El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, intenta una vez más el equilibrio entre su "tono moderado" anterior y las exigencias de Juan García-Gallardo, su socio de Vox en el Gobierno de la Comunidad Autónoma, que ayer cargó con fuerza contra el plan de ahorro y gestión energética del Gobierno de Pedro Sánchez, amenazando con recurrirlo al Tribunal Constitucional y calificándolo de "cacicada suicida".

En esta ocasión se trata del alboroto en torno al decreto del Gobierno de España que ha pillado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo y a sus comunidades con el pie cambiado.

Mañueco tiene dificultades para situarse en el lado contundente del mapa que abandera la presidenta de Madrid mientras Feijóo siga sorteando su posicionamiento, pero tampoco puede escapar del "movimiento rebelde", porque ha sido precisamente su vicepresidente quien de nuevo le ha adelantado por la derecha, enarbolando la bandera de Vox para dejar claro que la formación está con Isabel Díaz Ayuso.

El PP pide aclaraciones y Vox, la derogación

Después de su arranque contra el "decreto suicida" de ayer, García-Gallardo anunciaba hoy (también en Twitter) que había hablado ya con el presidente y que están de acuerdo en pedir informes jurídicos para estudiar ese posible recurso ante el Constitucional.

Mientras tanto, su grupo parlamentario en las Cortes presentaba este viernes, en un nuevo golpe de efecto dirigido desde la sede nacional del partido, un "Plan de Soberanía Energética" junto al que exigen la derogación del decreto de ahorro del Gobierno.

En el otro lado de la Junta, Mañueco tira por la calle de en medio, sin declaraciones altisonantes, pero haciéndose presente en el barullo, poniendo a la firma de su  consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, una carta para la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la que solicita al Gobierno que permita la participación de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales en las medidas de ahorro previstas en el Real Decreto Ley 14/2022, de 1 de agosto y que se establezcan cauces  de diálogo con los sectores productivos afectados.

En la carta, Carriedo afea el hecho de que en la Conferencia Sectorial de Energía -celebrada el pasado jueves 28 de julio-, "no se hizo referencia al contenido de la inminente aprobación por parte del Gobierno de la Nación del mencionado Real Decreto Ley y su impacto sobre multitud de actividades, más cuando estas medidas se aplican a la Administración y a diferentes sectores económicos".

El consejero pedía a la ministra una reunión urgente de la Conferencia Sectorial de Energía, para "aclarar las dudas interpretativas" y clarificar a quién corresponde el control del cumplimiento de las medidas, mientras el Ministerio convocaba de urgencia a las comunidades autónomas para la próxima semana.

Carriedo asumía, finalmente, los postulados del decreto, haciendo referencia en su carta a "la solidaridad de Castilla y León con el conjunto de España en materia energética, que se pone de manifiesto tanto en su contribución a la producción energética, como en el compromiso de ahorro en el ámbito de sus competencias".

Finalmente sólo queda comprobar qué votará el PP a la propuesta de Vox en las Cortes de Castilla y León y si los informes jurídicos que Gallardo afirma se han solicitado abrirán el camino al recurso en el Constitucional.