La conversación sobre el problema de la vivienda no ha terminado todavía. La capitalización de la principal preocupación de los españoles en medidas efectivas es uno de los principales objetivos del Gobierno, que busca encontrar una fórmula que resuelva las aparentes diferencias entre los socios que lo conforman y lo sostienen.
El decreto con la prórroga de los alquileres podría haber sido una de esas fórmulas, habida cuenta del enorme respaldo que tiene entre la mayoría social. Sin embargo, las estrategias políticas hicieron que, este martes, PP, Vox y Junts votaran en contra y el PNV se abstuviera en la votación que tumbó un decreto que tuvo que forzar Sumar bloqueando el Consejo de Ministros para que fuera aceptado por el PSOE, del que su socio cree que no ha luchado lo suficiente.
La gran mayoría de los votantes de todos estos partidos está a favor de que los alquileres se prorroguen, que es lo que contemplaba el decreto además del tope del 2% a la subida interanual. La política ha bloqueado una medida que pide la sociedad, y que de todas formas, dos días después de que lo tumbara el Congreso, sigue siendo una posibilidad. Sumar insiste en llevarlo al Consejo de Ministros, algo que los socialistas no ven con buenos ojos.
La derrota parlamentaria del martes dolió más que otras en Moncloa. La vivienda es la bandera de este Gobierno, según Pedro Sánchez, y además la derogación reflejó más que nunca la fragilidad de las matemáticas para el Ejecutivo. De hecho, la negociación asumida por Sumar le ha valido al PSOE una nueva crisis con sus socios. Por un lado, el PNV, uno de sus aliados más fieles, que parece haber puesto pie en pared con la dificultad del Gobierno para sacar adelante medidas. Y luego está Junts, que acostumbra ser más combativo, aunque esta vez sí habían abierto una puerta al entendimiento en el tiempo de descuento, que ahora mantienen abierta.
Junts aprobaría la prórroga, aunque pone condiciones
En Junts están dispuestos a apoyar un segundo decreto con la prórroga de los álquileres, según fuentes del partido catalán que cita El Mundo. Pero no sería gratis, como tampoco lo era el lunes, cuando se abrieron a hacerlo con el primero bajo unas condiciones que hasta Sumar consideraba viables, pero que no se aceptaron. Los de Puigdemont piden ahora que se excluya de la prórroga a los inquilinos morosos. Es decir, que aquellos alquilados que tengan mensualidades sin pagar a sus caseros no puedan acogerse a que se les congele durante dos años el precio de su contrato, como contemplaba el decreto derogado el martes.
"Queremos una prórroga bien hecha, siempre lo hemos dicho", argumentan al citado medio, "no hicieron una nueva ley". Junts exige también que el Gobierno tome en consideración en el Congreso una propuesta suya para que las hipotecas se puedan desgravar en el IRPF. En concreto, que los contribuyentes se puedan deducir hasta un 15% de su vivienda habitual, o un máximo de 11.630 euros cada año. Esta medida, que la derecha catalana considera "transversal", ya existía hasta 2013, y ahora quieren recuperarla y extenderla también a los alquileres.
Y además de estas dos medidas, Junts mantiene en pie la oferta que pudo salvar el decreto este martes. Los catalanes pusieron sobre la mesa de Sumar dos monedas de cambio. Por un lado, bonificaciones a los propietarios de pisos alquilados a personas que solicitaran la prórroga, así como que el Gobierno acepte aplicar su moción para eliminar el IVA para los autónomos que facturen menos de 85.000 euros.
El lunes, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, lanzó desde Sumar un aviso indirecto al PSOE, advirtiendo a su socio mayoritario de que salvar el decreto era posible si se exploraba este acercamiento a Junts, a pesar de que las bonificaciones no sean del gusto de los de Yolanda Díaz. Sin embargo, o la carta no llegó a tiempo a Ferraz o allí no estaban dispuestos a una nueva concesión a los catalanes, porque el acuerdo no llegó y Junts terminó votando en contra del decreto.
Sumar no se rinde y el PSOE estudia alternativas
En Sumar vieron muy cerca de que esta medida no decayera, y por eso pretenden volver a aprobarla. Lo dejó claro nada más decaer en el Congreso el ministro encargado de su defensa, Pablo Bustinduy, que aseguró que la mandarán a las Cortes "las veces que haga falta". Es lo que le pide la izquierda al titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030: que el Real Decreto-ley con la prórroga se vuelva a aprobar en el Consejo de Ministros, para que vuelva a estar en vigor otros treinta días -en realidad fueron cuarenta, ya que en los treinta se cuentan solo los días hábiles- aunque después lo vuelva a tumbar la Cámara Baja.
Los magentas planean reabrir el debate cuanto antes en Moncloa. Pero en frente tienen a un PSOE que no quiere más derrotas. Los socialistas tienen dudas, para empezar, de la conveniencia de volver a aprobarlo por la vía del Real Decreto-ley, que es precisamente lo que le reprochan Junts y el PNV, y que vuelva a tener que pasar por la Cortes, en las que no tienen mayoría. "Sería como las órdenes ejecutivas de Donald Trump y supondría dejar sin efecto la acción del Congreso", comentan fuentes de Ferraz que cita El Confidencial.
Por ello, el PSOE prefiere dar vuelo a medidas propias antes que volver a enfangarse con la de Sumar. Por ejemplo, tienen aparcada en el Congreso desde 2025 una proposición de ley para impulsar el alquiler a precios asequibles, que contempla deducciones fiscales por bajar el precio del arrendamiento, vivir en una zona tensionada o por alquilar a jóvenes; y subidas de impuestos a quien aumente el precio.