El Congreso de los Diputados ha tumbado las enmiendas del Partido Popular y Vox a la reforma para incluir el derecho al aborto en la Constitución Española. Las derechas habían propuesto dos enmiendas casi totales al proyecto del ministerio de Igualdad, que dirige Ana Redondo, que se han debatido y tumbado este viernes en la Cámara Baja. De esta forma, se debatirá como tal la propuesta del Gobierno, que propone incluir la interrupción voluntaria del embarazo entre los derechos protegidos por el artículo 43 de la Carta Magna.
El Consejo de Estado propuso varios cambios en la reforma propuesta por Igualdad. El texto que el Ejecutivo quería incluir como cuarto apartado del artículo 43 quedó así: "Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios".
El Gobierno quería que el derecho al aborto figurase entre las materias especialmente protegidas, algo que precisaba de un procedimiento reforzado de reforma que supone disolver las Cortes y convocar un referéndum. Sin embargo, finalmente, se optará por la vía ordinaria, que requiere eso sí de una mayoría amplia. El texto final fue aprobado por el Consejo de Ministros el 7 de abril, y se debatirá tal y como se planteó después del rechazo a las enmiendas de la derecha.
El PP evita el debate y Vox lo mezcla con la inmigración
Esto obligará al PP a pronunciarse sobre una cuestión que les es tremendamente incómoda. Su diputada Silvia Franco ha acusado al Ejecutivo de "fraude de ley" y de traer la cuestión del aborto a la primera linea por "mero oportunismo político". Habida cuenta de que debatir sobre esto es delicado para los de Alberto Núñez Feijóo, por su estrecha relación con la Iglesia, que rechaza de plano el aborto, en Génova lo califican como una "estrategia partidista".
Franco ha evitado un discurso ideológico en contra de la reforma para mantener el equilibrio de su partido entre contentar a la Iglesia y no caer en el extremo conservadurismo de Vox. Por ello, la diputada se ha limitado a criticar la forma de llevar a trámite la propuesta, que asegura, "es un brindis al sol" y un "artificio de un Gobierno acorralado por la corrupción y los escándalos".
Sí han ido al fondo en Vox, que asegura que el Ejecutivo "no se atreve a gestionar esta reforma por donde debería porque afecta a un derecho fundamental que es el derecho a la vida", como ha dicho su diputado Joaquín Robles. También por la forma, como el PP, porque ha dicho que la reforma "responde a las necesidades del Gobierno y a prioridades de índole propagandística" con el objetivo de "ocultar su infeficacia y su corrupción".
Sin embargo, la ultraderecha ha mezclado todo el asunto con la inmigración y su islamofobia: "Un Gobierno que permite la llegada masiva de individuos de culturas que consideran a la mujer inferior al varón y que luego regulariza con normalidad, que tiene por aliadas a teocracias que las oculta en cárceles de tela y fomenta la extensión en nuestra patria de costumbres contrarias a nuestro ordenamiento no puede ser aliado de las mujeres", asegura.
Redondo aguanta el pulso a Ayuso y Vox
La encargada de defender esta reforma ha sido la titular de Igualdad, Ana Redondo, que la ha defendido como "imprescindible" para "garantizar el acceso efectivo al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en toda España y de forma equitativa". Sobre la forma jurídica con la que se protegerá este derecho si se aprueba la reforma, la ministra ha explicado que el reconocimiento como tal "no está en riesgo", pues está "plenamente integrado en nuestro ordenamiento jurídico".
El Gobierno quiere poner el aborto en el centro del debate para retratar al PP, que se divide sobre él. La baronesa popular en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya perdió el pulso con el Ministerio de Sanidad, que requirió a las comunidades autónomas un registro de médicos objetores a realizar abortos en la sanidad pública. Ayuso fue la única líder regional que se negó, pero finalmente fue obligada por los tribunales.
Avanzar en tumbar las reticencias del PP permite poner solución a un problema sanitario que rodea a la interrupción voluntaria del embarazo. En algunas regiones, como la propia Madrid o Andalucía, la sanidad pública no realiza ni el 1% de los abortos. En el ámbito estatal, la cantidad de intervenciones que se hacen en la privada roza el 80%.
Esto obliga a muchas mujeres a tener que ir a otra provincia a abortar, que es exactamente lo que amenazó con hacer Ayuso. Redondo ha reivindicado que "un Estado social y de derecho no puede permitir que haya mujeres de primera y de segunda", y que "la sociedad española tiene derecho a un debate riguroso y honesto sobre este asunto".