Con motivo del intento de la Comunidad de Madrid de que el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) inicie la apertura de una universidad, el Gobierno central, a través de la Abogacía del Estado, trató de frenarlo este lunes sosteniéndose en cinco principios jurídicos, impugnando así la Orden 5465/2025 del Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso que autorizaba la adscripción de la entidad a la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
En aras de respaldar la contrariedad por la vía jurídica, fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dirigido por Diana Morant, se han vertebrado en cinco puntos esenciales. El primero de ellos, centrándose en la falta de habilitación legal, por la que se reitera que los colegios profesionales no tienen atribuida por ley la función de impartir docencia universitaria oficial, séase, grados o másteres.
Por consiguiente, es un programa que vulnera la normativa básica estatal de esta materia, puesto que la orden del Ejecutivo madrileño contraviene la Ley Orgánica del Sistema Universitario, así como el régimen estatal sobre la creación de nuevos centros universitarios. En tercer lugar, también aducen a una extralimitación de competencias, debido a que el ICAM asumiría funciones propias del sistema universitario que no contarían con cobertura normativa.
Asimismo, plantean la quiebra del modelo institucional en este campo, puesto que perciben que se desdibujaría la separación entre la formación universitaria, competencia de las propias instituciones académicas, y la ordenación profesional, perteneciente a los colegios. Por último, señalan a su vez las consecuencias para las competencias estatales que ello acarrearía, recordando así que el Ministerio actúa en defensa de sus funciones de ordenación, inspección y garantía de calidad del sistema universitario.
En esencia, las fuentes de Ciencia vienen defendiendo que el hecho de que el Gobierno de Ayuso haya dado luz verde a esta autorización es contrario al ordenamiento jurídico porque permite que un colegio profesional como es el ICAM pueda ejercer funciones universitarias oficiales “sin base legal, invadiendo competencias estatales y alterando el sistema universitario”.
El Gobierno activa mecanismos para impedir la universidad del ICAM
Fue este lunes cuando trascendió que el pasado 13 de abril la Abogacía del Estado impugnó la autorización del Ejecutivo de la Puerta del Sol a la universidad del ICAM adscrita a la Complutense ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al entender que era una medida que no respetaba las bases del ordenamiento jurídico.
El acuerdo entre Sol y el ICAM se alcanzó en noviembre de 2025, aunque el proyecto ya venía secundado de polémicas en las vías jurídica, académica y corporativa, puesto que su mera apertura fue retrasada un año por el arduo camino legal y por las dudas en su encaje normativo. Cabe remarcar que el TSJM ya admitió a trámite anteriores recursos contra la autorización del centro universitario adscrito al colegio de abogados.
Por ende, el argumento del Ministerio de Universidades viene recordando que, aunque la competencia en esta materia recaiga sobre las comunidades autónomas, se ha de ejercer respetando las pautas de la legislación estatal, la Ley Orgánica del Sistema Universitario, la LOSU, y el decreto de creación de universidades. Sin contar con estas bases, el Gobierno de Ayuso no podría dar luz verde al centro para que desempeñe sus funciones más básicas.
Según sostiene el servicio jurídico del Estado español, los colegios profesionales pueden colaborar en planes de estudio, participar en patronatos universitarios y ofrecer formación continua o cursos para posgraduados, pero, en ningún caso, convertirse paralelamente en titulares de un centro que imparte grados y másteres universitarios oficiales. Por ello, con este escenario concreto de por medio, el Ministerio teme que pueda sentar precedente para el horizonte próximo, teniendo en cuenta el modelo universitario que se aplica en la Comunidad de Madrid, más declinado por las privadas.
Otras voces del Gobierno se situaron en las últimas horas en contra de este escenario. El ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, así como el líder del PSOE-M, Óscar López, se postuló a la negativa de la intención del Ejecutivo de Ayuso: “No tiene encaje legal y altera el sistema universitario: la función de los colegios profesionales no es montar negocios académicos privados. No queremos pensar que hay favores que pagar”, sentenció a través de sus redes sociales.