Los dos decretos aprobados, este martes, por el Consejo de Ministros están muy lejos de dar cumplimiento a las reclamaciones del movimiento de vivienda. El decreto Maricarmen no ha sido asumido, ni siquiera juntando los dos textos; sino que ha sido totalmente descafeinada para que las medidas verdaderamente estructurales tengan fecha de caducidad. Además, la más determinante de ellas, la referida a los alquileres indefinidos, ha sido cercenada de la norma central para que las derechas puedan tumbarla, este viernes, en el Congreso de los Diputados.
Los mínimos pactados por el Sindicato de Inquilinas y otros sindicatos y organizaciones barriales y de clase eran cinco: medidas estructurales para frenar los desahucios; reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para regular el alquiler de temporada y por habitaciones; congelación de los precios del alquiler; aprobación de prórrogas efectivas y la renovación automática de todos los contratos, para que pasen a ser indefinidos. Pues bien, apenas una de las cinco propuestas se recoge y puede llegar a sobrevivir al pleno del viernes.
La protección frente a los desahucios tan solo se extenderá hasta 2030 y beneficiará a personas vulnerables. Después de esa fecha, el Gobierno ha debido entender que no volverá a existir un problema de vivienda y que no se producirá ninguna desalojo más. Cabe destacar también que, para cumplir los preceptos de vulnerabilidad que se exigen para acogerse, el inquilino debe encontrarse en una situación vital cercana a la inanición o la muerte. Y, aún así, no existen garantías de que un juez no ordene el desalojo, como sucedía con la anterior protección.
El pensamiento ha debido de ser similar en lo que se refiere a fondos buitre. Los principales responsables de la especulación no podrán comprar vivienda, pero el castigo tan solo durará un par de años. A partir de 2028, los acumuladores de pisos y destructores de familias podrán volver a las andadas. En la misma línea, el alargamiento de los alquileres, como en lo que a desahucios se refiere, tendrá fecha de caducidad. El decreto principal contempla una prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028. Peor parada sale la congelación de los precios de los alquileres que, directamente, ni se contempla.
Por último, quizá la mayor muestra de claudicación sea la separación de los alquileres indefinidos del decreto principal. Esta medida es la clave del decreto Maricarmen, pues es el mayor golpe a la especulación. Su propia naturaleza, en consecuencia, no es asumible para Junts, formación defensora de la patronal catalana y que entre sus filas acumula a multipropietarios que se enriquecen con rentas del alquiler. Tampoco es una medida que guste al PSOE, que en anteriores ocasiones se ha opuesto a su implementación.
Lo que si aparece en el decreto es la regulación de alquileres de temporada y por habitaciones, que desde el movimiento de vivienda reclamaban que se abordase a través de la reforma de la LAU, aunque el abordaje no se realizará a través de la principal norma rectora de los arrendamientos habituales. Esto y beneficios fiscales para los caseros y los inqulinos que, como ha sucedido en otras ocasiones con estos segundos, acabarán en los bolsillos de los primeros.
“Estamos en el foco por ser un país que da vergüenza porque se arrodilla ante el rentismo. Con dos reales decretos nos fallan una vez más. O decreto Maricamen en su totalidad, en un único decreto donde se incluya todo lo que necesitamos como primer paso para sacar la vivienda del mercado, y que de verdad sea un derechos como dice nuestra Constitución, o cualquier otra cosa será un decreto farsa”, advertía una portavoz del Sindicato de Inquilinas antes del anuncio oficial. Su advertencia no ha sido atenida y, en consecuencia, la acampada se mantendrá.
Si es una traición o no de los partidos de Gobierno lo decidirán las miles de personas que acampan y protestan a lo largo y ancho de España. Si es responsabilidad de las derechas nacionalistas, españolas e independentistas, es un argumento que le toca defender al Ejecutivo y la socialdemocracia. Si es lo máximos a lo que se puede aspirar dentro de un sistema capitalista, que lo analicen los economistas. Lo que es seguro es que lo aprobado no es la traslación, ni de lejos, del bautizado como ‘decreto Maricarmen’. Y eso que era una propuesta de mínimos.
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