El informe policial que se enmarca en la investigación al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, recoge la existencia de supuesto pago de 10.000 euros relacionado con Julián Mateos-Aparicio, posteriormente nombrado director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Sin embargo, se da una contradicción cronológica en el documento, y es que éste recoge una conversación fechada a 17 de agosto de 2021, pero el Consejo de Ministros autorizó el rescate de Plus Ultra el 9 de marzo de ese mismo año, mientras que el nombramiento de Mateos-Aparicio al frente del FASEE no llega hasta agosto.
Esto quiere decir, tal y como proyecta este lunes ElConstitucional.es tras hablar con fuentes del entorno del expresidente, que la persona con la que se relaciona el pago no ocupaba todavía su cargo cuando se aprobó y se tramitó la ayuda pública a la aerolínea.
Las mismas fuentes consultadas por el medio mencionado consideran que la cronología debilita la tesis de un supuesto tráfico de influencias relacionado con el rescate, dado que el responsable al que presuntamente había podido influenciar al que fuera secretario general de los socialistas todavía no dirigía el fondo de la SEPI en el momento clave de la operación. La conversación que analiza la UDEF se produce precisamente después de hacerse público el nombramiento de Mateos-Aparicio como director del FASEE.
Pago de 10.000 euros
La UDEF sospecha que el empresario Julio Martínez Martínez pagó 10.000 euros a Mateos. Los agentes han detectado una conversación el 17 de agosto de 2021 entre Julio Martínez Sola y al accionista mayoritario de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, en la que hablan de una noticia publicada en un medio de comunicación que contiene el siguiente titular: La SEPI pone a su director de negocios Julián Mateos al frente del fondo de rescate tras su polémica con Plus Ultra.
En ese texto, según el informe policial, se alude al nombramiento de Mateos como director del FASEE. Después del reenvío de la noticia, a los pocos minutos, Rodolfo Reyes le pregunta al empresario si lo conoce y en otro mensaje le dice “10K, done”. Según los agentes, esto pone de manifiesto “la confirmación de un pago por importe de 10.000 euros”.
Entre los puntos que pueden destacarse del informe que ha servido para imputar a Zapatero aparece una conversación de noviembre de 2021 obtenida gracias a un grupo de Whatsapp. Dicha comunicación revela que el presidente de Plus Ultra, Martínez Sola, habría recibido una llamada del exdirector de la SEPI, José Ángel Partearroyo, en el que se mostraba “muy contento” porque ya tenían las alegaciones en el juzgado, de todas las partes, y el ministerio fiscal pedía el “sobreseimiento total de la causa”.
La UDEF proyecta en su informe que el contexto de esta conversación en mayo, entre Rodolfo Reyes y Miguel Palomero, que era abogado, presumió de que la fiscal era “amiga”. A juicio de la UDEF, esto dejaba “entrever que pudiera tener influencia”.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama levantaba la semana pasada el secreto se sumario del caso Plus Ultra y daba a conocer la imputación del expresidente del Gobierno como presunto líder de una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” cuya finalidad era “la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros”, principalmente de la aerolínea que fue rescatada con 53 millones de euros.
El juez instructor señala que la investigación de la UDEF ha permitido constatar la existencia de “una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables”.
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