En directo | Reacciones a la sentencia del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado este jueves, a raíz de la sentencia que condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos, que "hoy los golpes de Estado se hacen en sede judicial" y que "hace mucho tiempo que una parte del Poder Judicial hace política y utiliza su toga para ir en contra de unas personas, movimientos, ideas y partidos determinados".

Rufián sostiene que "un montón de jueces se acostaron franquistas y contaron que se despertaron demócratas" y desde "hace mucho tiempo hay una parte del Poder Judicial que hace golpismo", pues los golpes de Estado hoy "se hacen desde un plató y en sede judicial", algo que ha calificado como "una enorme carencia democrática" de España.

Según ha explicado, esa situación ya la vivieron los independentistas catalanes y ahora la única diferencia respecto a etapas anteriores es que "ahora le está tocando al PSOE en el Gobierno, supuestamente en el poder".

El PP y Vox quieren aprovechar la sesión de control al Gobierno del próximo miércoles en el Congreso para pedir cuentas al presidente Pedro Sánchez y al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, por la condena al fiscal general del Estado y, en el Pleno siguiente, forzarán sendas votaciones sobre este asunto.

En concreto, según consta en el listado de preguntas registrado por los grupos parlamentarios, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preguntará a Sánchez "quién va a pedir perdón a los españoles" tras la inhabilitación de García Ortiz por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Y es que el presidente del Gobierno, en una rueda de prensa en Bruselas hace casi un año, negó credibilidad a la causa contra el García Ortiz y se pregunto públicamente "¿Quién va a pedir disculpas al Fiscal General".

Además, el PP ha puesto el foco en Bolaños, a quien la vicesecretaria de Política Institucional, Cuca Gamarra, quiere preguntar si "ha llegado el momento de que asuma su responsabilidad como ministro de Justicia".

Álvaro García Ortiz se ha convertido en el primer fiscal general del Estado condenado en España. El Tribunal Supremo (TS) le ha impuesto una pena de dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Este fallo supone su salida de un cargo al que llegó ya marcado por haber sido la 'mano derecha' de su antecesora inmediata, la también ex ministra de Justicia Dolores Delgado.

Fue designado para el puesto el 19 de julio de 2022, después de que Delgado anunciara su dimisión por razones de salud tras la operación de espalda a la que se sometió en abril de ese año.

Desembarcó en la jefatura de la Fiscalía General del Estado procedente de su Secretaría Técnica, donde ejerció como 'mano derecha' de Delgado y cargo con el que ascendió a fiscal de sala, la máxima categoría de la carrera fiscal.

La última polémica fue, precisamente, la relacionada con el caso de González Amador, que no ha hecho más que ahondar en la fractura de la Fiscalía. Síntoma de ella es que la APIF ha sido una de las acusaciones populares contra García Ortiz. También, el testimonio de la jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, Almudena Lastra, que declaró que desde el principio sospechó que habría filtraciones.

Una vez que el Gobierno haya recibido el informe del CGPJ podrá comunicar su propuesta al Congreso de los Diputados. Solo entonces la Cámara fijará la comparecencia de la persona elegida ante la comisión correspondiente para valorar los méritos e idoneidad del candidato propuesto.

Cuando el Ejecutivo nombre al nuevo fiscal general del Estado, éste prestará ante el Rey el juramento o promesa que previene la ley y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo.

El propio Estatuto Fiscal determina que el mandato del jefe del Ministerio Público tendrá una duración de cuatro años. Antes de que concluya dicho periodo únicamente podrá cesar por cinco motivos: a petición propia, por incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en esta ley, en caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo, por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, o cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto.

El mandato del fiscal general no podrá ser renovado, excepto en el caso de que hubiese estado en el cargo durante un periodo inferior a dos años.

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El Gobierno ya ha anunciado que activará el proceso para designar a su sucesor.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha adelantado este jueves que el próximo jefe del Ministerio Público será "una persona con una trayectoria profesional y una cualificación jurídica que garantice que ejercerá con solvencia esta función".

Así, de hecho, lo fija el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF): "El fiscal general del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), eligiéndolo entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión".

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, se ha quejado este jueves de que los socialistas sólo critican las resoluciones judiciales cuando les perjudican a ellos. "Para el PSOE la Justicia deja de ser justa solo cuando les afecta a ellos", ha indicado, en referencia a la reacción del Gobierno contra la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

En un audio facilitado por Junts, Nogueras apunta que los catalanes son "los menos sorprendidos" por la decisión del Tribunal Supremo: "Los catalanes somos los menos sorprendidos por este desenlace, porque conocemos al Supremo y también porque sabemos de quién depende la Fiscalía", ha apuntado Nogueras, antes de recordar que PSOE y PP pactaron la composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de concluir que "la corrupción española está institucionalizada, hoy en 'Génova' y mañana en Ferraz".

“Viendo lo que está pasando en el mundo, en nuestras sociedades, creo que más que nunca seguimos necesitando ese coraje. Porque la democracia no es un estado que se conquista de forma permanente, es un privilegio que debemos defender cada día”, ha sostenido el presidente del Gobierno en el Congreso. Tras ello, Sánchez ha proseguido argumentando los motivos por los que es necesaria esta defensa.

“¿Y de qué debemos defenderlo? Debemos defenderlo de nostalgias infundadas, de intereses económicos, de ataques que van cambiando su forma, hoy son campañas de desinformación, y también abusos de poder. La amenaza por tanto sigue ahí, pero también permanece nuestro firme deseo de neutralizar esa amenaza, de defender la soberanía popular y la democracia frente a aquellos que se creen con la prerrogativa de tutelarla o de amordazarla”, ha sostenido.

Ahora bien, con el fallo y la sentencia pendiente de rubricar, ¿cuáles son los próximos pasos a dar por parte del fiscal general? Una vez que la sentencia quede notificada, García Ortiz podrá presentar un incidente de nulidad ante el propio Supremo, una vía que no suele salir adelante en la mayoría de los casos, pero que resulta necesaria antes de recurrir al Tribunal Constitucional (TC).

En ese caso, el fiscal general podría solicitar a la corte de garantías que suspenda de forma cautelar la condena hasta que se resolviera el recurso contra el fallo del Supremo exponiendo como motivos lo que considere necesario una vez se conozcan todos los puntos que desglosen los magistrados en la sentencia final. Cabe destacar en este punto que, no obstante, este recurso de amparo no es suspensivo, es decir, García Ortiz deberá seguir cumpliendo con la condena siempre y cuando los tribunales no le concedan algún tipo de medida cautelar. 

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha reaccionado a la condena por el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos, recordando la frase del expresidente del Gobierno Jose María Aznar (PP): "El que pueda hacer, que haga".

El Consejo General de la Abogacía ha pedido "respeto a las decisiones judiciales", a la vez que ha urgido a "confeccionar un nuevo protocolo de conformidad con la Fiscalía", en relación a la sentencia condenatoria al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos, hecha pública este jueves por el Tribunal Supremo.

En un comunicado de prensa, la Abogacía, además de solicitar "respeto a las decisiones judiciales", también lo ha declarado al derecho de defensa "como pilares básicos de nuestro estado de derecho". Asimismo, ha afirmado que "si para algo ha sido importante este proceso es para otorgar la importancia que merecen las negociaciones entre la defensa y la fiscalía, de manera que ese diálogo se mantenga reservado en todos los juzgados de España. Cada día, en cada juzgado, en cada asunto".

"Nuestra democracia tiene muchas fortalezas, y una de ellas es la independencia judicial, una gran noticia. Si el poder decidiera qué ciudadanos tienen derechos y cuales no, no habría democracia, pero con reiteradas evidencias podemos reivindicar que eso no es así. En democracia, aquellos que abusan de poder acaban siendo condenados", ha culminado el líder del PP. 

"Con un mínimo de decencia, no habría otra salida quela doimisión del presidente del Gobierno y la devolución de la voz a los españoles para el futuro político que deseamos. Estamos seguros de que esta salida no la tomará. Lo importante es el imperio de la ley, no el imperio del señor Sánchez", ha urgido Feijóo.

"García Ortiz ha escrito una página negra de la historia de España, el fiscal general ha sido condenado por actuar contra la legalidad que está obligado a defender. La tinta para escribir esa página negra la ha proporcionado el señor Sánchez y la ha suministrado a pesar de las evidencias. Ha sido así porque necesita un escudo en la FGE porque los frentes judiciales que le rodean no tienen fin. Eso nos ha costado un alto precio a los españoles en términos de reputación democrática. La condena la pagará el fiscal, pero la degradación institucional la estamos pagando todos los españoles", ha continuado. 

"La sentencia también implica a quien lideró este bochorno institucional. Primero, por haberle nombrado pese a ser no idóneo. Segundo, por haberle mantenido y haberle animado a seguir. Tercero, por haber sostenido en una clara intromisión en las funciones del Supremo que el fiscal era inocente y la sentencia debería ser exculpatoria. Finalmente, por haber criticado abiertamente la sentencia del Supremo, una injerencia inédita del Ejecutivo. Esto tiene un nombre: abuso de poder y ataque a la independencia judicial", ha nombrado Feijóo en alusión a la gestión de Pedro Sánchez. 

"El actual Gobierno está convirtiendo a España en el que los ciudadanos deben protegerse de los excesos del poder. Sánchez debería pedir disculpas a la Justicia y a la ciudadania. Nadie le va a pedir perdón al fiscal, es él quien tiene que pedir perdón a los españoles", ha instado. 

"Respetar la separación de poderes tiene que volver a ser la base de nuestra democracia. Esto es lo que la sentencia revela que se ha visto completamente atropellado. Parece que el fiscal general del Estado no cometió un delito por su cuenta y deseo, sino que se prestó a ser un peón en la estrategia política del Ejecutivo y participó con ciega obediencia en una operación política contra el PP y, concretamente, contra una presidenta de una comunidad autónoma", ha asegurado, de quien dice que escogió "defender los intereses partidistas por encima de la ley". 

"Confirma que quien debía perseguir el delito, lo cometió; quien tenía que proteger a los ciudadanos por encima de todo, se saltó y vulneró sus derechos. Quiero mostrar mi respeto a los magistrados del Supremo igual que si la sentencia hubiera sido diferente", ha añadido, aludiendo a "presiones inadmisibles" del Gobierno central. 

"A la espera de la sentencia completa, el fallo del Supremo marca un antes y un después con efectos jurídicos y consecuencias políticas. El fallo condena al fiscal general del Estado por una conducta rigurosamente incompatible con la dignidad de su cargo. El fiscal es el principal funcionario del Estado encargado de la defensa de la legalidad y la ha quebrantado", ha comenzado.

A esta hora de la tarde, comparece el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, desde Génova tras conocer la condena del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado y la valoración del Gobierno central.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado a través de redes sociales: "Toda la prensa internacional recoge el fallo del Supremo porque no se concibe en una democracia libre utilizar los medios del Estado para hacer política delinquiendo, y todo a costa de un particular. En ese banquillo, según Sánchez, se sentaba él mismo. Hoy el mundo sabe lo que está pasando en España", ha sentenciado a través de X.

Fuentes del Gobierno de la Comunidad de Madrid han avanzado que este viernes a las 12:30 horas la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, realizará una comparecencia ante los medios de comunicación en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia madrileña. 

Sin más detalles, todo apunta a que pueda pronunciarse a la sentencia del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado y la relación directa de la causa con su pareja, Alberto González Amador.