La Ley de Nietos ha sembrado un arduo debate en los últimos días en el tablero político debido al giro argumental del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien pasó de defenderla durante su etapa en la Xunta de Galicia a, ahora, pasar al ataque directo contra el Gobierno central por pretender sacarla adelante.
Génova ha venido vertiendo acusaciones contra Moncloa por considerar que esta Ley de Nietos, recogida en la Ley de Memoria Democrática vigente desde 2022, con la que se daría la nacionalidad española a estos descendientes de españoles en el extranjero, aumentaría el censo electoral de cara a las elecciones generales de 2027. No obstante, la propia hemeroteca de Feijóo tumba su postura actual si se trae la comparación con la defendida hace años atrás.
Durante su etapa en la política gallega, Feijóo defendió implementar esta normativa aprovechando un viaje que realizó a Uruguay hace exactamente veinte años, en 2006, cuando reclamó el reconocimiento de la nacionalidad española para los hijos y nietos de emigrantes gallegos en el Hogar Español de Ancianos de Montevideo, teniendo en cuenta que, entonces, liderada el PP gallego y la oposición a la Xunta: “No puede ser que un español, un hijo o nieto de emigrantes tenga menos derechos que un inmigrante”, reprochó entonces.
Años más tarde, al frente de la Xunta, siguió estirando el hilo de este argumento en defensa de aquellos descendientes de españoles fuera de las fronteras de nuestro país, incluso llegó a presumir de medidas para atraer a aquellos descendientes de gallegos, como becas.
Sin embargo, no hay que retroceder tan atrás en el tiempo para recordar que Feijóo, efectivamente, defendía el fondo y la forma de esta norma. Con motivo de las elecciones de julio de 2023, aún entonces, cuando el exmandatario gallego ya había aterrizado definitivamente en Madrid, prometió una “ley específica” para dar la nacionalidad española a los descendientes “desvinculada de la ideología”. En aquel entonces, sí que se mostraba de acuerdo con lo que reza la actual Ley de Memoria Democrática sobre esta cuestión.
Cambio de paradigma
Pese a esta hemeroteca, con motivo de la reactivación del debate en torno a esta ley y con un escenario político candente para el Gobierno por las causas judiciales abiertas sobre su entorno y la exigencia de la oposición por adelantar los comicios generales, Feijóo ha aprovechado esta fórmula para echar por tierra su anterior defensa sobre la Ley de Nietos para dar el efecto contrario.
Este martes, el líder de Génova calificó este procedimiento de “ingeniería electoral” que amplía, a su juicio, el número de personas con derecho a pasaporte “mediante una instrucción de un Ministerio, no por Ley”, según desgranó en la entrevista concedida a la televisión autonómica murciana. De esta manera, reprochó al Gobierno de Pedro Sánchez haber “fabricado” una normativa para nacionalizar a 2,5 millones de personas, todos ellos descendientes de españoles que sufrieron la Guerra Civil y, por ende, realizar “una modificación sustancial del censo electoral con personas que nunca han venido a España”.
48 horas después, este jueves, Feijóo protagonizó un leve paso hacia atrás en su postura reconociendo más recientemente que el PP sí se muestra a favor de los nietos de los emigrados españoles, no solo los exiliados. “Donde haya una trazabilidad en parentesco clarísima, un nieto pueda tener derecho a la nacionalidad española estamos de acuerdo”, admitió. El descontento que mostró Feijóo no se ciñó a entregar la nacionalidad, sino a la ‘estrategia’ que percibe del Gobierno porque esta cuestión sea un “trágala con nocturnidad y alevosía”.
No obstante, los ataques hacia Moncloa han regresado en cuestión de escasas horas. Este viernes, Feijóo ha vuelto a denostar el uso de la ley de nietos percibiendo que viene a influir en la próxima cita de las urnas generales, acusando a Sánchez de que busca “alterar el censo electoral” con esta normativa: “Esta ingeniería social no tiene objetivos inocentes”, ha sentenciado.
Lanzando una cifra al aire, conjugando tanto la Ley de Nietos como la regularización de migrantes, Feijóo ha hablado de ocho millones de personas más “en el censo”. Algo que no se acerca a la realidad.
Dentro de las filas del PP, otra de las voces cantantes en la crítica ha sido la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien, al respecto, llegó a defender que “el reparto de escaños es ilegal” y que esta ley “obedece a la intención del presidente del Gobierno de cambiar el censo”: “¿Están intentando nacionalizar socialistas?”, planteó, dejando caer que los descendientes de españoles, en caso de poder votar en las próximas elecciones, serían un electorado seguro para el PSOE.
Claves de la ley de nietos del Gobierno
“Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española”, reza expresamente la ley de nietos que se refleja como disposición adicional octava en la Ley de Memoria Democrática vigente.
Sumado a esta premisa, se brinda la opción a “hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978”, además de descendientes a los que se les reconoció la nacionalidad gracias a la Ley de Memoria de 2007.
Ante estos recientes ataques de Génova, fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dirigido por Ángel Víctor Torres, advirtieron esta semana de que Feijóo “frivoliza y manosea” la Memoria Democrática "y los derechos adquiridos por las víctimas, reduciendo a una cuestión electoralista un asunto que es de justicia, porque se les devuelve la nacionalidad a descendientes de personas que la perdieron al huir de España”. En este sentido, estas mismas fuentes subrayaron que el líder del PP no solo “pone en tela de juicio a los funcionarios y al personal que realiza los trámites”, sino que “se posiciona en contra de los derechos adquiridos por descendientes de españoles”.
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