El Congreso post 29N allanará el camino del grupo propio a las minorías

La próxima legislatura arrancará con unas reglas más flexibles para que las formaciones políticas con menor representación puedan constituir grupo parlamentario propio en el Congreso de los Diputados. La reforma del Reglamento de la Cámara, aprobada el pasado mes de julio, rebaja los umbrales exigidos para acceder a esta estructura y entrará en vigor tras las elecciones generales del 29 de noviembre. El cambio permitirá a varios partidos evitar las dificultades que han afrontado en anteriores legislaturas para disponer de voz y recursos propios en la institución.

La modificación fue promovida por ERC, Junts, Podemos, Compromís y el BNG, formaciones que desempeñaron un papel relevante en los apoyos parlamentarios que hicieron posible la investidura de Pedro Sánchez en 2023. La iniciativa salió adelante con el respaldo del Pleno del Congreso, pero encontró la oposición del Partido Popular y Vox, que votaron en contra.

El principal efecto de la reforma se encuentra en el artículo 23 del Reglamento parlamentario, vigente desde 1982, que regula las condiciones para constituir grupos propios. Hasta ahora, las formaciones necesitaban reunir al menos 15 diputados o alcanzar cinco escaños y cumplir, además, determinados requisitos electorales: superar el 5% de los votos en el conjunto de España o conseguir el 15% en todas las circunscripciones en las que se hubieran presentado. Con la nueva normativa, las exigencias se reducen de forma significativa. A partir de la próxima legislatura, los partidos podrán constituir grupo parlamentario si obtienen al menos un 3% de los votos a escala nacional o un 10% en las provincias en las que logren representación. La rebaja abre la puerta a que organizaciones con menos escaños puedan acceder a una estructura parlamentaria propia sin depender de acuerdos excepcionales con otras fuerzas políticas.

El precedente de ERC y Junts en 2023

La reforma responde, en parte, a las dificultades experimentadas al comienzo de la actual legislatura. Tanto ERC como Junts carecían entonces de los requisitos reglamentarios necesarios para constituir grupo parlamentario por sus propios medios. Para sortear ese obstáculo, ambas formaciones recurrieron a la cesión temporal de diputados por parte del PSOE y de Sumar. La Mesa del Congreso autorizó esta fórmula gracias a la mayoría que integraban los representantes socialistas y de Sumar en el órgano de gobierno de la Cámara. Esa composición se había hecho posible, a su vez, con el apoyo de los partidos independentistas catalanes.

El mecanismo de los llamados préstamos de diputados no es nuevo. Se ha utilizado en distintas legislaturas para facilitar que determinadas formaciones alcancen los requisitos exigidos, aunque los parlamentarios cedidos regresan posteriormente a sus grupos de procedencia. Con el nuevo Reglamento, esta práctica perderá buena parte de su utilidad, al existir vías más accesibles para constituir un grupo propio.

Más recursos, visibilidad y capacidad de actuación

Disponer de grupo parlamentario propio supone una ventaja que va mucho más allá de una cuestión organizativa. Permite a los partidos intervenir con mayor autonomía en la actividad legislativa y contar con una presencia institucional más estable. Entre sus beneficios figura la posibilidad de participar en los debates con voz propia, disponer de representación en las comisiones parlamentarias y tener presencia en la Diputación Permanente, el órgano que mantiene determinadas funciones del Congreso cuando no hay periodos ordinarios de sesiones o durante los intervalos entre legislaturas. También garantiza un representante en la Junta de Portavoces, donde se organiza buena parte de la actividad parlamentaria.

A estas ventajas se suma el acceso a las sesiones de control al Gobierno, en las que los grupos disponen de oportunidades para formular preguntas a los miembros del Ejecutivo. Para los partidos minoritarios, esta herramienta resulta especialmente importante para mantener sus propuestas en la agenda política y fiscalizar la actuación gubernamental sin depender de otras organizaciones. El impacto, además, también es económico. Los grupos propios reciben mayores subvenciones para financiar su actividad parlamentaria y pueden acceder a las ayudas destinadas al envío de propaganda electoral por correo, conocido como mailing, en los términos previstos por la normativa aplicable.

Así, la reforma del Reglamento puede influir en la estrategia de las formaciones que concurran a las elecciones del 29 de noviembre. Para los partidos pequeños, conseguir representación ya no será el único objetivo: alcanzar los nuevos umbrales podrá determinar también su capacidad para organizarse, financiarse y ejercer una influencia más directa en el Congreso durante los próximos cuatro años.