Brotes verdes entre el Gobierno y Podemos tras la regularización de migrantes: negociación, resultado y antecedentes

El Gobierno de coalición y Podemos ha recuperado temporalmente su sintonía gracias a la regularización extraordinaria de migrantes que aprueba este martes el Consejo de Ministros. Los socialistas, al frente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y los morados, con cuatro escaños clave en el Congreso de los Diputados, han alcanzado un acuerdo para dar vía libre a una medida que podrá sacar de las sombras a más de medio millón de migrantes en situación irregular, exigencia previa de los de Ione Belarra para abordar cualquier otro cambio en materia migratoria.

La norma no tendrá que recibir el apoyo parlamentario por su forma, lo que garantiza su aplicación en un momento internacional de creciente racismo. La medida beneficiará a todos aquellos migrantes que residiesen en España desde antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan demostrar que llevan asentados en el país desde al menos cinco meses, a través de contratos de alquiler, empadronamiento, informes médicos, envíos de dinero y otras pruebas de naturaleza similar. Una vez constatada la veracidad, se otorgará la regularización provisional con una autorización de residencia anual y, cuando esta finalice, podrá accederse a la autorización ordinaria reglada por extranjería.

La eurodiputada Irene Montero ha sido la encargada de anunciar la medida en un acto del partido morado en Madrid, momento en el que ha defendido que el proceso será “ágil y eficaz” y que servirá para combatir una de las muchas formas de “violencia racista” que sufren las personas migrantes. En esta línea, ha cargado contra los políticos que "a diario" vinculan a migrantes con delincuencia cuando, quienes ya han salido a poner el grito en el cielo por el decreto, y ha recordado que los mayores "ladrones" en este país llevan "traje y corbata y son blancos".

Desde Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han sido algo más comedidos en la celebración del acuerdo, pero lo han valorado como un gran avance. “El objetivo es garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente”, han trasladado fuentes de la cartera pilotada por Elma Saiz. Este movimiento, además, también acerca a los diversos socios del Gobierno, especialmente a Podemos y Junts, enfrentados por la petición independentista del traspaso de las competencias migratorias. Una petición comprometida por el Ejecutivo a la derecha catalana y que Podemos ha querido evitar por sus tintes racistas y que ahora podría dejar pasar al garantizarse la regularización de los migrantes.

Una dura negociación para otra regularización

La negociación no ha sido sencilla, pero los negociadores socialistas siguen haciendo malabares para evitar derrotas y mantener, a la par, el avance social. Este martes también se enfrentarán a dos votaciones importantes en el Congreso, referidas al decreto del escudo social y la revalorización de persones y el de descuentos en el transporte público, en las que podría sufrir un duro golpe. Si bien el Gobierno intenta alinear de nuevo a los diferentes socios habituales para no permitir que decaigan políticas clave y con sello propio. ERC ya está más cerca gracias al acuerdo de finanaciación y Pedro Sánchez se ve también este martes con el lendakari Imanol Pradales. 

No obstante, Belarra niega que este acuerdo para la regularización tenga un compromiso oculto de apoyo a proyectos futuros como los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En ningún momento se ha vinculado una cosa con la otra", ha asegurado en una entrevista concedida a la Cadena Ser. La secretaria general de Podemos ha relatado que l acuerdo sobre migración se cerró este fin de semana y que la discreción en los contactos ha permitido que todo "saliera bien" y que se haya "generado un clima de acercamiento"; sin embargo, ha negado que este pacto implique que los vayan a votar a favor de las cuentas públicas.

"No tiene nada que ver una cosa con la otra, lo dejo muy claro", ha insistido. Con todo, y más allá de la pugna por bien quien ha dominado las negociaciones, lo cierto es que socialistas y morados han vuelto a alcanzar un acuerdo mucho tiempo después. Además, lo han hecho en una materia que afecta a la vida diaria de miles de personas especialmente vulnerables. Consenso que se ha valorado muy positivamente desde los colectivos que, diariamente, defienden las vidas de las personas migrantes, aunque todos esperan para leer la totalidad del acuerdo.

"Celebramos porque es un trabajo de más de 6 años que ha puesto sobre la mesa del gobierno la imperiosa necesidad de la regularización de las personas migrantes”, se ha pronunciado el movimiento Regularización Ya, uno de los impulsores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regularización de migrantes, cuya tramitación, de la que ahora se desvincula, apoyó hasta el Partido Popular (PP). "Es de justicia que las personas que contribuyen a la riqueza y al desarrollo del país tengan una respuesta rápida a sus peticiones”, ha añadido el director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente.

Octava regularización

Este será el octavo procedimiento extraordinario de regularización que se aprueba España. El anterior tuvo lugar en febrero del año pasado y afectó a 25.000 extranjeros afectados por la DANA que asoló Valencia. Previamente, en España se habían llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de migrantes. La primera de ellas surgió en 1986 y permitió a 38.181 personas acceder a un permiso de residencia. En los últimos impases del franquismo, en 1974, ya había visto la luz un decreto que permitió la regularización de 11.000 ciudadanos extranjeros. Aunque para ver los primeros procesos similares hay que remontarse a 1852.

Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321. En 1996, con el PP y mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado "regularización por arraigo" y otorgó papeles a 239.174 inmigrantes de los más de 350.000 que lo solicitaron. El último proceso de regularización extraordinaria, antes de los dos aprobados por este Gobierno, tuvo lugar hace casi 20 años, en 2005, y en él obtuvieron la documentación más de medio millón de migrantes.