El Consejo de Ministros ha vuelto de vacaciones este martes con varios acuerdos y Reales Decretos bajo el brazo, presidido por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, antes de su partida hacia la gira africana. El Gobierno se despereza con una partida millonaria destinada a las comunidades autónomas para políticas destinadas al fomento de la Formación Profesional entre la población activa -aquella que se encuentra trabajando o en búsqueda activa de empleo. La cuantía total, procedente de los Presupuestos Generales del Estado, asciende hasta los 867,28 millones de euros y se divide en tres tipos de actuaciones.
La oferta formativa para desempleados será la actuación con mayor dotación, contando con 696,5 millones de euros del total, seguida de la formación para trabajadores (145 millones), partida que se ha incrementado un 35% en los últimos años, y de los 24,8 millones pensados para programas específicos convocados por las instituciones autonómicas, pudiendo acceder a estos últimos tanto ocupados como desempleados. Así, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes pretende ofrecer una amplia variedad de oferta formativa con la intención de adaptarse a las circunstancias de los trabajadores y del mercado laboral.
El dinero, cuya distribución recibió el visto bueno en la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo, llegará a las comunidades autónomas, si bien estas tendrán que cumplir una hoja de ruta. Las instituciones competentes deberán acometer las políticas antes del 31 de diciembre de 2025, tal y como ha explicado la ministra del ramo y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, acompañada de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. Las necesidades del mercado laboral deberán estar en el centro de las actuaciones para ofrecer una mejor posición a los trabajadores.
“Una importantísima partida presupuestaria que va a permitir a miles de trabajadores obtener el certificado de profesionalidad o participar en microformaciones flexibles que el propio tejido productivo demanda”, ha explicado la titular de Educación en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Retomamos el curso en el mismo sitio donde lo dejamos: con un país que funciona, con cifras récord en materia de empleo, en materia de ocupación y turismo y con un Gobierno en marcha y una política en positivo”, ha valorado globalmente Alegría.
Traspaso del IMV a la Generalitat
Los ministros de la coalición también han dado luz verde al traslado de las competencias de gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en Cataluña a la Generalitat, acuerdo que se certificó entre las partes el pasado 24 de julio. Hace poco más de un mes, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, firmó junto con el consejero de Derechos Sociales autonómico la cesión de la gestión, en compañía del presidente del Gobierno y del, por aquel entonces, líder de la Generalitat, Pere Aragonès.
De esta manera, Cataluña se suma a País Vasco y Navarra, que adquirieron las competencias de gestión en el año 2022. El IMV llega en toda España a más de 600.000 hogares y casi dos millones de personas, de los que 61.000 hogares y 200.000 personas se ubican en Cataluña, siendo el 45% de los perceptores menores de edad. La gestión de esta prestación es vital para miles de personas en situación de extrema vulnerabilidad, pero la ministra asegura confiar en “la eficacia y en el beneficio que traerá este anuncio para los catalanes”.
"El IMV ha contemplado siempre la posibilidad de que se pueda colaborar con las comunidades autónomas en la gestión de la prestación. Hacer el traspaso no es algo sencillo, se tiene que adaptar la normativa autonómica y se tienen que dar las condiciones que aseguren que se puede gestionar la prestación con eficacia”, explicaba Saiz el pasado mes. “En el caso de Cataluña está claro que esa capacidad existe”, añadía, anticipando lo que se ha aprobado este martes. El encaje jurídico con las rentas autonómicas ha sido complejo, pero el trabajo desarrollado durante este tiempo lo ha hecho posible.
Ahora, el nuevo Gobierno de Salvador Illa y la consejería de Derechos Sociales, pilotada desde hace escasos días por Mònica Bravo, deberá asumir el reto de combatir la pobreza en Cataluña. Con un 24,4% de la población en riesgo de pobreza o exclusión social, casi medio millón de niños y adolescentes, el intenso trabajo del Ejecutivo socialista sumará la gestión del IMV.