La riada que golpeó Valencia el 29 de octubre de 2024 acabó con la vida de 234 personas y tuvo otra consecuencia más allá de los daños humanos y materiales: también quedó gravemente dañada la confianza de la ciudadanía en las instituciones, un elemento fundamental para el funcionamiento democrático, tal y como señaló el escritor Santiago Posteguillo en una intervención en el Senado. La indignación acumulada tuvo uno de sus momentos más visibles el 3 de noviembre, en Paiporta, cuando varios vecinos arrojaron barro a los reyes, al presidente del Gobierno y al entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Ahora, esa misma parte de la provincia de València acude a las urnas este 29 de noviembre por primera vez desde aquella catástrofe, y aunque se trata de unas elecciones generales, distintos especialistas consideran difícil separar el comportamiento electoral de lo ocurrido durante la DANA. elDiario.es ha elaborado un apartado gráfico en el que se pueden conocer las tendencias electorales históricas de esta zona.
Cerca de 350.000 ciudadanos de las zonas afectadas tendrán la oportunidad de expresar su valoración sobre la actuación de los principales partidos: el PP, que gobernaba la Generalitat y respaldó a Mazón durante más de un año, y el PSOE, al frente del Ejecutivo central, al que se reprochó no haber asumido el control de la emergencia. En los primeros días posteriores a la riada, muchos vecinos compartían una misma percepción: las administraciones habían fallado y tuvieron que enfrentarse prácticamente solos a una situación extraordinaria. Dos años después, las urnas permitirán conocer cómo ha evolucionado aquella opinión.
Los sondeos para la provincia de València dibujan un escenario de igualdad en el reparto de escaños entre PP y PSOE, un avance de Vox respecto a los resultados de 2023 y una situación de estabilidad o retroceso para Compromís. Sin embargo, las encuestas no ofrecen suficiente detalle sobre el comportamiento electoral de cada municipio. Además de l'Horta Sud, localidades de La Ribera y Utiel también sufrieron los efectos de las inundaciones. Por ello, resulta complicado determinar hasta qué punto la pérdida de confianza en las instituciones se traducirá en un cambio de voto o en un castigo a las formaciones que gobernaban cuando se produjo la tragedia. Las próximas elecciones municipales y autonómicas, previstas para el año siguiente, ofrecerán otra oportunidad para medir ese descontento, especialmente porque permitirán evaluar de forma más directa la gestión de Mazón y de su sucesor, Juanfran Pérez Llorca. Tradicionalmente, esta área se ha identificado con el llamado cinturón rojo valenciano, donde en 2023 predominó el voto socialista, aunque en las elecciones de 2011 una parte importante de estos municipios respaldó a Mariano Rajoy.
Pérdida de confianza
Una encuesta elaborada por Placemaking Europe para el citado medio, con 1.400 participantes y dentro del proyecto social Innovació per la Recuperació, refleja un importante descontento con la respuesta de las administraciones públicas, tanto estatales como autonómicas y municipales. La Generalitat presidida por Carlos Mazón fue la institución que experimentó una mayor pérdida de confianza. En cambio, las asociaciones vecinales y los movimientos sociales obtuvieron las valoraciones más favorables entre los encuestados.
La realidad sobre el terreno permitió comprobar que buena parte de las primeras tareas de limpieza y recuperación recayeron sobre ciudadanos voluntarios. El descontento con el Gobierno valenciano aumentó especialmente por la ausencia de alertas eficaces y por las informaciones que fueron apareciendo sobre la agenda de Carlos Mazón durante la tarde de la emergencia. Algunos miembros de su Consell, con responsabilidades en ámbitos esenciales como la educación, las residencias de mayores o las carreteras, se encontraban participando en actos institucionales o disfrutando de días festivos.
Por su parte, el Gobierno central movilizó cerca de 10.000 millones de euros en ayudas y trató de agilizar los procedimientos administrativos, aunque para muchos afectados la respuesta continuó siendo demasiado lenta. También contribuyó al malestar la declaración de Pedro Sánchez durante una comparecencia pública, cuando afirmó: "El Gobierno central está listo para ayudar. Si la Generalitat necesita más recursos, que los pida". Aunque el mensaje pretendía transmitir una disposición a colaborar, en un momento de enorme angustia para la población se interpretó como una forma de trasladar la responsabilidad a la Administración autonómica. Muchos vecinos no entendían las diferencias competenciales entre gobiernos y reclamaban una respuesta coordinada e inmediata.
A su vez, la posibilidad de que Vox consiga canalizar parte del voto de protesta contra PP y PSOE también está sobre la mesa. Sin embargo, la formación de Santiago Abascal no estuvo al margen de las responsabilidades políticas, ya que había formado parte del Gobierno de Mazón y mantuvo su apoyo al presidente valenciano hasta su dimisión. Tras la salida de Vox de los gobiernos autonómicos en julio de 2024, siguiendo las instrucciones de Abascal, Mazón situó a Salomé Pradas al frente de la Conselleria. Posteriormente, Pradas reconoció ante la jueza que investigaba la DANA que no tenía experiencia ni conocimientos específicos en la gestión de emergencias. Tres meses después se produjo la catástrofe.
La cuestión fundamental es cómo se trasladará a las urnas la sensación de fracaso institucional que dejó la riada. Carlos Mazón, una de las figuras políticas más vinculadas a las críticas por la gestión de la emergencia, ya no ocupa la presidencia de la Generalitat. Su dimisión dio paso a Juanfran Pérez Llorca, por lo que el eventual castigo electoral no se dirigiría directamente contra él, sino contra las formaciones que lo respaldaron durante su mandato, principalmente PP y Vox. En el caso del PSOE, Pedro Sánchez continúa encabezando el Ejecutivo central y sigue siendo una de las caras más reconocibles de la respuesta estatal durante aquellos días. No obstante, la candidatura de Pilar Bernabé como número uno por València podría influir en la percepción de los votantes. La exdelegada del Gobierno durante la DANA recibió valoraciones positivas en numerosos municipios por su presencia sobre el terreno y su cercanía con los afectados.
Suspenso institucional
Sin embargo, el recuerdo de la movilización ciudadana no necesariamente mantiene hoy la misma intensidad que en los primeros meses posteriores a las inundaciones. Aída Vizcaíno Estevan, profesora de Sociología de la Universitat de València, considera que el sentimiento colectivo de "el pueblo salva al pueblo", asociado a la decepción con las instituciones, se ha ido debilitando con el paso del tiempo. La llegada de ayudas, los cambios en algunos ayuntamientos y la recuperación progresiva de los municipios han contribuido a modificar el clima social. Según la especialista, durante el último año y medio también se ha producido una moderación de las posiciones más extremas.
Guillermo López señala que los estudios disponibles atribuyen una mayor responsabilidad por los errores en la gestión al Gobierno autonómico del PP que al Ejecutivo central del PSOE. Sin embargo, considera que el Gobierno de Pedro Sánchez puede estar interpretando de manera demasiado favorable su propia actuación durante la emergencia, sin tener suficientemente en cuenta la percepción de una parte de la ciudadanía. El grupo de investigación Mediaflows, del que forma parte López, realizó una encuesta a 2.000 personas que también refleja la desconfianza hacia las instituciones y una distribución desigual de las responsabilidades políticas. En este estudio, la Generalitat obtuvo una puntuación de 2,03 sobre 5 en la gestión de las inundaciones, mientras que el Gobierno central recibió un 2,38. Ambas administraciones suspendieron la valoración ciudadana.
Vizcaíno destaca otro elemento importante para comprender el comportamiento electoral valenciano: la existencia de un voto dual. Cada vez es más habitual que los ciudadanos diferencien entre las elecciones generales y las autonómicas o municipales, y que no necesariamente mantengan su apoyo a un mismo partido en todas las convocatorias. Así, un elector del PP podría respaldar a Alberto Núñez Feijóo en las generales y optar por castigar a esa misma formación en las autonómicas. En sentido contrario, considera menos probable que los votantes socialistas se desplacen hacia Compromís en esta convocatoria, debido a la importancia que está adquiriendo la movilización en torno al voto útil.
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