La presión política sobre Pedro Sánchez se intensificará este jueves en una jornada de alto voltaje parlamentario. Mientras el presidente del Gobierno comparecía en el Congreso de los Diputados para informar sobre el último Consejo Europeo y responder a las preguntas de los grupos acerca de las investigaciones judiciales que afectan a dirigentes socialistas, el Senado debatió y aprobó una moción impulsada por el Partido Popular para exigir la disolución de las Cortes y la convocatoria inmediata de elecciones generales.
La iniciativa de los populares llega después de varios intentos frustrados en el Congreso. Tanto una enmienda presentada por Junts como otra registrada por el PP para forzar una votación sobre un adelanto electoral fueron rechazadas por la Mesa de la Cámara Baja, donde PSOE y Sumar suman mayoría. El argumento utilizado fue que la convocatoria de elecciones constituye una competencia exclusiva del presidente del Gobierno, por lo que el Parlamento no puede imponerla mediante una resolución.
Ante ese bloqueo, la dirección de Alberto Núñez Feijóo decidió trasladar la ofensiva política al Senado, donde dispone de mayoría absoluta. La moción no cuenta con efectos jurídicos vinculantes, ya que la facultad de disolver las Cortes corresponde exclusivamente al jefe del Ejecutivo conforme al artículo 115 de la Constitución. Sin embargo, el PP ha convertido la votación en una demostración política de desgaste del Gobierno y en una llamada pública a las urnas.
El PP vincula la petición electoral a los casos judiciales
La exposición de motivos de la iniciativa se apoya en tres grandes argumentos. El primero es la acumulación de investigaciones judiciales y policiales que afectan al entorno del Ejecutivo y del PSOE, una situación que los populares consideran incompatible con la continuidad normal de la legislatura.
El segundo se refiere al funcionamiento parlamentario. El PP denuncia que el Gobierno no ha sido capaz de aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado ni ha convocado un Debate sobre el Estado de la Nación durante la presente legislatura, circunstancias que interpreta como síntomas de una mayoría parlamentaria debilitada y de un Ejecutivo cada vez más dependiente de acuerdos puntuales.
El tercer elemento es la petición expresa para que Sánchez ejerza su prerrogativa constitucional y convoque elecciones anticipadas con el fin de que los ciudadanos decidan el rumbo político del país.
Feijóo endurece el tono y sitúa a Sánchez como responsable político
El debate parlamentario ha venido precedido por una escalada verbal del líder de la oposición. Durante su intervención en el Congreso, Feijóo acusó al presidente del Gobierno de encabezar un Ejecutivo marcado por la corrupción y sostuvo que la única salida posible pasa por devolver la palabra a los ciudadanos.
El presidente del PP aseguró que las investigaciones y procedimientos judiciales conocidos en los últimos meses configuran un escenario de "responsabilidad política ineludible" para Sánchez. Según su tesis, los distintos casos que afectan al entorno gubernamental, al partido y a antiguos colaboradores directos del presidente formarían parte de un mismo problema político que exige una respuesta institucional.
Feijóo llegó incluso a cuestionar la continuidad del jefe del Ejecutivo en su escaño y le reclamó directamente la convocatoria de elecciones. En su discurso insistió en que el Congreso ya no debate si el Gobierno conserva la confianza suficiente para gobernar, sino por qué continúa actuando como si aún dispusiera de ella.
El líder popular vinculó además la situación actual con el origen de la legislatura, recordando que la moción de censura de 2018 se sustentó precisamente en la promesa de regeneración democrática y limpieza institucional. A su juicio, los acontecimientos posteriores habrían desmentido aquel compromiso.
Una votación sin efectos legales pero con fuerte carga simbólica
La moción del Senado no obligará a Sánchez a convocar elecciones. La Constitución reserva esa facultad exclusivamente al presidente del Gobierno. No obstante, la coincidencia temporal entre la votación de la Cámara Alta y la comparecencia del jefe del Ejecutivo en el Congreso otorga a la iniciativa una evidente dimensión política.
El PP buscaba presentar la jornada como una suerte de examen parlamentario a la continuidad de la legislatura. Mientras Sánchez defendió la acción del Gobierno y trató de contener el impacto de las investigaciones judiciales sobre el PSOE, los populares consolidaron la idea de que el ciclo político está agotado y que la única salida pasa por unas nuevas elecciones.
La resolución del Senado sirvió así como un nuevo episodio en la batalla política que enfrenta al Gobierno y a la oposición en torno al desgaste provocado por los casos judiciales. Una confrontación que, lejos de remitir, amenaza con marcar el último tramo de una legislatura cada vez más condicionada por la presión parlamentaria y el debate sobre la continuidad de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo.
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