La demanda presentada por el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, contra el empresario Víctor de Aldama encara su recta final antes de la celebración del juicio. El Tribunal de Instancia de Madrid ha fijado para el próximo 4 de noviembre la audiencia previa del procedimiento, un trámite en el que las partes tendrán la opción de intentar alcanzar un acuerdo. Si no se diera este supuesto, concebido como poco probable, la citación servirá concretar las pruebas que deberán llegar a la vista oral.
Bolaños reclama a Aldama una indemnización de 70.000 euros por considerar que vulneró su derecho al honor al acusarle públicamente de haber intentado comprar su silencio. La demanda fue presentada el pasado mes de mayo, después de que el empresario realizara estas afirmaciones durante una entrevista en Telemadrid. En ella, aseguró que el ministro había contactado con su jefe de comunicación, Ramón Bermejo, para ofrecerle "mucho dinero" a cambio de que el comisionista cesara este tipo de declaraciones públicas. Preguntado expresamente sobre si había sido Bolaños quien había realizado ese contacto, Aldama respondió afirmativamente.
El titular de Justicia sostiene que esas acusaciones son falsas y que fueron difundidas públicamente "sin ninguna prueba ni fundamento", con un supuesto objetivo espurio. Por ello, además de reclamar una compensación económica, pide que se reconozca judicialmente el perjuicio causado a su reputación.
Las llamadas en las que se basa Aldama para defenderse se sitúan en el centro de la disputa y generan dudas
La defensa del empresario trató de respaldar su versión recurriendo precisamente a las comunicaciones mantenidas por Bermejo durante el periodo en el que ejerció como portavoz de Aldama. Según su escrito, entre marzo y julio de 2024 se produjeron llamadas desde su teléfono a distintos números de Ferraz y de departamentos del Gobierno situados en Moncloa.
Aldama sostiene que en ese contexto se habrían producido los contactos para ofrecerle dinero a cambio de su silencio. Su defensa atribuye además las conversaciones a personas que, según asegura, actuaban por mandato de Bolaños, entre ellas Rafael Oñate, antiguo jefe de gabinete del ministro. Sin embargo, las propias llamadas aportadas al procedimiento no incluyen a Bolaños como interlocutor.
De acuerdo con el relato de Aldama, Bermejo habría realizado entre marzo y julio de 2024 varias llamadas a teléfonos vinculados a la sede del PSOE en Ferraz y a distintos departamentos del Gobierno situados en el Palacio de la Moncloa. Según esta versión, fue durante ese periodo cuando se habría planteado al empresario la posibilidad de recibir dinero a cambio de guardar silencio.
Por aquel entonces, nadie parecía prever que el comisionista, que permanecía en libertad pese a estar investigado en el 'Caso Mascarillas', pudiera decidir colaborar con la Justicia y revelar información sobre el caso. La situación cambió en octubre de 2024, cuando Aldama ingresó en prisión por su presunta participación en un fraude millonario relacionado con el sector de los hidrocarburos. A partir de entonces comenzó a colaborar con las autoridades judiciales.
La defensa del empresario sostiene además en su escrito que, según lo que Bermejo habría transmitido a Aldama, en algunas de esas conversaciones intervinieron “personas mandatadas por Bolaños”. Entre ellas se menciona a Rafael Oñate, antiguo jefe de gabinete del ministro, además de otros integrantes del departamento. Sin embargo, existe una discrepancia temporal en este relato, ya que Oñate abandonó ese puesto en noviembre de 2023, varios meses antes de las conversaciones que se sitúan entre marzo y julio de 2024.
El juzgado admitió la demanda de Bolaños y dio traslado de la misma a Aldama para que presentara sus alegaciones, además de solicitar el pronunciamiento de la Fiscalía sobre la continuación del procedimiento. Superados esos trámites, el proceso se encamina ahora hacia la audiencia previa.
El 4 de noviembre no será necesario que Bolaños y Aldama comparezcan personalmente, ya que pueden estar representados por sus abogados y procuradores. Si no existe un acuerdo entre las partes, el trámite servirá para determinar las pruebas que podrán ser utilizadas durante el juicio. La magistrada deberá pronunciarse posteriormente sobre su admisión y, una vez resuelta esta cuestión, fijará la fecha de la vista oral en la que deberá determinarse si las afirmaciones del empresario constituyeron una vulneración del derecho al honor del ministro.
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