La fecha del 26 de mayo se ha convertido en una cuenta atrás para Ya Amou, una mujer que llegó a España desde Malí hace casi dos décadas junto a sus tres hijos para reunirse con su marido, que había emigrado previamente. El citado día está previsto el desahucio de la vivienda en la que reside desde su llegada a España junto a su hija menor y su nieta, nacida hace apenas unas semanas. Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid alertan de que la familia atraviesa una situación de "extrema vulnerabilidad", reclaman una respuesta urgente de las administraciones públicas y han convocado un acto en solidaridad con esta vecina en la Plaza de Lucero de Madrid, teniendo como marco la manifestación por la vivienda del 24 de mayo, apenas dos días antes del momento en el que está previsto el desahucio.
La vivienda pertenece actualmente al fondo de inversión Mona ITG, integrado en la sicav Orion Constellation, registrada en Luxemburgo. Según denuncian los colectivos de vivienda, este entramado financiero opera mediante fondos especializados en inversión inmobiliaria y especulación, dejando en situación de vulnerabilidad a familias como la de Ya Amou. "No sé dónde vamos a ir. Con lo que gano no puedo pagar otro alquiler", explica la vecina, que además asegura haber recibido presiones por parte de intermediarios vinculados al proceso de desalojo.
La amenaza de perder el hogar, para Ya Amou, al igual que para muchas otras familias en situaciones parecidas, no es nueva. Su caso particular, además, es especialmente sangrante. Llegó a España hace veinte años y su marido adquirió la vivienda junto a otros dos conocidos mediante una hipoteca compartida. Con el tiempo, uno de ellos falleció y su pareja regresó a Malí. El tercer titular quedó encargado de gestionar los pagos bancarios, de los cuales se desentendió sin informar al resto, generando una deuda cercana a los 5.000 euros. Debido a las dificultades de Ya Amou con el idioma, no comprendió las comunicaciones del banco ni la gravedad de la situación. Finalmente, el proceso terminó con la pérdida de la propiedad, que pasó primero a manos de Abanca y posteriormente fue adquirida por el fondo buitre Mona ITG. Durante los años en que el inmueble estuvo gestionado por la entidad bancaria, la familia permaneció en la vivienda gracias a un acuerdo de alquiler social de 300 euros mensuales. Sin embargo, finalizó en noviembre de 2024 y, según denuncia el entorno de la afectada, el nuevo propietario rechazó renovar cualquier fórmula de alquiler asequible. "Solo buscan rentabilidad económica y no aceptan negociar", aseguran desde el movimiento vecinal que la acompaña.
Falsas expectativas constantes
Además, el Sindicato de Inquilinas sostiene que la familia fue sometida a una "dinámica constante de falsas expectativas" relacionada con la posibilidad de recomprar la vivienda. Inicialmente, la operación se planteó por 110.000 euros, pero la cifra fue aumentando sucesivamente hasta alcanzar cantidades imposibles de asumir para ella. Además, cada vez que Ya Amou lograba avanzar en la financiación, las condiciones cambiaban. La afectada explica que pasó meses intentando conseguir una hipoteca mayor para responder a las nuevas exigencias económicas. "Cuando parecía que podíamos cerrar el acuerdo, dejaban de contestar o pedían más dinero", afirma. La última cifra planteada alcanzó los 190.000 euros, rozando el doble del precio inicial. Poco después de comunicar que no podía asumir ese importe, recibió la orden definitiva de lanzamiento, fechada ahora para el 26 de mayo.
Los colectivos por el derecho a la vivienda consideran que este caso refleja "una combinación de exclusión social, racismo institucional y vulnerabilidad económica", y denuncian además que la falta de acompañamiento administrativo agravó todavía más la situación de Amou. De acuerdo con estas organizaciones, la mujer acudió a los servicios sociales tras recibir la notificación judicial, pero no recibió información suficiente sobre los pasos legales que debía seguir. Como no comprendía correctamente el idioma ni sabía leer español, no solicitó asistencia jurídica gratuita ni se personó adecuadamente en el procedimiento, lo que provocó que el juicio avanzara sin su defensa. "Si alguien me hubiera explicado lo que tenía que hacer, habría presentado todos los papeles", lamenta la vecina, que asegura sentirse desamparada por las instituciones. "Yo esperaba que me avisaran o me ayudaran y ahora me dicen que tengo que abandonar mi casa", añade.
Por su parte, representantes legales de Mona ITG sostienen que han actuado conforme a la legalidad y aseguran haber intentado facilitar soluciones habitacionales a la familia. También niegan cualquier relación con empresas de desokupación y afirman que las conversaciones mantenidas durante estos meses se realizaron a través de mediadores. El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, no se ha pronunciado al respecto de esta situación.
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