Ceuta ha comenzado este viernes el traslado de los migrantes que permanecían alojados de manera precaria en las playas de El Trampolín y Benítez hacia el campamento provisional instalado en el puerto de la ciudad autónoma. El dispositivo ha arrancado sobre las 6.30 horas, apenas un día después de que la Audiencia Nacional rechazara paralizar de urgencia la utilización de los terrenos portuarios, tal y como había solicitado el Sindicato Unificado de Policía (SUP).
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado participan desde primera hora en una operación con la que el Gobierno pretende sacar de las playas a alrededor de 1.700 migrantes y trasladarlos a las instalaciones acondicionadas en el Muelle de Poniente. Durante el inicio del dispositivo se han producido momentos de precipitación, con personas que han tratado de adelantarse ante el temor de quedarse sin plaza en el nuevo recinto. La capacidad disponible es limitada en relación con el número de personas que todavía permanecen fuera de los espacios de acogida habilitados en Ceuta.
El traslado había estado previsto inicialmente para días antes, pero quedó en suspenso después de que la Audiencia Nacional acordara el miércoles frenar temporalmente la utilización de las parcelas del puerto. La decisión respondía al recurso presentado por el SUP contra la resolución del Ministerio de Transportes que autorizaba la ocupación temporal de unos 16.000 metros cuadrados de suelo portuario para instalar el dispositivo humanitario. El sindicato planteaba dudas sobre las condiciones de seguridad tanto para los agentes destinados en la zona como para las propias instalaciones portuarias.
La situación cambió este jueves. Después de recibir la documentación remitida por el Ministerio de Transportes, la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechazó adoptar la medida cautelarísima solicitada por el sindicato. Los magistrados consideran que los argumentos planteados por el SUP no justificaban suspender de inmediato la autorización para utilizar las parcelas, puesto que la resolución recurrida se limita fundamentalmente a permitir la ocupación temporal del suelo.
La Audiencia Nacional señala además que será el Ministerio del Interior el encargado de determinar las condiciones concretas de seguridad en las que deberán trabajar los agentes y permanecer las personas acogidas. El tribunal recuerda que la propia autorización obliga a compatibilizar el uso humanitario de las parcelas con la seguridad y el funcionamiento ordinario del puerto. La decisión no pone fin al procedimiento judicial: el recurso contencioso-administrativo continúa abierto y la Sala tendrá que resolver posteriormente sobre las medidas cautelares una vez escuchadas las alegaciones de la Administración.
Un campamento clave para liberar las playas
El Gobierno considera el espacio portuario una pieza fundamental de su estrategia para aumentar la capacidad de acogida tras la entrada masiva registrada en Ceuta a finales de julio. Antes de la crisis, la ciudad disponía de alrededor de 500 plazas, mientras que a mediados de septiembre el Ejecutivo aseguraba haber elevado a 4.160 el número de personas atendidas en alojamientos temporales. El objetivo anunciado es llegar a unas 6.000 plazas.
La situación en El Trampolín y Benítez se había convertido entretanto en uno de los principales problemas humanitarios de la crisis. Miles de personas han pasado semanas durmiendo en asentamientos improvisados mientras esperaban su identificación, la tramitación de posibles solicitudes de protección internacional o los procedimientos correspondientes para determinar su situación administrativa. El Gobierno sostiene que disponer de espacios controlados permitirá acelerar esos procesos y mejorar las condiciones de alojamiento.
El Ejecutivo ya había trasladado en las últimas semanas a miles de personas a distintos emplazamientos habilitados de forma extraordinaria. El pasado 15 de septiembre, el Consejo de Ministros cifraba en 4.160 las personas alojadas en plazas temporales y aseguraba que estaban siendo sometidas a labores de triaje y filiación. También anunció la creación de otras 1.800 plazas para alcanzar aproximadamente las 6.000.
La apertura del Muelle de Poniente permite ahora afrontar uno de los asentamientos que permanecían pendientes. Sin embargo, el traslado de este viernes no supone por sí solo el final de la crisis. El número exacto de personas que siguen fuera de los centros continúa siendo difícil de determinar, mientras el Ejecutivo mantiene los procedimientos de identificación, protección internacional y retorno. Interior aseguró este jueves que España seguirá tramitando las solicitudes de quienes puedan tener derecho a protección y trabajando en el retorno de quienes hayan entrado irregularmente y no puedan permanecer legalmente en el país.
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