Las cifras de la inversión récord en dependencia: de los 5.400 millones recortados por Rajoy a los 7.200 millones anuales

La calidad de una democracia puede medirse, entre muchos indicadores, por cómo trata a sus personas dependientes. Hace una década, España suspendía estrepitosamente en esta materia, pero el trabajo de las dos últimas legislaturas no solo ha conseguido recuperar todo el retroceso, sino que se ha llevado la inversión hasta cifras récord. El Gobierno de coalición ha aprobado un incremento de la partida de 6.200 millones de euros para 2026 y 2027, lo que se llevará la cuantía para ambos años a totales nunca vistos.

La reforma estructural del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) se traduce en que el Estado transferirá a las Comunidades Autónomas 5.513,8 millones de euros este año y 7.239,4 millones de euros el que viene para dependencia. Estas cifras son cinco veces superiores a las de la última legislatura de Mariano Rajoy, época (2011-2018) en la que se llegaron a recortar 5.400 millones de euros para el cuidado de las personas dependientes. Una situación que ya fue revertida en la primera legislatura de la coalición progresista y que sigue mejorando en la segunda.

Más allá de lo impactante de estas grandes cifras, la traducción real en las familias es evidente. Las cuantías del nivel mínimo de protección que el Estado trasladará a las CCAA, competentes en la materia, se incrementarán un 128% en el caso de las personas con un grado III de dependencia, pasando de los 290 a los 660 euros al mes; un 100% para las personas con grado II, saltando de los 130 a los 260 euros al mes; y un 18% para el grado I, incrementándose de los 76 a los 90 euros al mes.

“Cumplimos con lo prometido”, ha celebrado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, satisfecho con el aumento de un 423% de inversión desde la pandemia, un 124% tan solo en esta legislatura. “Un cambio estructural que da más apoyo a quien más lo necesita”, ha celebrado el impulsor de esta reforma. Actuaciones que han permitido reducir a más de la mitad las listas de espera, que se espera que desaparezcan, y han permitido que se reconozcan hasta 600.000 prestaciones más.

Además, si existe una variable clave es que consolida la obligación estatal. Se blinda a futuro esta inversión ampliada, pues supondrá una obligación para el Estado, independientemente de cuál sea el Gobierno y de su situación presupuestaria, y dado que estas nuevas cuantías para cubrir los niveles mínimos de protección sólo podrían revertirse por una norma con rango de ley. El objetivo es mejorar la calidad de atención y, al mismo tiempo, enfrentar nuevos retos como el envejecimiento de la población o los cambios en las estructuras familiares y el Ejecutivo que quiera revertir estos avances deberá explicarlo.

“Pasar de un modelo asistencialista a uno que garantice el derecho al cuidado, con cuidados en el hogar, personalizados y en comunidad, para que cada persona pueda vivir donde quiera, con apoyo suficiente, dignidad y autonomía” es el gran cambio que Bustinduy considera que hay que conseguir. “El reto que enfrenta la dependencia no es sólo de financiación, sino también de modelo. Por eso la convalidación de este decreto se votará junto a las nuevas leyes de discapacidad y dependencia”, ha apuntado el ministro de Sumar, garantizando que “será el mayor avance del Estado social en décadas”.

Mejoras planteadas

Desde el Ministerio de Bustinduy ensalzan que las autonomías disfrutan ya de mucho más dinero, que además se incrementará en este año y en 2027. La reforma obliga a las CCAA a incorporar nuevos modelos de convivencia colaborativa y cuidado y apoyos en viviendas compartidas; dar productos de apoyo como sillas de ruedas, andadores, camas articuladas o asistentes de voz; ofrecer servicios de asistencia personal; o extender la ayuda a domicilio. Además,  Derechos Sociales señala mejoras que podrían implementar las regiones desde este momento:

• Continuar reduciendo listas de espera para acceder a una prestación por dependencia, agilizando el sistema y minimizando la burocracia
• Contratar a más trabajadoras para ofrecer cuidados a las personas en situación de dependencia y mejorar sus condiciones laborales
• Ofrecer más y mejores servicios a las personas en situación de dependencia, especialmente aquellas en una situación más grave
• Ampliar la atención a domicilio e incrementar los centros de día
• Invertir más en tecnología y consolidar servicios como la teleasistencia
• Transformar los centros residenciales para superar el modelo de las macrorresidencias y habilitar espacios en el que los usuarios tengan más autonomía, en sintonía con los diferentes proyectos residenciales