, que no acudirá la próxima semana a la comisión de Defensa para comparecer sobre la crisis migratoria de Ceuta, como había solicitado el PP. Robles argumenta que necesita más tiempo para preparar una intervención “precisa y exhaustiva” tras su reciente visita a la ciudad autónoma, y muestra su disposición a comparecer a partir de septiembre, con el inicio del periodo ordinario de sesiones.
La decisión se produce después de que el Gobierno rechazara inicialmente que sus ministros acudieran al Senado, al estar previstas sus comparecencias sobre Ceuta en el Congreso a finales de agosto. Aunque el PP anunció que había acordado con Robles trasladar su comparecencia al 18 de agosto, Moncloa no llegó a confirmarlo.
El presidente del Senado ha criticado la negativa del Ejecutivo y ha advertido de un posible conflicto entre órganos constitucionales. El PP, por su parte, acusa a Moncloa de haber presionado a Robles para rectificar. El ministro del Interior tampoco acudió a su cita en el Senado y defendió que comparecerá en el Congreso el 28 de agosto.
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