La política española ha convertido el Senado en un nuevo escenario de negociación entre partidos, cálculos aritméticos y estrategias de supervivencia. El anuncio de cooperación entre el PSOE y Frente Amplio para concurrir con una única lista a la Cámara Alta y evitar la dispersión del voto tuvo como respuesta los rumores de la posibilidad de un entendimiento entre el PP y Vox para que los de Santiago Abascal renuncien a presentarse en determinadas circunscripciones por motivos similares que la papeleta de izquierdas. El sistema electoral del Senado es diferente al del Congreso y también han de serlo los mecanismos de participación ante una carrera electoral tan apretada como la que se le presupone al 29-N.
La particularidad que explica estos movimientos es que, a diferencia del Congreso, donde la representación proporcional condiciona el reparto de escaños, el sistema de elección de la Cámara Alta premia con frecuencia la concentración del voto. En las circunscripciones peninsulares se eligen normalmente cuatro senadores y cada elector puede votar hasta tres candidatos. En ese contexto, una candidatura conjunta puede transformar apoyos dispersos en representación efectiva, mientras que la división entre partidos próximos puede facilitar la victoria de sus adversarios.
Ahí reside la lógica de los acuerdos que empiezan a perfilarse. Para el PSOE y las formaciones situadas a su izquierda, una lista compartida puede evitar que la fragmentación termine regalando senadores a la derecha, y para el PP, un eventual entendimiento con Vox perseguiría el mismo objetivo desde su prisma, esto es, reducir la competencia entre dos electorados parcialmente coincidentes y maximizar las posibilidades de obtener representantes. La paradoja es evidente: partidos que compiten por liderar un mismo espacio político pueden descubrir que, en determinadas provincias, su mejor negocio consiste en dejar de competir. No necesariamente porque hayan resuelto sus discrepancias, sino porque las reglas electorales hacen que la suma resulte más rentable que la confrontación.
La aritmética por encima de las siglas
El Senado ofrece un terreno especialmente propicio para estas operaciones. La batalla no consiste únicamente en convencer a más votantes, sino también en conseguir que cada papeleta tenga el máximo rendimiento posible. Una candidatura puede reunir numerosos apoyos y, sin embargo, quedarse atrás si estos se dispersan entre distintas listas. Otra puede salir beneficiada al concentrar mejor sus fuerzas. Por ello, la cooperación entre el PSOE y Frente Amplio debe interpretarse como algo más que un gesto de entendimiento, sino también como el reconocimiento indirecto de que las alianzas no solo sirven para formar gobiernos después de las elecciones, sino también para condicionar sus resultados antes de que se abran las urnas. La unidad se convierte así en una herramienta electoral con consecuencias directas sobre el reparto de poder.
En el bloque conservador, la hipótesis de que Vox se retire de determinadas circunscripciones para favorecer al PP respondería a una lógica similar. El partido de Abascal tendría que asumir el coste de no concurrir allí donde sus votos pudieran perjudicar las opciones de sus aliados potenciales. El PP, a cambio, podría beneficiarse de una mayor concentración del voto de derechas. Operaciones de esta índole, no obstante, no son gratuitas, sino que exigen negociar qué provincias se sacrifican, quién obtiene los puestos de salida y qué garantías recibe la formación que renuncia a competir.
El verdadero botín: el control de la Cámara Alta y el poder institucional
El control de la Cámara Alta tiene consecuencias políticas e institucionales de primer orden. Una mayoría sólida permite influir en la tramitación legislativa, condicionar la actividad del Gobierno y adquirir un peso relevante en determinados procedimientos constitucionales. De ahí que un eventual acuerdo entre PP y Vox pueda exceder el simple reparto de candidaturas del mismo modo que lo hará el del PSOE y el Frente Amplio.
La pregunta es hasta dónde están dispuestos a llegar los partidos para asegurarse el control de una institución. Si Vox renuncia a competir en determinadas provincias, deberá explicar a sus votantes qué obtiene a cambio, y si el PP acepta compartir posiciones para garantizar esa renuncia, tendrá que justificar que el acuerdo beneficia a su electorado y no responde exclusivamente a una negociación entre aparatos para conseguir poder institucional.
Tanto esta operación, aún no oficial, como la del PSOE y el Frente Amplio, que sí lo es, comparten un riesgo: confundir los acuerdos entre dirigentes con la voluntad ciudadana. Los partidos pueden pactar candidaturas y recomendar el voto útil, pero ello no garantiza que los electores vayan a obedecer ni a compartir los postulados de la formación con la que se mezcle su partido predilecto. La estrategia puede funcionar, pero también volverse contra sus promotores, especialmente entre aquellos votantes más puristas con su elección. Por poner ejemplos bajo términos reales, un pacto con el PSOE puede desmovilizar a ciertos votantes del Frente Amplio descontentos con la acción de Gobierno, y una retirada de Vox puede desmovilizar a parte de sus votantes que no quieran darle su voto al Partido Popular.
Por qué necesitamos tu apoyo
El 29N se decide mucho. Que te lo cuenten bien.
Entender lo que pasa hoy es esencial para decidir qué futuro queremos.
ElPlural.com no tiene grandes grupos empresariales detrás. Lo que tenemos son lectores. Y en un momento como este, eso lo es todo. Si crees que este periodismo es necesario, hazte socio o socia hoy.
Puedes cancelar cuando quieras. Gracias por tu apoyo.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.