La compra de material sanitario está siendo el principal objetivo de todas las administraciones en las últimas horas. Que los sanitarios y los trabajadores que prestan servicios esenciales cuenten con la cobertura necesaria para ejercer sus funciones es una cuestión capital, y su importancia es constatada por los esfuerzos realizados por el gobierno central y las distintas autonomías que, bajo sus propias competencias, tienen autoridad para realizar gestiones particulares en un mercado inestable que presenta una demanda atroz.

Mascarillas, test rápidos, guantes y respiradores asistenciales son los materiales más solicitados. El Gobierno, la Casa Real, las empresas privadas y las diferentes consejerías regionales tratan de hacer valer su influencia y contactos para traer, sin demora, los cargamentos necesarios para hacer frente a la pandemia garantizando la salud de todos y protegiendo a los profesionales que trabajan para doblegar la curva de contagios.

España se sigue cobrando víctimas. El número de fallecidos, superior al de China, ya supera los 4.000 y el de contagio sigue in crescendo superando los 56.000. Es el primer día que el número de fallecidos desciende. Una pequeña muestra que puede hacer pensar que el pico de contagios es cercano, pero que, teniendo en cuenta la volatilidad de este virus, es un indicativo poco fiable.

Las administraciones no se relajan. El trabajo a contrarreloj ya empieza a pasar factura, haciendo que reluzcan ciertos fallos operativos. El Gobierno de España ha tenido que devolver 9.000 test rápidos comprados a un proveedor nacional por ser fallidos, mientras que Madrid sigue a la espera de los aviones cargados de material que Isabel Díaz Ayuso prometió públicamente el pasado domingo.

Después de acusar al Ejecutivo de estar bloqueando mascarillas en los controles fronterizos, anunció su decisión de buscar materiales por su propia cuenta y medios, como ya habían hecho algunas regiones como la Comunidad Valenciana -que ya reparte un cargamento millonario entre sus profesionales-. El pasado domingo, satisfecha por la operación, sacó pecho de haber alcanzado un acuerdo con una empresa china cifrada en 23 millones de euros. Sucesivamente, la propia presidenta regional ha reconocido que ha perdido el rastro del cargamento previamente sellado.

Desviando la atención en las sucesivas entrevistas que ha concedido, la presidenta popular se ha limitado a decir que comprar material sanitario está siendo complicado. Unas dificultades que se reproducen por las megalómanas operaciones cerradas por las grandes potencias mundiales y la fuerte demanda mundial. Una especie de “mercado persa” -como ella misma lo definió- que, cinco días después, todavía no ha hecho despegar las aeronaves repletas de material con dirección Madrid.