El Consejo de Ministros cesa este martes a la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, por las presuntas irregularidades en las que la encargada de este órgano habría incurrido con los contratos adjudicados por administraciones que comparte con su pareja.
Moncloa ha tomado la decisión tras la presión de los principales socios de Gobierno del PSOE, Sumar, y algunos sectores dentro del propio Partido Socialista. Ya el pasado 17 de julio, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, pidió explicaciones a García por los contratos adjudicados por diversos organismos a la sociedad que comparte con su pareja. Ahora, el Ejecutivo pasa de las palabras a los hechos y procede al cese de su persona.
La directora y su pareja habrían obtenido en los últimos dos años encargos para gestionar puntos violeta y otras actividades relacionadas con la protección y la igualdad de las mujeres por valor de 250.000 euros. Según contaba El Español, 64 de estas adjudicaciones fueron directas. Los puntos violeta, cabe recordar, son enclaves que se sitúan en fiestas o eventos, muchas veces de carácter multitudinario, con el objetivo de que las mujeres puedan acudir en caso a solicitar ayuda en caso de sufrir una agresión o acoso sexual.
La información publicada por este medio de comunicación añadía que en uno de los casos sí que hubo concurso y que a él se presentaron hasta tres entidades. Todo ello mientras García se situaba ya al frente del instituto. Sin embargo, una de las concursantes habría llevado a cabo una oferta que resultaba mucho más ventajosa en lo económico.
La responsable del Instituto de las Mujeres se defendía de las acusaciones señalando que no poseía más del 10% de la sociedad, -es decir, por debajo del máximo legal-, dado que vendió la mayoría de la propiedad a su pareja.
“Cuando en 2023 fui nombrada directora del Instituto de las Mujeres, me puse en contacto con la Oficina de Conflicto de Intereses para que me indicasen cómo proceder, al estar sometida a la normativa de altos cargos. Entonces se me indicó que debía actualizar mi situación profesional y que la ley me permitía mantener hasta un 10% de las empresas que compartía con mi mujer. Así procedí de forma inmediata, manteniendo a mi nombre un 8%. He cumplido y cumplo escrupulosamente la ley”, justificaba la protagonista de estas líneas.
García se amparaba en la normativa, según la cual, si el alto cargo y su cónyuge están en régimen matrimonial de separación de bienes, no existe ilegalidad siempre que el alto cargo no posea más del 10% de la compañía. Por otro lado, el periódico mencionado apuntalaba que la venta de participaciones se llevó a cabo en marzo de 2023, cuando García ya ejercía como directora.
Esta última respondía antes de la publicación de la noticia sosteniendo que las parejas de las políticas y de los políticos también tienen “derecho a comer”, mientras que la responsable de Igualdad aseguraba en la Cámara Baja que iba a “pedir explicaciones” a García.
