Los datos de la última regularización de migrantes tumban las tesis de PP y Vox: más recaudación sin efecto llamada

El Consejo de Ministros aprobaba este pasado martes el Real Decreto para la regularización extraordinaria de migrantes, que beneficiará a las personas que residieran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y puedan acreditar que llevaban, como mínimo, cinco meses en el país. El Partido Popular (PP), siguiendo el ritmo de Vox, se ha lanzado a criticar la primera regularización impulsada por el Gobierno de coalición, que interpela a aproximadamente medio millón de migrantes, pese a que todos sus predecesores, incluidos José María Aznar, hicieron lo propio y obtuvieron gratos resultados.

Es más, el ultraderechista que lideró el Ejecutivo entre 1996 y 2004 impulsó hasta dos regularizaciones (2000 y 2001) que, en suma, afectaron a más de 500.000 personas. Antes que él, Felipe González aprobó tres (1986, 1991-1992, y 1996) que rozaron los 175.000, en conjunto. No obstante, la última llegó de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero, que en 2005 siguió el mismo camino y aprobó una regularización de la que se beneficiaron poco más de 575.000 personas migrantes. Sobre el precedente más inmediato, diversos estudios recogen los beneficios económicos que disfrutó el país.

Contra la mercantilización de las personas

El mero hecho de ser personas debería ser más que suficiente para que cualquier Estado que se diga democrático no sea participe, por acción u omisión, de la diferenciación de su población residente entre ciudadanos de primera y de segunda (o ni siquiera ciudadanos), más si esto responde exclusivamente a la procedencia de los sujetos. Si bien este mandato nunca ha imperado en Europa, donde el racismo condena al ostracismo a las personas migrantes pobres, por lo general las que no están regularizadas, y el tejido empresarial aprovecha esta indefensión para obtener mano de obra muy barata y sin derechos.

La mera regularización ya supondría una ganancia de derechos, tanto laborales (acceso a empleos legales y alta en Seguridad Social) como sociales (atención sanitaria y de servicios sociales, libre tránsito durante la duración del permiso, mayor facilidad para el acceso a la vivienda), que justifica más que de sobra la actuación. No obstante, si el marco de discusión se rebaja a lo macroeconómico, acción cuanto menos cuestionable al tratarse de personas, el argumentario contrario a la medida, más racista que otra cosa, tampoco tiene dónde agarrarse.

El racismo también pincha en lo macro

El reduccionismo de la regularización de migrantes a meras cifras económicas tampoco sirve a las extremas derechas para justificar su posicionamiento en contra. La última de ellas, la impulsada por Zapatero, tuvo un efecto muy positivo en las arcas del Estado. Los inmigrantes beneficiados ya aportaban al país con el pago de impuesto indirectos como el IVA, el segundo más importante de la recaudación total (en torno al 31%) y que en el caso de las rentas bajas suele representar un mayor porcentaje de aportación que el IRPF, pero sumaron con su regularización.

Fueron casi 600.000 personas que pasaron a aportar también a través de sus cuotas a la Seguridad Social, al poder acceder a un empleo legalmente, y se estima que cada migrante regularizado inyectó a las cuentas del Estado entre 4.000 y 5.000 euros más tan solo por los tributos asociados a sus rentas salariales, marcándose una media de 4.189 euros.

Los datos recogidos por un estudio realizado por un grupo de investigadores (Joan Monràs, Javier Vázquez y Ferran Elías) de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) presentan diferentes afectaciones, pero el beneficio a la hucha del Estado es claro. "Esta cantidad es sólo el 55% de lo esperado si los inmigrantes legalizados hubieran compartido las mismas características que el resto de los contribuyentes en el sistema de seguridad social y hubieran tenido una experiencia laboral similar", apuntan los académicos, que además descartan directamente la tesis del efecto llamada.