El Gobierno ultima el decreto de vivienda que se aprobará, previsiblemente, en el Consejo de Ministros de este martes. El impacto social del desahucio de Maricarmen ha precipitado las negociaciones entre el Partido Socialista y sus socios parlamentarios parar sacar adelante unas medidas que Sumar y los movimientos sociales ya exigen desde hace años. Entre ellas, que se recuperen los alquileres indefinidos, como el que trató de mantener, sin éxito, la mujer de 87 años que fue desahuciada el miércoles de la que había sido su casa durante siete décadas.
Hace un año, el PSOE elaboró todo un argumentario para oponerse a esta medida, al que ha tenido acceso ElPlural.com. Concretamente la delegación socialista en la Asamblea de Madrid, que confeccionó un documento interno para explicar su oposición a la propuesta de ley de Más Madrid, que decayó en la Cámara regional en marzo de 2025 antes de tomarse en consideración. La formación que dirige Mónica García la presentó también en el Congreso de los Diputados y en los ayuntamientos en los que tiene presencia.
El PP utilizó su mayoría absoluta en la Asamblea para tumbar la toma en consideración de este proyecto de ley de Más Madrid. Sin embargo, el documento avanza cual habría sido la postura del PSOE en caso de que se hubiera votado: “En aras a mantener puertas abiertas con Más Madrid y Sumar, hubiera sido la abstención”. En el caso de los ayuntamientos, iban en la misma línea, y solo dejaban abierta la puerta a cambiarla si el Congreso, como se esperaba, la tomaba en consideración.
Desde Ferraz, preguntados por este periódico, aseguran que desconocen la existencia del documento del PSOE de Madrid y aseguran que "lo importante, en cualquier caso, es lo que se está negociando ahora". Por su parte, la delegación de Madrid entiende que la puesta del foco en este documento responde a la intención de terceros partidos de hacer daño a la formación del puño y lo rosa.
¿Por qué el PSOE está en contra?
El documento interno de los socialistas es claro en su posicionamiento, pues considera que asumir una iniciativa encaminada a recuperar los contratos indefinidos, de duración ilimitada, y derechos de subrogación también ilimitados, “puede tener” múltiples efectos negativos. Los dos principales señalados son la siguen las tesis habituales del neoliberalismo y los discursos pronunciados por los rentistas para defender la no legislación.
“Puede desincentivar la actividad de alquiler habitual, produciendo una contracción de la oferta, un aumento de la vivienda vacía o una desviación a otro tipo de arrendamiento distinto del alquiler de vivienda habitual”, apunta el PSOE en su argumentario, asegurando que esto “perjudicaría especialmente a los jóvenes y las personas con mayor vulnerabilidad social y económica”. Asimismo, aseguran que la medida” solo serviría para que se retiraran las viviendas del alquiler o que no se pusieran en el mismo aquellas que potencialmente pudieran llegar a serlo” porque la mayoría está en manos de pequeños propietarios.
Pequeños propietarios que, por cierto, aunque a muchas formaciones les esté dando miedo señalarlo, también pueden ser parte del problema si especulan con sus viviendas y someten a sus inquilinos a alquileres disparados y condiciones deplorables. Más allá de estos puntos, el PSOE también entiende que los contratos indefinidos “podrían producir un aumento del precio de las viviendas en alquiler a medio plazo” porque, debido a “la reducción de la oferta, aumentarían los precios de los nuevos contratos de arrendamiento sujetos a duración indefinida e ilimitada en el tiempo, sin posibilidad de recuperación en caso de personas jurídicas”.
Los socialistas obvian en su argumentario que estas derivadas también podrían abordarse desde lo legislativo, como se ha producido en otras capitales y países enteros, obligando a la puesta en alquiler de inmuebles vacías y sancionando mantenerlas en desuso. Por último, desde el PSOE aseguran también que la medida “desincentivaría la inversión en la rehabilitación del parque edificatorio, con implicaciones económicas, sociales y ambientales”. Por todo, defendieron en su momento abstenerse, no decantándose por el voto en contra para no llevar la máximo punto la confrontación con sus socios de Gobierno.
Los socialistas difundían también la acción argumental requerida a sus miembros, que incluía marcar diferencias con la izquierda alternativa y dejar claras sus medidas para "dar estabilidad y seguridad a los inquilinos". Además, recordaban que la propuesta de Más Madrid suponía "recuperar de facto la regulación de los conocidos como 'contratos de renta antigua'", que se podían subrogar por una ley franquista que derogó el Gobierno de Felipe González.
Sumar y PSOE elevan su choque por la vivienda
Las desavenencias en materia de vivienda entre los socios del Gobierno no se quedaron ahí. Este año, el decreto con la prórroga de los alquileres supuso una crisis sin precedentes en Moncloa, donde los miembros de Sumar se negaron a entrar en el Consejo de Ministros para presionar por su aprobación. Aquello fue en marzo, a tenor del impacto económico de la guerra en Irán. El plante de los ministros de la izquierda llevó a la aprobación de esta medida en un texto separado a los incentivos fiscales que el Ejecutivo pactó con el resto de socios parlamentarios.
Sin embargo, mientras estos obtuvieron el voto favorable del PP en el Congreso de los Diputados, la prórroga de los alquileres decayó en la Cámara Baja con los votos en contra de toda la derecha, incluida también Junts. Desde Sumar, que habían llegado a abrir una vía de negociación favorable con los nacionalistas, criticaron al PSOE por no haber hecho suficiente para luchar por su decreto. El ministro Pablo Bustinduy, de Sumar, fue el responsable del Gobierno de defenderlo, simbolizando el choque de su partido con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.
Desde la formación llegaron a pedir la dimisión de la responsable socialista. Los socios arrastran desde entonces los choques en materia de vivienda. Durante todo el verano, la presión para recuperar el decreto se ha mantenido soterrada, amenazando con volver a la primera línea en el arranque del curso.
Así ha sido desde que comenzó septiembre, pero el desahucio de Maricarmen lo ha precipitado todo. La enorme movilización social ha provocado que el Ejecutivo haya subido una marcha, y haya tratado de negociar un decreto para satisfacer a todos, vista la disposición de los grupos a no llevar a sus espaldas el bloqueo a unas medidas que exigen las calles al unísono. Sin embargo, si el texto que salga del Consejo de Ministros de este martes no incluye medidas como la congelación de precios, la expropiación de viviendas o los contratos indefinidos, la izquierda avanza que podría dar un paso definitivo
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