Dos desahucios de familias vulnerables ponen en evidencia al Gobierno y su decreto de vivienda

El decreto de vivienda que supuestamente suspende los desahucios a personas vulnerables que no cuentan con alternativa habitacional está vigente desde el 8 de octubre, cuando fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Sin embargo, el desalojo de dos familias con la vulnerabilidad acreditada en apenas tres días, sin tener ninguna de las otra opción donde residir, pone en evidencia el abordaje defendido por el Ejecutivo de coalición.

El Gobierno recuperó la norma, vía Consejo de Ministros, después de que Partido Popular (PP), Vox y Junts per Catalunya lo tumbasen en el Congreso de los Diputados y será convalidado por la Diputación Permanente en la semana de la huelga general, fijada el 11 de noviembre. Este martes, Ghariba y su hijo de nueve años han sido expulsados a la calle en el barrio del Clot, ubicado en Barcelona, aunque contaban con un informe que los consideraba vulnerables y eran inquilinos de un gran tenedor.

Así lo a decidido la jueza de la Sección Civil 31 de Barcelona. Como ella, otros muchos togados se han saltado a la torera la anterior normativa antidesahucios que estuvo vigente durante años, buscando subterfugios para favorecer al propietario. Ghariba pagaba religiosamente el alquiler, pero el contrato no estaba a su nombre. La vecina de la ciudad condal abonaba su alquiler al hombre que aparecía como arrendatario, que le subarrendaba el piso, pero este nunca transfirió estas cuantías a la empresa Rambert 2001 SL.

Lejos de castigar al estafador, obligándole a transferir todo este dinero a la propiedad, que es un gran tenedor, y protegiendo a la familia vulnerable que ha estado pagando durante todo este tiempo, la Justicia ha decidido sentenciar contra una madre y su hijo de nueve años. La excusa esgrimida por el tribunal para saltarse el artículo 2 del decreto es que Ghariba no es “parte demandada”, sino “tercer parte”. Una interpretación a todas luces torticera que se ha visto en anteriores ocasiones.

El decreto es claro al establecer que “el tribunal suspenderá por auto el proceso, resultando igualmente aplicable esta previsión cuando ya se hubiera dictado sentencia, decreto o auto poniendo fin al procedimiento o acordando el lanzamiento” cuando “la parte demandada se encuentre en situación de vulnerabilidad”. Pero de todas las interpretaciones, la Justicia ha decidido realizar una interpretación totalmente interesada de “parte demandada”.

“Pese a los decretos del PSOE, que supuestamente debían acabar con el problema de la vivienda; pese a la llamada masiva que hacemos desde el sindicalismo de vivienda y pese a estar organizadas; pese a todo eso, siguen expulsándonos de nuestra casa”, ha denunciado una portavoz de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya. “Esto no es más que fruto del sistema en el que vivimos”, ha añadido, destacando la importancia de caminar hacia la huelga general y el sindicalismo de barrio.

Este jueves le llega el turno a Daniela, que sufre una discapacidad, y sus seres queridos. Budmac, otra empresa que acumula viviendas y especula con ellas, quiere dejar en la calle a la familia, pese a que también cuentan con la vulnerabilidad reconocida. El lanzamiento está fijado a las 8:00 horas en el número 28 la calle Constitució, ubicada en Sant Feliu de Llobregat. Una vez más, en su puerta, miles de militantes del movimiento de vivienda intentarán evitarlo.