Todo lo acontecido durante meses en el caso que involucró al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en un delito de "revelación de datos reservados", siendo este un proceso que concluyó con un Tribunal Supremo que lo halló culpable, no solo se ha convertido únicamente en un arma arrojadiza en la política española en este tiempo, sino que también quedará marcado como uno de los principales episodios de la historia judicial del país.
Pasadas ya unas semanas del final de este proceso, la condena a Álvaro García Ortiz no solo se mantiene como un debate que despierta emociones intensas para todas las opiniones, sino que en el futuro continuará siendo un importante punto de desencuentro no solo en lo relacionado al final de este juicio, sino también por todo lo ocurrido tanto previamente al inicio de las sesiones en los juzgados, como en las declaraciones que dejaron los interrogados y las acciones de los propios jueces que conformaron el tribunal que juzgó al que fuera hasta hace poco fiscal general del Estado.
En una entrevista concedida a El País, Baltasar Garzón, quien fuera juez hasta ser inhabilitado por las investigaciones que realizó de la trama Gürtel, hace un análisis de distintas situaciones vividas en este juicio, halla similitudes entre Álvaro García Ortiz y su propia persona, así como considera que Miguel Ángel Rodríguez no debería de salir indemne.
¿Por qué no se persiguió el bulo de Rodríguez? Garzón señala una posible calumnia
Durante el proceso judicial contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, un elemento central fue el bulo difundido por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Rodríguez comenzó a difundir entre periodistas una versión falsa sobre el caso de fraude fiscal del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, sosteniendo que la Fiscalía había ofrecido un pacto y que este fue retirado por “órdenes de arriba”. Es decir, daba la vuelta a la realidad, en la que el novio de Isabel Díaz Ayuso, para reducir el peso de la justicia que podía caer sobre él, reconocía haber cometido un doble fraude a la Hacienda Pública.
En el juicio, Rodríguez reconoció ante el Tribunal Supremo que lo difundido se basó en una intuición sin base informativa ni fuente concreta, admitiendo que parte del relato que había circulado en medios giraba en torno a una suposición.
Sobre este asunto, a Baltasar Garzón le surgen dudas. Así, en la entrevista concedida a El País, cuestiona por qué no se actuó de oficio ante la difusión del bulo que había realizado el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. No solo eso, sino que se muestra sorprendido porque el efecto en relación a esto fuera todo el contrario. Así, no entiende que se ponga tanto peso sobre la nota de prensa que emitió la Fiscalía para desmentir la información falsa y que quien la propagó no haya tenido ninguna consecuencia.
"La sentencia invierte la carga de la prueba. Llega a decirle al acusado que tenía que haber guardado los mensajes de su móvil. La justicia es al revés. Y si en la cabeza de los magistrados estaba ya utilizar la nota de prensa, desde el inicio del juicio tenían que haberse referido como hechos punibles tanto al correo como a la nota, porque introducirla al final produce indefensión", declara.
La Justicia internacional no entiende el final de este proceso y otros asuntos
En la entrevista, Baltasar Garzón vincula la condena al fiscal general del Estado, su propia inhabilitación como juez y la reacción de instancias europeas e internacionales para subrayar que la percepción de justicia en España se aleja de los estándares de otros países. Garzón afirma que jueces y fiscales de Italia, Francia y Latinoamérica le han expresado su perplejidad por la condena al fiscal general, señalando que no entienden la condena, algo que, según él, daña la reputación del sistema judicial español y recuerda a su propio proceso.
Además, recuerda que el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó en 2021 que su inhabilitación fue arbitraria, violando el derecho a un tribunal independiente e imparcial, y exigió medidas de reparación, exigencia que las autoridades españolas han ignorado.
No solo eso, sino que en la entrevista de El País, Garzón alude a la ley de amnistía en el contexto de las críticas que ha recibido del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, que antes de conocer el texto llegaron a afirmar en una declaración institucional que la norma supondría “la abolición del Estado de Derecho”. Garzón subraya que, pese a esa oposición de los órganos judiciales españoles, el abogado general de la Unión Europea ha avalado la norma y que su constitucionalidad no está prohibida por la Carta Magna, lo que deja en evidencia, según él, la discrepancia entre las instituciones españolas y los criterios europeos sobre la amnistía. En su opinión, esta resistencia de los poderes jurídicos nacionales frente a la ley, que ha sido respaldada en última instancia por instancias comunitarias, encarna otro ejemplo de cómo la justicia y los órganos de control españoles no comprenden ni aceptan las señales y opiniones de la justicia internacional y europea en asuntos fundamentales del Estado de Derecho.
Siente tanto esperanza como pena hacia la Justicia española
Baltasar Garzón ha dejado ver sentimientos contrarios en sus respuestas. Expresa una mezcla de esperanza y profunda preocupación ante el funcionamiento actual de la justicia española, sentimientos que cristalizan en su valoración del juicio al fiscal general del Estado. Por un lado, destaca como elemento positivo la existencia de votos discrepantes, que considera coherentes con lo ocurrido en la vista oral y alineados con la percepción mayoritaria de los periodistas que siguieron el proceso, muchos de los cuales concluyeron que no había sido el fiscal general quien cometió el delito, pues declararon que la filtración no la llevó a cabo Álvaro García Ortiz. Para Garzón, esos votos reflejan la realidad probatoria y actúan como un último anclaje de confianza institucional.
Sin embargo, reconoce que, aunque tras el juicio llegó a convencerse de que la absolución era inevitable, porque lo contrario supondría, a su juicio, “la muerte de la justicia en España” y la pérdida definitiva de confianza en el Tribunal Supremo, la decisión final le recordó inevitablemente a su propio proceso de inhabilitación, al percibir patrones similares de ruptura entre los hechos y la resolución judicial.
Garzón concluye que estos episodios evidencian un problema estructural: la instrumentalización de la justicia con fines políticos. Subraya la necesidad de contrapesos efectivos y de una judicatura que actúe con imparcialidad, al margen de presiones y dinámicas partidistas, como condición indispensable para preservar el Estado de Derecho.