El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en junio una inversión histórica en materia de dependencia, que supondrá el desembolso extra de 6.200 millones de euros en dos años a las comunidades autónomas. Esto entra dentro del compromiso del Ejecutivo de llegar a asumir el 50% de la financiación del sistema de dependencia, que es una de las patas principales de la reforma aprobada este martes por el Congreso de los Diputados. Este espaldarazo, impulsado desde el Ministerio de Derechos Sociales, permitirá crear unos 100.000 nuevos puestos de trabajo, según la estimación de Moncloa.
Las reformas a las leyes de dependencia y discapacidad son uno de los proyectos estrella del área que dirige Pablo Bustinduy. El ministro celebró “la mayor ampliación de la red de protección social en décadas” después de que salieran adelante en la Cámara Baja con los únicos votos en contra de Vox. Ahora, y antes de que los textos pasen por el Senado, el Ministerio abre la siguiente etapa, que es la de sentarse con los agentes sociales a negociar medidas para mejorar las condiciones laborales en el sector de la dependencia.
En esta mesa de diálogo estarán los sindicatos y la patronal, y el Gobierno espera sacar adelante mejores salarios, más formación y mayor estabilidad para un sector altamente feminizado, y que adolece de una precariedad que la ley busca remediar. Esto se podrá conseguir también por el desembolso de 6.200 millones de euros anunciado por Sánchez.
Las listas de espera, otro de los objetivos
Actualmente, la atención a la dependencia emplea a más de medio millón de personas, según los datos de afiliación a la Seguridad Social. Esos nuevos fondos, además de contribuir a que el Estado asuma en 2027 la mitad de la financiación y aliviar a las comunidades autónomas, permitirá generar entre 107.735 y 115.050 nuevos puestos de trabajo, según la estimación del Ministerio de Bustinduy.
Estos se conseguirían a través del presupuesto extra con el que contarán las autonomías. Las más beneficiadas serán las que recibirán más fondos, que son Andalucía, donde el Gobierno espera que se generen unos 23.500 empleos; Madrid, con 22.300 nuevas incorporaciones al sector, y Cataluña, donde se dará trabajo a unas 12.700 personas. En cifras similares está la Comunidad Valenciana (12.704 empleos), y por detrás otras como Castilla y León (7.329), Canarias (6.563), Castilla-La Mancha (6.254), Galicia (6.156) o Murcia (3.334).
La inversión también espera ayudar a reducir considerablemente las listas de espera. A finales de junio, 142.887 personas dependientes estaban esperando a recibir su prestación. Con este desembolso, el área de Bustinduy espera que a finales de 2027 la cifra se haya reducido en unas 71.000. En cuanto a los beneficiarios de la atención a la dependencia, se espera que el próximo año se sumen 417.000 personas más, siendo de nuevo las autonomías en las que más se invertirá las que se espera que se beneficien en mayor medida. A finales de junio, 1.853.859 españoles constaban en el Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) como beneficiarios del sistema, con derecho a prestación.
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