La libertad de prensa no siempre se amenaza con una demanda judicial. A veces basta un mensaje de WhatsApp, una advertencia sobre el futuro de un periódico o una llamada desde un despacho de poder. El Plural dedica un especial a las distintas formas de presión contra periodistas y medios de comunicación, desde el uso abusivo de los tribunales hasta el acoso, el señalamiento público y los intentos de condicionar el trabajo de quienes investigan a los poderosos. Una realidad que este periódico también ha conocido de primera mano y que tiene uno de sus episodios más significativos en los mensajes enviados por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso.
Una de las prácticas que aborda este especial es el denominado SLAPP, acrónimo inglés de Strategic Lawsuits Against Public Participation, que hace referencia a las demandas estratégicas contra la participación pública. Se trata de acciones judiciales abusivas o manifiestamente infundadas que pueden utilizarse para intimidar, desgastar económicamente o silenciar a quienes participan en el debate público. La Unión Europea aprobó en 2024 una directiva para proteger a periodistas y otros actores sociales frente a estas actuaciones, cuya transposición al ordenamiento español comenzó a tramitarse en abril de 2026.
Pero la presión sobre la prensa también puede ejercerse fuera de los juzgados. La intimidación directa, las campañas de desprestigio y los ataques personales forman parte de un escenario más amplio en el que informar sobre determinados asuntos puede tener consecuencias para quienes los investigan. Y pocos nombres acumulan tantos episodios de enfrentamiento con periodistas como Miguel Ángel Rodríguez, conocido como MAR, una figura que lleva décadas vinculada a la estrategia comunicativa del Partido Popular.
Rodríguez fue secretario de Estado de Comunicación y portavoz del Gobierno de José María Aznar antes de convertirse en uno de los hombres de máxima confianza de Ayuso. Su relación con los medios ha estado acompañada de numerosas controversias. Ya a finales de los años ochenta, durante su etapa junto a Aznar en Castilla y León, se le atribuyó la elaboración de una lista negra de periodistas, clasificados según su relación con el entonces presidente autonómico. La autoría del documento nunca quedó acreditada, aunque varios profesionales incluidos en él relataron posteriormente su existencia.
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Décadas después, los enfrentamientos continuaron. En marzo de 2024, tras las primeras informaciones sobre el fraude fiscal atribuido a Alberto González Amador, pareja de Ayuso, Rodríguez envió varios mensajes a Esther Palomera, adjunta a la dirección de elDiario.es. "Os vamos a triturar" y "vais a tener que cerrar" fueron algunas de sus palabras. Cuando la periodista le preguntó si aquello era una amenaza, respondió: "Es un anuncio". El episodio provocó la condena de organizaciones profesionales y el rechazo de numerosos periodistas.
Sin embargo, su enfrentamiento con los medios no se limitaba a la cabecera dirigida por Ignacio Escolar. Este medio también había recibido respuestas intimidatorias del jefe de gabinete de Ayuso.
El episodio se produjo en diciembre de 2022, después de una entrevista de la presidenta madrileña con Federico Jiménez Losantos. Durante aquella conversación, Ayuso cargó contra empresarios, rectores universitarios y periodistas por su posición ante el Gobierno de Pedro Sánchez. "Esa gente, créeme que se va a acordar», advirtió la dirigente popular, que también cuestionó a los profesionales que, según ella, estaban «a sueldo de la Moncloa".
Ante esas declaraciones, El Plural contactó con Miguel Ángel Rodríguez para pedir explicaciones. La conversación, publicada por este periódico en noviembre de 2025, fue la siguiente:
Periodista: Buenas tardes, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Espero que bien.
Estamos haciendo varios temas de la entrevista de hoy de la presidenta con Federico Jiménez Losantos. En ella se ha referido a la falta de coraje de empresarios a la hora de comprar medios de comunicación. ¿A qué medios se refiere? ¿Quiere matizar sus palabras o se reafirma en ellas? ¿Se arrepiente de haberse referido de esta manera a empresarios, rectores y periodistas?
Muchísimas gracias y buenas tardes.
Miguel Ángel Rodríguez: La frase es bastante elocuente.
Periodista: ¿Pero habla de algún medio o empresarios en concreto?
Miguel Ángel Rodríguez: Del tuyo.
Periodista: ¿Lamentan que empresarios no compren a ElPlural para cambiar línea editorial?
Miguel Ángel Rodríguez: No sé si no entiendes las cosas.
Periodista: Honestamente, no he entendido la respuesta. Por eso se la he formulado con máximo respeto.
Miguel Ángel Rodríguez: Pregunta a tu empresario. Y se responde con el máximo respeto.
Las respuestas de Miguel Ángel Rodríguez a El Plural no fueron un episodio aislado de tensión entre un político y un periodista. Se inscriben en una trayectoria de enfrentamientos con medios y profesionales críticos en la que las descalificaciones, el señalamiento y las advertencias han ocupado un lugar destacado. El caso de MAR permite observar una de las caras de un problema mucho más amplio: las presiones que buscan condicionar a quienes fiscalizan al poder. En ocasiones adoptan la forma de campañas de acoso; en otras, de demandas SLAPP o de actuaciones judiciales que sus críticos denuncian como lawfare. Son prácticas distintas, pero plantean una misma preocupación para la libertad de prensa: que investigar, preguntar o publicar termine teniendo un coste destinado a disuadir a otros de hacerlo. Y cuando el poder consigue que un periodista tenga que preocuparse más por las consecuencias de una información que por la información misma, la presión ya ha empezado a cumplir su propósito.
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