El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo obligará a que, a partir del 12 de junio, se active una maquinaria que Bruselas lleva años construyendo: sistemas policiales, judiciales y aduaneros integrados con el resto de la Unión, procedimientos de criba en frontera y un sistema de vigilancia biométrica que incluirá la cara y las huellas dactilares de cualquier menor no acompañado desde los seis años de edad. En dicha fecha entrará en vigor un conjunto de reglamentos que el Parlamento Europeo aprobó en 2024 y que transforman la gestión migratoria en todo el continente. El sufrimiento migratorio se puede ejemplificar con tres casos: Canarias, Lampedusa (Italia) y Lesbos (Grecia) llevan años siendo territorios especialmente afectados por los fenómenos migratorios, y con la nueva normativa, lo serán más todavía, además de que los protocolos y el tratamiento a las personas se endurecerán, facilitando las deportaciones a terceros países y generando cribados y limbos legales deshumanizantes para los afectados. 

"El acuerdo hará que el retorno de los migrantes sin derecho a permanecer en la Unión Europea sea más rápido y más coherente en toda Europa", argumentaba esta semana la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, después de que la Eurocámara y el Consejo Europeo aprobasen el texto. La normativa, que debe ser ratificada oficialmente, contempla la creación de centros de expulsión en terceros países y elimina la obligación de que estos tengan necesariamente una vinculación con las personas deportadas. El acuerdo también permitirá expulsar de forma inmediata a aquellas personas a las que se les haya denegado la solicitud de asilo. Bruselas avanza, así, hacia un endurecimiento de las fronteras y al desarrollo de mecanismos para agilizar las expulsiones de personas migrantes fuera del continente. Sin que la extrema derecha haya llegado a gobernar en el Viejo Continente (con excepciones como Hungría), sus marcos sobre inmigración se están imponiendo igualmente con el volantazo conservador de la administración comunitaria.

La medida más inmediata es la implantación del procedimiento de cribado (conocido como screening en la jerga comunitaria) en todos los puntos de entrada de migrantes. Cualquier persona que llegue, por ejemplo, a las costas canarias, tendrá que someterse a exhaustivos controles de identidad, estado de salud y perfil de seguridad en un plazo máximo de siete días, tiempo en el que los migrantes no tendrán derecho legal a pisar territorio nacional. El pacto lo llama "ficción de no entrada", en lo que, en otras palabras, consiste en un limbo jurídico administrado en instalaciones fronterizas que España tiene que habilitar o ampliar. Si los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) ya operaban al límite de su capacidad, la situación se tensará todavía más ahora. La obligación de retener sistemáticamente a quienes llegan exige una inversión en infraestructuras adicional que dependerá del Ministerio del Interior.

A su vez, al cribado le sigue, de forma automática para ciertos casos, el procedimiento fronterizo exprés de asilo. La regla es concreta: si el solicitante proviene de un país con una tasa de concesión de protección internacional inferior al 20%, su caso debe resolverse en un máximo de 12 semanas. Mientras dura ese proceso, la persona permanece confinada en zonas de tránsito o ubicaciones fronterizas habilitadas, sin poder esperar una decisión en libertad.

Una suerte de sala de espera para migrantes

El cribado convierte los destinos principales en una especie de sala de espera para personas en situación de extrema vulnerabilidad. Según informes de carácter anual, más de 117 millones de personas en todo el mundo se encuentran actualmente desplazadas, una cifra que se ha visto doblada en la última década. La mayoría son desplazados internos que buscan refugio de la guerra en sus países o de las consecuencias de fenómenos meteorológicos adversos. Mientras los desplazados aumentan, no obstante, las cifras de refugiados disminuyen porque cambian las políticas de acogida. Organizaciones humanitarias llevan años denunciando las consecuencias de esta reforma migratoria y alertan de traerá consigo un aumento de las detenciones, el hacinamiento, los perfilamientos raciales y la consolidación de dinámicas racistas en los procedimientos administrativos. 

La experta en refugiados y migración Petra Bendel critica este plan europeo que algunos dirigentes, como el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, han calificado de "innovador". La UE depende, a su vez, de socios que cooperen para llevar a cabo estas políticas, especialmente en África. Túnez y Egipto se mencionan con frecuencia; ambos países están separados geográficamente de Europa únicamente por el mar Mediterráneo. Pero la UE también tiene en su punto de mira otros países más distantes, como Ruanda y Uganda.

Canarias, Lampedusa y Lesbos, entre los territorios más afectados

Los lugares más afectados por los flujos migratorios son aquellos que ejercen como receptores de primera llegada. Ejemplos concretos son Canarias (España), Lampedusa (Italia) o Lesbos (Grecia), y no es nuevo. Hace ya casi diez años, Médicos Sin Fronteras (MSF) publicaba un descorazonador informe bajo el descriptivo título 'Deterioro dramático de los solicitantes de asilo en Lesbos' denunciando el "dramático deterioro" en la atención y seguridad de las personas que entonces llegaban a la isla helénica, huyendo del terror de la violencia y las guerras que sacuden Siria, Iraq y Afganistán.

De acuerdo con aquel informe, dos de cada tres pacientes de los que atiende MSF en Lesbos eran víctimas de la violencia antes de llegar a Grecia, uno de cada cinco sufrió torturas y la mitad de las mujeres a las que la ONG realizó  exámenes ginecológicos habían sido víctimas de violencia sexual, una situación a la que, además, los trabajadores de la ONG se veían obligados a trabajar ante graves recortes presupuestarios y de plantilla.

También hace varios años surgió en Lampedusa una de las imágenes más vivas de la miseria y la desesperación. Al menos cuatro migrantes de la embarcación Open Arms se lanzaban al agua para alcanzar la isla de Lampedusa, en unas imágenes difundidas en su momento por el fundador de la ONG, Óscar Camps, que ya venía alertando de que la situación a bordo era insostenible. "Avisamos hace días, la desesperación tiene límites", lamentaba.


Esta isla es, además, uno de los epicentros migratorios de Europa, en tanto que recibe personas desde Libia, Túnez, Sicilia y Malta. En Italia, sin embargo, apenas se habla de Lampedusa porque el Gobierno de Giorgia Meloni pasa por alto la situación en la isla. 

Estos tres lugares tienen, además, otro rasgo en común: que no solamente hacen frente a los flujos migratorios, sino también a los turísticos. "Estamos de vacaciones y no notamos a los migrantes aquí en Lampedusa, pero sí a los turistas", explicaba una residente al diario ElMundo. Los motivos no son otros que, tras las primeras llegadas, las recolocaciones se producían con celeridad, al menos hasta ahora, que entra en vigor el cambio de normativa, y que la inversión en infraestructura turística adelanta por la derecha a las políticas de gestión migratoria. La Unión Europea parece haber tirado la toalla con el sur del Viejo Continente, destinado a recibir turistas y a ser una sala de espera de migrantes que esperan a ser repatriados.

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