El pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado por unanimidad el decreto ley que prorroga durante cuatro años más la suspensión de desahuciar del domicilio habitual hasta el 15 de mayo de 2028 y además se ha querido acordar que la norma se tramite como proyecto de ley, lo que permitiría introducir cambios y enmiendas durante el recorrido parlamentario que ya se ha iniciado.
Esta medida llegó bajo el nombre de ‘escudo social’ promovido por el anterior Gobierno de Coalición de PSOE y Unidas Podemos durante la Pandemia. Una medida que se ha ido ampliando periódicamente mediante decretos gubernamentales. Ha sido el Congreso quien se ha encargado de avalar esta última prórroga durante este jueves, que fue aprobada en Consejo de Ministros, tan solo un día antes de que caducara y afectará tan solo a casos de “especial vulnerabilidad”.
Ha sido la minsitra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, quien ha defendido el texto desde la tribuna en una intervención parlamentaria en la que ha explicado y calificado la medida aprobada mediante este decreto como "necesaria" en un escenario de incertidumbre sobre los tipos de interés que pueden encarecer las hipotecas, pese a la reducción de éstos por parte del Banco Central Europeo estas últimas semanas.
"El futuro sigue siendo incierto, como reconoce el Banco Central Europeo cuando señala que no puede comprometerse de antemano a ninguna senda concreta de tipos", ha indicado la ministra.
En este sentido, la titular de Vivienda ha explicado la necesidad de esta prórroga que suspende los desahucios para evitar posibles situaciones que supongan la posibilidad de que los ciudadanos se vean en una situación de exclusión social y que además se vean abocadas a perder su vivienda si no pueden afrontar la subida de su hiopoteca. "Confío en que ese real decreto ley sea convalidado en el pleno del día de hoy con el voto de sus señorías", zanjaba la ministra haciendo un llamamiento a los diputados a votar a favor, algo que sorprendentemente terminó ocurriendo de forma unánime si n ningún solo voto en contra.
Durante el debate del decreto, tanto Sumar como varios socios de investidura han avanzado el voto favorable a la medida, pero han advertido que esto no es ninguna solución y han calificado al decreto como un "parche" temporal.
El diputado de Comrpomís y portavoz de Vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez, ha recordado a Rodríguez que son necesarias más medidas para garantizar el derecho a la vivienda, entre las que ha destacado subir un 3% el IPREM para lograr adaptarse al encarecimiento de la vivienda y que además exista la obligación de escribir en el registro de la propiedad que hay una moratoria en esa vivienda, para que cuando una entidad bancaria o un fondo de inversión, conocidos coloquialmente como "fondos buitre" quieran comprar la casa, sean advertidos de que existe dentro unan familia que se encuentra protegida por el Estado.
Desde Podemos, su secretaria General, Ione Belarra también ha confirmado el sí de su formación a la medida, pero ha incidido en algo que también ha destacado Sumar, y es que esto se trata de una "tirita" en el "gran problema" de la vivienda que existe en nuestro país, y es por ello por lo que ha instado a expropiar el uso de la mitad de las viviendas que se encuentran en manos de los grandes fondos de inversión y bancos que, según sus propios cálculos, aportarán al Estado entorno a 92.000 viviendas.
Valoración positiva también por parte del resto de socios del Ejecutivo. El portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, ha garantizado el apoyo de la formación abertzale a la medida pero ha advertido de que el alcance del decreto es muy limitado porque la suspensión tan solo afecta a aquellos supuestos que se encuentren bajo el rango de "especial vulnearbilidad", mientras que en Euskadi, más del 87% de los deshaucios que se producen se deben a impagos de alquileres de familias que no necesariamente tienen que estar en esa situación de extrema urgencia económica.
En el turno de palabra del portavoz del BNG, Néstor Rego, se ha cuestionado que la medida, que también ha apoyado, sea temporal y no definitiva, ya que en su opinión se deja la decisión de una futura prórroga en manos del "Gobierno de turno", ha zanjado el portavoz nacionalista gallego.
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