La crisis migratoria que desbordó Ceuta a finales de julio ha dado paso, apenas dos semanas después, a una respuesta diferente ante los llamamientos para intentar nuevos cruces este 15 de agosto. El Gobierno ha reforzado la coordinación entre departamentos, ha aumentado su presencia institucional y ha utilizado los canales oficiales para contrarrestar los mensajes que circulaban en redes sociales.

El dispositivo se activó después de que los servicios de información detectaran convocatorias para intentar una nueva entrada colectiva. Paralelamente, Marruecos desplegó miles de efectivos alrededor de Fnideq (Castillejos) y reforzó los controles en las carreteras que conducen hacia la frontera.

La jornada terminó sin una entrada de las dimensiones registradas a finales de julio. Las fuerzas marroquíes comunicaron la detención de cientos de personas que trataban de aproximarse a Ceuta, mientras el paso fronterizo y la costa española permanecían bajo vigilancia reforzada.

Un discurso más contundente

Uno de los cambios más visibles se ha producido en el lenguaje utilizado por el Ejecutivo. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró durante su visita a Ceuta que “hasta la última persona” que hubiera entrado irregularmente en España regresaría a Marruecos, y vinculó esa posibilidad a la “voluntad expresa” de Rabat.

La advertencia pretende dejar claro que acceder de forma irregular a Ceuta no supone automáticamente poder permanecer en España ni continuar hacia otros países europeos.

Ese mensaje, sin embargo, está sujeto a los límites de la legislación. Las solicitudes de protección internacional deben tramitarse conforme a las garantías previstas y los menores extranjeros no acompañados están sometidos a procedimientos específicos en los que debe prevalecer su interés superior. Por tanto, las devoluciones no pueden aplicarse de manera automática a todos los casos, aunque el Gobierno haya elevado durante estos días el tono de sus advertencias públicas.

La batalla contra los bulos llega a las redes

La comunicación institucional también ha cambiado. Después de que durante la crisis de julio circularan mensajes sobre las supuestas posibilidades de permanecer en España tras entrar irregularmente, las instituciones han intervenido esta vez directamente en los mismos canales donde se difundían las nuevas convocatorias.

La Embajada de España en Marruecos ha publicado mensajes recordando que entrar irregularmente en Ceuta o Melilla no concede el derecho a permanecer en España ni a acceder al resto de Europa. La Guardia Civil se ha sumado con comunicaciones destinadas a disuadir de los intentos de cruce, especialmente por mar, y advertir de los riesgos para la vida.

La diferencia respecto a finales de julio está en el momento de la intervención: los mensajes oficiales comenzaron a difundirse antes de que la convocatoria del 15-A pudiera traducirse en una llegada masiva a la frontera.

La cooperación con Marruecos, clave

El despliegue español explica sólo una parte de lo sucedido. Las autoridades marroquíes reforzaron durante toda la semana los accesos a Fnideq, la vigilancia en zonas montañosas y el control marítimo. Miles de agentes participaron en un operativo destinado a impedir que grandes grupos alcanzasen el perímetro fronterizo.

La cooperación con Rabat continúa siendo, por tanto, uno de los elementos centrales de la respuesta española. También resulta fundamental para ejecutar los retornos de aquellas personas cuya devolución pueda realizarse conforme a la legislación.

Esa dependencia de la coordinación bilateral ayuda a explicar el tono prudente que el Ejecutivo ha mantenido hacia Marruecos durante la crisis, incluso mientras se sucedían las actuaciones policiales a ambos lados de la frontera.

Los menores, la principal tarea pendiente

La situación más compleja continúa siendo la de los menores extranjeros no acompañados. El Gobierno ha puesto durante estos días el acento en la reagrupación familiar cuando pueda realizarse con garantías. Tanto el Ejecutivo central como el Gobierno ceutí han señalado esa vía como prioritaria antes de plantear otras soluciones.

Cualquier retorno debe estudiarse de manera individual y atender al interés superior del menor. Cuando esa opción no sea posible, continúa vigente el mecanismo de distribución entre comunidades autónomas aprobado para aliviar situaciones de especial presión migratoria.

Este último asunto ha ocupado menos espacio en el discurso público durante la semana, mientras los mensajes institucionales se concentraban en evitar nuevos cruces y en reforzar la idea de que entrar irregularmente en Ceuta no garantiza el traslado a la Península.

Si bien la convocatoria no desembocó en otra entrada masiva, buena parte del trabajo sigue abierto dentro de Ceuta, habida cuenta de que los retornos continúan y la situación de los menores sigue pendiente de resolverse.

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