La crisis migratoria en Ceuta ha vuelto a desatar la bronca política entre un Partido Popular que exige la devolución de todos los migrantes ilegales que llegaron al territorio el pasado 30 de julio, un presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, que asegura no haber recibido ninguna propuesta por parte de un Gobierno que acusa de abandonar la ciudad y un Ejecutivo central que busca una salida en base a la legalidad para los migrantes menores de edad y el resto de personas que permanecen en el territorio español. A estas dos posturas se suma Bruselas, que insiste en reclamar el retorno de todos los migrantes irregulares a la vez que recalca el deber de España de proteger a los menores vulnerables.
La devolución de los migrantes que permanecen en Ceuta es el principal punto de disputa, en el que el PP se apoya en unas declaraciones desde Bruselas que no terminan de situarse en una postura. Y es que mientras este miércoles la Comisión Europea era enfática sobre la necesidad de que todos los migrantes ilegales en Ceuta fueran retornados a Marruecos de forma “rápida”, incluidos los menores extranjeros no acompañados, este jueves han recalcado que España tiene el “deber” de garantizar la protección de los menores migrantes mientras han insistido en su “clara expectativa” de que todos los que entraron de forma irregular sean devueltos.
Bruselas hace así auténticos equilibrios para defender dos posturas diferentes, subrayando por un lado el deber de protección de los niños y niñas vulnerables y por el otro insistiendo en la devolución de todos los ilegales. Algo que desde el PP han omitido y siguen aprovechando para exigir al Gobierno medidas de expulsión inmediatas.
Ya lo hizo Feijóo en su viaje a Ceuta, que aprovechó también para anunciar que llevaría al Tribunal Supremo a los ministros del Gobierno que han rechazado comparecer en el Senado este mes de agosto para dar explicaciones sobre esta crisis -pese a que lo harán en el Congreso de los Diputados-. Y también Vivas, que no dudó en remarcar que era vergonzoso que Ceuta tenga el apoyo de Europa y no del Gobierno: “Es vergonzoso que Europa nos esté apoyando y, sin embargo, nuestro Gobierno nos tenga abandonados. Es inaudito, inadmisible”.
Una medida por la que ya hay condenados
Pero algo de lo que se olvidan en el PP es que esta medida de expulsión o devolución inmediata ya ha provocado la condena de dos personas. Fue en septiembre de 2025 cuando la exdelegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, y la exvicepresidenta de la ciudad autónoma, Mabel Deu, fueron condenadas por la devolución de menores migrantes en la crisis de 2021.
En concreto, fueron condenadas por un delito de prevaricación administrativa por la repatriación de 55 menores a Marruecos. Nueve años de inhabilitación especial para cargos públicos y para el derecho de sufragio pasivo, es decir, durante ese periodo de tiempo no pueden presentarse como candidatas a elecciones; pérdida definitiva de los honores inherentes a los cargos que ocupaban cuando ocurrieron los hechos; y el pago de las costas del procedimiento por partes iguales son las consecuencias que han tenido que asumir de la condena las dos dirigentes.
Dicha sentencia consideró probado que ambas dirigentes acordaron proceder a la devolución de los menores utilizando como base el Acuerdo entre España y Marruecos de 2007 sobre menores no acompañados. No obstante, en la sentencia se subraya que ese acuerdo establecía que los retornos debían llevarse a cabo respetando la legislación española, el Derecho Internacional y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Vivas insiste en tensionar la crisis
En su última comparecencia, Juan Jesús Vivas ha vuelto a elevar el tono de sus críticas al Gobierno central por la gestión de la crisis migratoria asegurando que han abandonado Ceuta y que el Ejecutivo “no ha estado a la altura”. “La vuelta a la normalidad tiene que ser el retorno a Marruecos de todas las personas que vulneraron nuestra integridad territorial”, ha afirmado, describiendo el escenario actual como “límite, absolutamente insostenible y de alto riesgo”.
Sobre el traslado de los migrantes que permanecían en la playa del Trampolín, Vivas ha sentenciado que el movimiento a otros puntos de la ciudad autónoma “no es tener voluntad de arreglar el problema”; y ha sostenido que la respuesta del Estado debe centrarse en acelerar los procedimientos administrativos y adoptar las resoluciones “al momento”.
Y, además, Vivas ha negado que el Gobierno central haya planteado alguna propuesta para el traslado de las niñas a la península. Una afirmación que horas después desmintió Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, afirmando que ha mantenido informado en todo momento y de todas las vías posibles al presidente ceutí. “Hemos estado en coordinación con Ceuta desde el primer momento. Hemos trabajado todas las opciones y vías para la acogida de los niños y niñas en la península”, remarcaba Rego.
La misma actitud de confrontación y trifulca han hecho los diferentes rostros del Partido Popular que están visitando la ciudad autónoma en los últimos días, desde Cuca Gamarra hasta Juan Manuel Moreno Bonilla, pasando por el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo.
El Gobierno defiende la legalidad
Frente al endurecimiento del discurso en el Partido Popular, desde el Gobierno han hecho hincapié en la ilegalidad de las medidas que exigen los populares, apoyándose en la ley del menor y la ley de extranjería, y han criticado que echen “gasolina a la crispación” y vayan a Ceuta a “hacer campaña”. “Deportar niños es una barbaridad. Feijóo se está sumando a las posiciones racistas de Vox”, ha remarcado Rego.
“El PP ha vuelto a subirse a la ola del bulo y del miedo a través de peligrosos discursos que alientan el odio, ignorando una vez más las responsabilidades de un partido que dijo ser de Estado”, señalaban fuentes socialistas tras las palabras de Feijóo en Ceuta, criticando a su vez que “en lugar de arrimar el hombro”, el líder del PP “vuelve a elegir el extremismo y la sumisión”.
Además, los socialistas consideran que estas visitas de los populares forman parte de una estrategia de “propaganda electoral disfrazada de solidaridad con Ceuta”. “No ha venido a apoyar a Ceuta, ha venido a echar gasolina a la crispación y a hacer campaña utilizando las instituciones con fines partidistas que nada tienen que ver con el interés común”, ha criticado Antonio Coronil, portavoz del PSOE de Ceuta.
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