¿Se acaba el alarmismo interesado por la okupación? Los datos en absoluto avalan lo que muchas empresas de seguridad llevan años promoviendo para impulsar sus ventas. Una técnica que se conoce como “publicidad del miedo” y ahí es donde meterá tajada el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Pablo Bustinduy perseguirá a todas estas compañías con la Ley de Consumo Sostenible que desarrolla su departamento y que verá la luz de forma “inminente”, según apuntan fuentes a ElPlural.com. Estas campañas se sustentan sobre “datos engañosos o que puedan generar en el consumidor una percepción errónea sobre el peligro o riesgo al que puede estar sometido si no se adquiere un determinado producto”, apuntan estas mismas voces.
Así lo exponen fuentes consultadas por ElPlural.com de la cartera que dirige Pablo Bustinduy. En este sentido, explican que este tipo de publicidad abusa de mensajes “manipuladores” que explotan emociones tales como ansiedad y el temor. Consumo pone el foco en la elaboración de un articulado que sirva como protección frente a estas empresas. Subrayan que los mensajes sobre los que se cimentan sus anuncios pivotan sobre la presión al consumidor por no adquirir el producto en cuestión.
“Manipulación emocional”
“Lleva a los consumidores a tomar decisiones precipitadas, desinformadas o basadas en el pánico, afectando así a su libertad de elección y a su bienestar psicológico”, abundan las fuentes consultadas, que abogan por tejer un entorno publicitario “responsable” para que la promoción de servicios se construya sobre un eje “objetivo” e incidiendo en los “beneficios reales” sin necesidad de caer en técnicas de “manipulación emocional”.
Consumo considera que estas compañías fomentan una “cultura de miedo” que incide negativamente sobre el conjunto de la sociedad. Incluso sugieren que cuando se recurre a este tipo de técnicas se distorsiona la percepción de que “los entornos cotidianos son inherentemente peligrosos”, lo que multiplica la “desconfianza y la sensación de inseguridad generalizada”. “Esto no solo puede alterar la calidad de vida de las personas, sino también desviar recursos hacia servicios innecesarios o desproporcionados en relación con el riesgo real”, precisan.
Este es el motivo que motiva a Consumo para defender la regulación de este tipo de prácticas, que a la postre contribuyen al “equilibrio” en el mercado, fomentando una “comunicación ética” que priorice la “transparencia y el respeto” por los consumidores, mientras refuerza una “percepción saludable y realista de la seguridad en la sociedad”.
Las falsas alarmas sobre okupación, en el foco
La reforma se llevará a cabo a través de la modificación de la Ley de Competencia Desleal, incrustada en el articulado de Consumo Sostenible, para forzar a las empresas en cuestión a ofrecer una “información cuantitativa o estadística” que conduzca a una valoración real del “riesgo” al que se exponen si no se adquiere el producto. Otras fuentes gubernamentales consultadas evitan mencionar los nombres de las empresas, pero sí deslizan que uno de los motivos que inspiran la reforma es la alarma que estas empresas generan en torno a la okupación.
Una motivación sustentada en datos, puesto que según consta en los números que maneja el Ministerio del Interior, el miedo a la okupación contrasta con los casos reales. Desde estas empresas, así como desde sectores de la derecha política y mediática, agitan este fantasma para promover la venta de productos de seguridad, engrosando unas cifras que en absoluto se corresponden con el nivel de alarma que generan.
Y es que, en el año 2023 los informes de Interior reflejan que se registraron 15.289 denuncias por okupación. Cifra alejada del total que representan las más de 26 millones de viviendas que hay en España. Es decir, los hogares okupados suponen un 0,05%. Un porcentaje mínimo que no sustenta en absoluto los mensajes de alarmismo y ansiedad que provocan desde ciertos sectores. Si bien es cierto que las denuncias han aumentado en los últimos años, el incremento se ha detenido en la serie histórica. En 2022, se registraron un 3% menos que en el anterior ejercicio.
Por su parte, a juzgar por los datos que maneja la Fiscalía General del Estado, de todas las okupaciones del mencionado ejercicio, sólo el 0,85% fueron allanamientos fueron en primeras residencias donde vive gente. El resto, usurpaciones a viviendas vacías que se okuparon. Eso sí, queda reflejado que el año con más denuncias fue el 2021, con 17.274, pero esa cifra cayó paulatinamente los subsiguientes cursos.