La crisis migratoria de Ceuta ha dejado de ser únicamente una emergencia humanitaria y asistencial para convertirse también, como era de esperar, en un nuevo escenario de confrontación política e institucional. La presión sobre los servicios públicos, la llegada masiva de migrantes desde Marruecos y la respuesta de las administraciones han abierto varios frentes simultáneos que han vuelto a enfrentar al Gobierno con el Partido Popular y que, en las últimas horas, han situado, además, al rey Felipe VI y al Tribunal Supremo en el centro de la agenda de debate.
Mientras el Ejecutivo intenta gestionar una situación excepcional en la ciudad autónoma y reclama tiempo para desplegar recursos de acogida, sanitarios y económicos, el PP ha endurecido su ofensiva política contra Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo ha reclamado que el Gobierno autorice una visita de Felipe VI a Ceuta, al considerar que, como jefe del Estado y garante de la soberanía y la integridad territorial, le corresponde desplazarse a la ciudad ante la gravedad de la situación. Paralelamente, la Sala de vacaciones del Tribunal Supremo ha rechazado la medida cautelarísima solicitada por tres senadores del PP para obligar de manera inmediata al Gobierno a garantizar la comparecencia de varios ministros en el Senado durante agosto, al considerar que no existe la urgencia necesaria para aceptar tal petición. Cabe recordar que el Alto Tribunal no tiene potestad para imponer la comparecencia de un ministro en un día y hora concretos y que no puede interferir en la agenda de las cámaras de representación, por lo que la petición de los 'populares' contaba con lagunas técnicas. La decisión, sin embargo, no supone que el Supremo haya dado la razón al Gobierno, sino que se ha limitado a considerar que no existía una urgencia suficiente para adoptar una decisión inmediata sin escuchar previamente a la otra parte. Por ello, ha ordenado tramitar la petición mediante el procedimiento cautelar ordinario y ha concedido diez días a la Abogacía del Estado para presentar sus alegaciones.
El rey como protagonista de las últimas conversaciones
La petición del PP introduce a la Corona en una crisis que hasta ahora había estado protagonizada fundamentalmente por el Gobierno, la oposición y las autoridades ceutíes. Feijóo sostiene que el monarca "quiere ir a Ceuta" y que es el Ejecutivo quien debe autorizar el desplazamiento. El presidente del PP ha llegado a afirmar que, si él estuviera en La Moncloa, anunciaría directamente la visita del Rey, aunque admite que desde la oposición no dispone de toda la información necesaria para fijar una fecha.
Este asunto no choca únicamente con el dilema de si Felipe VI visitará o no Ceuta, sino también con los límites de las competencias del Gobierno respecto a la agenda del jefe del Estado y al uso político realizado desde la oposición de la figura del monarca en una crisis institucional. La Constitución Española, ya cerca de cumplir cincuenta años, establece que el Rey es jefe del Estado, pero sus actos están supeditados al régimen de refrendo previsto constitucionalmente.
Feijóo carga contra Marruecos y se echa al marco de la extrema derecha
En paralelo, Feijóo ha endurecido su discurso sobre Marruecos. El líder del PP ha acusado al país vecino de haber "consentido o alentado", del mismo modo que lo han hecho partidos en sus antípodas ideológicas como Podemos o Sumar, la llegada masiva de migrantes a Ceuta y ha reclamado explicaciones al Gobierno español sobre lo sucedido. El dirigente del PP ha asegurado que, si su partido estuviera en La Moncloa, habría utilizado la información del CNI y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para anticiparse a la crisis y habría contactado con Rabat para evitar la llegada masiva de personas. Al mismo tiempo, ha conspirado con que no quiere pensar que haya existido "complicidad" entre el Gobierno español y Marruecos, porque considera que sería un supuesto "gravísimo". El Ejecutivo ya reconoció hace unas semanas que no previó la crisis. Las acusaciones de Feijóo, no obstante, no han venido acompañadas de pruebas públicas que permitan sostener que existió una connivencia entre ambos gobiernos.
El PP ha situado, además, la política migratoria del Gobierno en el centro de su ofensiva y ha recuperado el argumento del "efecto llamada", una expresión utilizada recurrentemente por Vox para vincular las políticas de acogida con un incremento de las llegadas. El desplazamiento discursivo ha provocado una respuesta frontal del PSOE, que ha acusado, a través de su portavoz parlamentario, Patxi López, a Feijóo de aproximarse a los planteamientos de la extrema derecha. El socialista ha señalado al líder del PP como el "mayor alimentador de bulos" del país.
La dimensión sanitaria, material y asistencial de la crisis
Pero más allá de la batalla política, la dimensión material de la crisis sigue siendo el principal desafío. Miles de personas han llegado a Ceuta y las administraciones han tenido que habilitar nuevos espacios de acogida, reforzar los servicios sanitarios y organizar el traslado de migrantes que permanecían en asentamientos improvisados.
La presión también ha alcanzado al sistema sanitario. El Ministerio de Sanidad ha convocado este lunes una reunión extraordinaria de la Comisión de Salud Pública para abordar el suministro de vacunas y ha anunciado una visita a la ciudad para evaluar el impacto sobre el Hospital Universitario y la Atención Primaria. Los datos conocidos sobre determinadas enfermedades relacionadas con contextos de hacinamiento han puesto de relieve la necesidad de dichas vacunas, pero las autoridades sanitarias y las organizaciones profesionales han advertido para que no se caiga en la estigmatización de las personas migrantes. Así lo ha defendido la presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología, Maria João Forjaz.
La crisis ha abierto, en definitiva, varios frentes a la vez: el político, con el enfrentamiento entre Sánchez y Feijóo; el institucional, con el papel del rey en tela de juicio; y el judicial, con la intervención del Supremo en la disputa sobre las comparecencias parlamentarias. Delante de todos ellos, priman los derechos y la atención de las personas llegadas a Ceuta y la respuesta de las administraciones a una crisis cuyo horizonte aún es lejano y cuyas soluciones aún tardarán en ser efectivas.
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