De “crisis migratoria” a “invasión”: cómo cambió el lenguaje de Europa sobre Ceuta

Este jueves, la Eurocámara remó en contra de los propios presuntos principios de la Unión Europea en el debate del estado de la Unión. ¿El motivo? La crisis migratoria de Ceuta, que comenzó llamándose así, pasó a calificarse con otros términos diametralmente opuestos después de que la resolución que planteaba el Partido Popular Europeo (PPE), pactada con la ultraderecha, definiera lo ocurrido como "invasión" a la ciudad autónoma y criticara la regularización de migrantes del Gobierno español. En sus líneas fundacionales, los Veintisiete se comprometen a hacer de su territorio y de sus medios posibles un espacio seguro para las personas más vulnerables, pero al imponerse las mayorías conservadoras y ultraconservadoras, el discurso muta de la acogida a la xenofobia con la excusa de la seguridad y la vigilancia.

El texto aprobado por el Parlamento aprueba "un marco más estricto y transparente que regule el desembolso y la supervisión de los fondos de desarrollo y cooperación de la Unión a terceros países", en caso de que exista una "falta de cooperación" de los mismos. De la misma manera, también propone "que el acceso preferente al mercado de la Unión, la financiación de la Unión y la cooperación estratégica" esté condicionado a "una cooperación eficaz, también en materia de gestión de fronteras, lucha contra el tráfico ilícito y trata de migrantes, y deben buscar la asunción de compromisos claros y medibles con vistas a prevenir los cruces ilegales, garantizar los retornos efectivos y proteger las fronteras exteriores de la Unión", poniendo el foco especialmente en los países que hacen de primeros receptores de la inmigración, como son aquellos de la frontera sur como España, Italia o Grecia.

Críticas a la acción del Gobierno y a la "regularización a gran escala"

El texto también propone mecanismos que permitan sancionar a países por acciones como las de Marruecos, y señala la ciudad autónoma fue "invadida", y critica la actuación del Gobierno español tanto con la crisis de Ceuta como con la regularización de personas migrantes aprobada hace unos meses. Bruselas asegura que Moncloa recibió "reiteradas advertencias de las autoridades locales y de los servicios de seguridad e inteligencia, según los informes confidenciales divulgados el 9 de septiembre de 2026, que indican que la presión en la frontera se había intensificado mucho antes de aquellos días".

Entre las causas de la entrada masiva de personas, que los propios informes a los que hacen referencia -desclasificados por el Gobierno un mes después- sitúan en la desinformación propagada en redes sobre una sentencia del Tribunal Supremo, Bruselas incluye la política migratoria del Ejecutivo. El Parlamento expresa su "profunda preocupación por la política de regularización a gran escala aplicada por el Gobierno del presidente Pedro Sánchez, que genera un efecto llamada y transmite el mensaje equivocado a los posibles migrantes y a las redes delictivas de tráfico ilícito de migrantes". Palabras que adoptan, directamente, el discurso de la extrema derecha en relación al 'efecto llamada'.

Además de lo ocurrido los días 30 y 31, el documento habla de que "un gran número de menores no acompañados siguen en Ceuta" e insiste en que "las autoridades españolas deben garantizar la protección y el cuidado adecuado de los menores no acompañados". Todavía se desconoce cuál será el reparto, si existe, de los menores que permanecen en la ciudad autónoma hacia las diferentes comunidades autónomas españolas. El Gobierno envió el pasado 28 de agosto una propuesta al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para trasladar a 500 menores de la ciudad a la península. Sin embargo, el miembro del partido que firma esta resolución admitió este jueves que la recibió, pero no ha iniciado ese trámite.

La semántica cambia la política

La resolución aprobada por la Eurocámara describe en su exposición de motivos a Ceuta como una ciudad que ha sido "invadida". El texto salió adelante con la luz verde de los populares, grupos conservadores y de extrema derecha, soberanistas y parte de los liberales, mientras que los socialdemócratas, verdes y la izquierda votaron en contra. El documento también reclama cooperación marroquí y respeto a la soberanía española.

Este caso es particularmente interesante porque permite analizar cómo cambia el vocabulario institucional europeo sobre migración en función de cuáles son las fuerzas que están en el poder y que proponen las iniciativas. En origen, la Unión Europea se ha guiado por principios de integración y acogida universales, pero en los últimos años, con el crecimiento de la presencia de la extrema derecha en las instituciones y con la normalización de sus discursos, la posición oficial ha mutado en buena parte de los grupos con representación, pasando a tratar el asunto desde un prisma de seguridad y de control fronterizo.

Ello, evidentemente, tiene repercusión en cómo se abordan los asuntos migratorios y, por consiguiente, en las políticas que se hacen al respecto. La semántica que se adopta desde las instituciones influye en las decisiones políticas y en el trato a las personas afectadas, que pasan de ser personas vulnerables y migrantes a "invasores" que siembran el caos en un territorio que no está preparado para su llegada.