Una semana atrás, el Tribunal Supremo condenaba al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por delito de revelación de secretos a dos años de inhabilitación, una multa de 7.500 euros, así como la orden de indemnizar a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, con 10.000 euros. Un fallo, no obstante, que no era unánime, y que contó con dos votos en contra -de dos magistradas progresistas- y que, una semana después, todavía no se ha presentado por escrito en legal forma la sentencia.
Con este telón de fondo, ahora son los Comuns quienes mueven ficha. Este jueves han presentado a través del eurodiputado Jaume Asens una querella contra Andrés Martínez Arrieta, el presidente de la sala del Supremo que condenó a García Ortiz, por revelación de secretos después de que este asegurara que iba a “poner” la sentencia en los días en los que el tribunal se encontraba deliberando. Según señalan desde los Comuns, estas declaraciones las hizo el 18 de noviembre, es decir, dos días antes de conocerse la resolución del tribunal y en el marco de un curso donde él ejercía de ponente, organizado por el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). “Y con esto, señores, concluyo porque tengo que poner la sentencia del fiscal general del Estado”, sostuvo ese día el magistrado Arrieta y según señaló RTVE.
Ahora, según reza la querella de los Comuns a la que ha tenido acceso elDiario.es, se conoce que “la manifestación fue realizada en tono jocoso, provocando una sonora carcajada colectiva entre los asistentes”, lo que, para la formación que presenta la querella, “evidencia que la audiencia interpretó claramente que el magistrado estaba revelando información internamente reservada sobre el estado de la deliberación y la elaboración de la sentencia, y que el propio querellado era consciente del carácter impropio de su revelación, al presentarla en clave humorística”. Al hilo de todo ello, los Comuns entienden que estas declaraciones de Arrieta reflejaron “las deliberaciones internas” de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, así como que se produjo “un cambio de ponencia, desplazando a la magistrada inicialmente designada”, en alusión a Susana Polo García -una de las que votó en contra de la condena al fiscal general-.
‘Poner’, una expresión “técnica” del lenguaje judicial
En la exposición de motivos recogida en la querella, desde los Comuns detallan que el término ‘poner’ una sentencia en el argot judicial “significa que el magistrado es el ponente encargado de redactar una resolución ya acordada por la mayoría en deliberación”. “Con tal afirmación, el querellado reveló públicamente que la ponencia había cambiado respecto de la inicialmente designada, existía una mayoría formada que desplazaba a la ponente original, y la deliberación se encontraba prácticamente cerrada. Es decir, reveló datos esenciales del secreto de deliberación protegidos por el artículo 233 LOPJ y por el artículo 417 CP, anticipando la existencia de una decisión judicial ya adoptada”, sostienen.
“En el mismo curso organizado por la acusación popular, intervinieron como docentes otros dos magistrados del tribunal: D. Antonio del Moral y D. Juan Ramón Berdugo, ambos implicados en la deliberación colectiva sobre ese mismo procedimiento”, por lo que “no resulta concebible que un magistrado del Tribunal Supremo participe cobrando en un curso organizado por la acusación particular, hecho que compromete su imparcialidad y refuerza el significado delictivo de la revelación practicada”. A razón de ello, en la querella insisten en que “la conducta del magistrado Martínez Arrieta afecta al núcleo mismo de la función jurisdiccional, puesto que el secreto de las deliberaciones garantiza la independencia interna del tribunal, la libertad de criterio de sus miembros y la confianza pública en el Poder Judicial”.
Al margen de todo ello, de esta querella también se desprende que “ha trascendido públicamente que uno de los magistrados integrantes del mismo tribunal, D. Antonio del Moral, mantiene una relación académica estrecha con al menos uno de los abogados de parte interesada en la causa, al haber sido director de su tesis doctoral, circunstancia que ha sido ampliamente difundida en medios de comunicación”. “Esta relación, de carácter profesional y de confianza, ha sido señalada públicamente como un posible conflicto de interés y añade un elemento adicional de riesgo para la apariencia de imparcialidad objetiva del tribunal, conforme a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, argumentan.
Por todo ello, desde los Comuns se solicita la imputación de Arrieta, además de pedir al ICAM la grabación “íntegra” de dicho curso, el “programa oficial del curso”, la “lista de asistentes”, y que llame a declarar en calidad de testigos a Del Moral y Berdugo.