El chalet que el juez Juan Carlos Peinado disfruta en La Adrada (Ávila) continúa en un litigio por sus presuntas irregularidades; una ilegalidad que ya quedaría certificada después de la respuesta que la Fiscalía Provincial ha dado al denunciante de la situación, Fernando Jabonero, quien lleva años poniendo pie en pared contra la vivienda del magistrado que investiga a Begoña Gómez.
Sin embargo, tal y como ha podido saber ElPlural.com y después de que el organismo jurídico explicara que el caso ya ha prescrito, el denunciante dirige un nuevo escrito en el con el que pide la investigación de la actuación del Ayuntamiento de la localidad, al que acusa de incurrir en un delito de omisión. “El trabajo de la Fiscalía es impecable, pero está desenfocado con lo que era mi petición”, explica a este periódico.
La parte que interpuso la denuncia lamenta que el Consistorio “no hizo nada” hasta que recibió el aviso, justo por parte de la Fiscalía, pero que, tras ello, la forma de operar por parte del equipo municipal -en manos del PP- es, cuando menos dudosa. “Encargaron la inspección a una persona que no era funcionaria, lo que supone acumular ilegalidades a las ilegalidades”, expresa.
Con esto, Jabonero define al juez que investiga a la mujer de Pedro Sánchez como el “infractor número 1 de la provincia de Ávila” y a la alcaldesa de La Adrada, Pilar Martínez, de cómplice. “Omitió un deber fundamental y penalmente tipificado en el artículo 320.1 del Código Penal”, subraya.
El escrito de la Fiscalía
El denunciante destaca en sus protestas que el inmueble del magistrado no dispone de licencia de primera ocupación, ni de conexión a los servicios de evacuación de aguas residuales, cuestiones todas ellas que la Fiscalía Provincial remite al Servicio de Protección de la naturaleza (SEPRONA) para su análisis.
El texto, al que tuvo acceso este medio de comunicación, contempla que “tratándose de la construcción de una vivienda aislada, no vinculada a explotación agrícola, ganadera o de cualquier otro uso propio del suelo rústico”, su uso podría “no ser permitido”. “No parece ser acorde a la legalidad urbanística”, deslizan las líneas. “Evidentemente, se trata de una edificación en suelo no urbano”, remacha en la conversación con ElPlural.com.
Los hechos podrían suponer “la pena establecida en el artículo 404 (del señalado Código)”, lo cual trae consigo la inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años, así como la prisión de medio año a dos años o la multa de doce a veinticuatro meses.
“Criminalidad urbanística”
Lo cierto es que el documento de la Fiscalía Provincial es bastante lapidario contra el inmueble, más allá de que la situación, en principio, haya prescrito. Prueba de ello es que habla directamente de “criminalidad urbanística” de la siguiente manera.
“Las irregularidades apreciadas en la tramitación del expediente por concesión de una licencia, con informe favorable del arquitecto municipal y la posterior inactividad municipal tras los escritos del promotor de los años 2006 y 2013 serían conductas con indicios de criminalidad urbanística”.
El Ayuntamiento también aparece como señalado en la decisión fiscal, aunque no como objeto principal de la respuesta, razón por la que Jabonero remite un nuevo escrito. Sobre el Consistorio, el organismo concluye que no cuenta “con indicios de que las sucesivas corporaciones municipales hayan tenido conocimiento de las irregularidades descritas, al no constar nuevas comunicaciones del promotor al ayuntamiento hasta 2021”.
La denuncia se remonta a un texto elevado sobre la construcción del chalet por parte del magistrado que investiga a Gómez. Según dicha denuncia, el juez habría pedido una primera licencia de obra mayor a finales de 2004 y le fue concedida como suelo urbanizable, pero no urbano, como explica el protagonista de estas líneas.
Esto quiere decir que en esa parcela no se podía construir en aquel momento, por el contrario había que desarrollar un plan parcial que obligase a la parcela a hacer cesiones para dotaciones comunes como pudieran ser zonas verdes, calles y otros equipamientos. Pasan los años y no es hasta 2017 cuando llega la calificación de suelo urbano, una vez que la casa ya está construida y el PP se encuentra en el Ejecutivo.
En otro orden de cosas, la Fiscalía ha estudiado también los aspectos que la denuncia apuntaba sobre la piscina de la vivienda y sus posibles irregularidades, explicando que desde marzo de este año hay un informe favorable a la solicitud del juez para incluir esta parte de la casa. En cualquier caso, teniendo claro el orden cronológico de los hechos sucesivos, lo más significativo es que durante más de una década la vivienda estuvo en una especie de limbo legal.
Lo grave, más allá de la propia edificación, es que el Ayuntamiento, pese a disponer de un informe desfavorable del arquitecto municipal -advirtiendo de la irregularidad-, no reclamó la suspensión de la obra ni instó a reformular el proyecto. Tampoco activó ningún mecanismo sancionador; todo esto pese a que las fotografías aéreas aportadas por la Guardia Civil demostraban que las obras seguían adelante.