Una nueva brecha se avecina en el bloque de la investidura. El Ministerio de Seguridad Social avanzaba este lunes a agentes sociales su propuesta inicial para el pago de las cotizaciones de autónomos para el periodo 2026-2028, para cada uno de los años. Moncloa dibuja una nueva tabla de cuotas que se fijan en función de los nuevos tramos de bases mínimas de cotización, de manera que éstas subirán entre 11 y 206 euros. No obstante – y he aquí el quid de la cuestión – los incrementos más bajos se enfocan a quienes menos ingresan. Este boceto ha generado discordia entre los grupos políticos que sustentan a la coalición, principalmente a la izquierda del PSOE, con Sumar y otras fuerzas oponiéndose de plano a los planes del departamento que encabeza Elma Saiz.

Los magentas ya han afilado los cuchillos contra el socio mayoritario de la coalición, utilizando el Congreso de los Diputados como centro neurálgico para mostrar su oposición al proyecto de Seguridad Social y Migraciones, al menos así lo relata El Confidencial, aunque fuentes consultadas por ElPlural.com abogan por esperar a que el proyecto sea una realidad. No obstrante, según la información del medio en cuestión, el Grupo Plurinacional perfila una enmienda que, a la postre, contempla una reivindicación histórica de los trabajadores por cuenta propia y que pasa por la supresión del IVA adelantado. Una obligación que existe desde el año 2013 y que genera problemas de cajas permanente en el colectivo de los autónomos.

De ahí nace la maniobra de Sumar, que presentará en el Parlamento una modificación del IVA que fije la obligación de abonar el IVA “en el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos”. Así se explica en uno de los textos que presentará la formación en la trasposición de la directiva europea sobre cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad de criptoactivos. De hecho, esta figura es la clave de bóveda, que busca que el tipo impositivo no se pague por adelantado, si no que su abono se supedite al cobro del servicio prestado.

La reivindicación de los autónomos no es nueva e incluso el Tribunal Supremo dictó una sentencia en su favor, pero es imperativo cambiar la ley del IVA que la modificación se aplique de manera automática y sin pasar por dependencias judiciales. El espíritu de la reforma devenga beneficios para los trabajadores por cuenta propia, pero también para aquellas empresas adelantan el abono del impuesto pese a padecer morosidad por la otra parte. Un problema que persigue a las pequeñas empresas, quienes sufren más problemas de líquido para adelantar el IVA de las facturas que no han podido recaudar.

Oposición frontal

Este mismo jueves, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lamentaba haberse enterado de las intenciones de sus socios a través de los medios de comunicación. Pese a no conocer el texto en su conjunto, la líder de Sumar avanzaba que “en absoluto” lo comparten. La principal objeción del aliado minoritario en Moncloa es que “penaliza de manera singular a los autónomos con rentas más bajas”. Con este modelo, el tramo más bajo de cotización, para quienes ganan menos de 8.000 euros anuales, supondría una subida de la cuota del casi 9% anual hasta el ejercicio 2028.

Los magentas consideran capital la protección del colectivo de autónomos, especialmente a aquellos trabajadores que perciben menos ingresos. Un tramo al que corresponden aquellos que no llegan al salario mínimo interprofesional. De tal forma que Sumar podría condicionar por completo los planes de sus socios y les obligaría a reformular la propuesta para recabar los apoyos necesarios en el diálogo social y en el Congreso.

Tampoco ha cuajado entre el resto de formaciones que apoyaron la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El único que aún no se ha posicionado al respecto es el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que opta por guardar bajo llave su estrategia al respecto. Quienes sí se han pronunciado han sido tanto Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) como Junts. El portavoz parlamentario de los republicanos, Gabriel Rufián, tildó el plan de Saiz como una “burrada”, salpimentando las declaraciones de Oriol Junqueras a través de redes sociales, en las que aseguraba que los autónomos no se merecen vivir “estrangulados” y abogaba por un reparto “más justo de la riqueza”.

Desde la derecha catalana, la portavoz parlamentaria de los neoconvergentes, Miriam Nogueras, se valía de X – antes Twitter – para desplegar su oposición a la subida de las cuotas y avanzaba que “ni un solo voto” de su partido se destinará a “apretar más” a los trabajadores por cuenta propia. Agregaba, además, que lo necesario es “rebajar la presión en las clases medias y trabajadoras”, no hostigar a un colectivo que ya de por sí vive angustiado.

Por su parte, la izquierda nacionalista gallega también ha cerrado la puerta a la actualización de Seguridad Social. El diputado del BNG, Néstor Rego, anuncia que utilizará la próxima sesión de control para escenificar la postura de la formación, al tiempo que demandará una rectificación al Ejecutivo y apostar por un sistema “más justo y progresivo que se ajuste verdaderamente a los ingresos reales”. Siguiendo las migas de pan de Sumar, el parlamentario gallego tacha el movimiento de “despropósito mayúsculo” que merece corrección por parte de la Administración.

Moncloa pide calma

Entre tanta reacción, desde el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones reclaman “tranquilidad” y “sosiego” para afrontar el debate. El departamento que encabeza Elma Saiz no ha dado visos de rectificación en su reforma, pero ha manifestado que tan sólo se trata de una proposición inicial remitida a sindicatos y patronal en la mesa de diálogo social, por lo que mutará a lo largo del proceso.

La ministra, además, ha justificado que se plantean otras cuestiones adicionales tales como vías para la mejora de las condiciones de cese de actividad de autónomos o la equiparación de permisos de paternidad y maternidad.

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