El presidente en funciones de Aragón, Jorge Azcón, ha defendido en el pleno de investidura que el concepto de “prioridad nacional” pactado con la ultraderecha para revalidar su cargo al frente del Ejecutivo autonómico conlleva “baremos de acceso” a las subvenciones públicas y para dar primacía a quienes demuestren un arraigo “legal efectivo y beneficioso” en el territorio. “Este es el sentido claro de la prioridad nacional recogida en nuestro acuerdo”, ha dicho Azcón en su discurso de investidura.
El resto del programa de legislatura presentado por el líder del PP aragonés plantea una agenda marcada por el refuerzo del control migratorio, la introducción del principio de prioridad en el acceso a las ayudas públicas para quienes acrediten mayor vinculación con el territorio, así como una bajada generalizada de impuestos. A ello se suman medidas como la agilización de los desahucios y un plan educativo orientado, según sus palabras, a garantizar la libertad frente a posibles formas de adoctrinamiento.
El acuerdo suscrito el pasado 22 de abril entre el Partido Popular y Vox en Aragón ha condicionado de forma decisiva el discurso de investidura de Jorge Azcón, que no ha evitado lanzar críticas al Ejecutivo central. El dirigente ha defendido que, bajo el principio de “prioridad nacional”, se impulsará un reparto de los recursos públicos que favorezca a quienes acrediten un arraigo “real, estable y verificable” en la comunidad.
Azcón ha matizado este concepto, subrayando que los beneficiarios de ayudas deberán demostrar, mediante distintos criterios de evaluación, una relación legal, efectiva y positiva con el territorio, independientemente de su origen. Esta formulación introduce un equilibrio entre el énfasis en el arraigo y la apertura a personas de distinta procedencia, rebajando parcialmente el enfoque más restrictivo que tradicionalmente ha defendido la formación de extrema derecha en materia migratoria.
En esa línea, el candidato popular ha defendido que quienes lleguen de forma legal y contribuyan al sistema deben contar con el respaldo institucional, al tiempo que ha insistido en la necesidad de combatir con firmeza la inmigración irregular y posibles abusos asociados a ella. Un posicionamiento que combina mensajes de integración con otros de control, en un intento de conciliar las distintas sensibilidades del pacto.
Asimismo, ha querido despejar dudas sobre la aplicación de estas medidas, asegurando que se desarrollarán dentro del marco legal vigente y que no supondrán la retirada de servicios esenciales. “Nadie quedará sin atención sanitaria o social básica”, ha afirmado.
El dirigente ha concluido que el objetivo de esta política es fijar criterios de acceso a las prestaciones que, respetando la normativa, tengan en cuenta tanto el arraigo territorial como la contribución al sistema, sin discriminar por nacionalidad. Además, ha defendido que este tipo de mecanismos no son nuevos en España, recordando que ya existían en etapas anteriores de gobierno, como durante el mandato de Felipe González.
En su intervención, Azcón también ha puesto el foco en el sector primario, comprometiéndose a respaldar a agricultores y ganaderos frente a políticas europeas que, a su juicio, no se ajustan a la realidad del campo. Ha criticado la acumulación de normas y cargas que afectan a la viabilidad de las explotaciones y ha prometido una defensa activa del medio rural, combinando acción política, respaldo jurídico y recursos presupuestarios.
Entre sus anuncios, destaca la revisión en profundidad de la normativa agraria, comenzando por la Ley de Agricultura Social y Familiar, con el objetivo de eliminar obstáculos y corregir desequilibrios que afectan al sector.
Tras esta primera jornada, el proceso de investidura continuará con la intervención de los grupos parlamentarios y la votación, prevista para este miércoles. Azcón cuenta con el respaldo de los 26 diputados del PP y los 14 de Vox, lo que le garantiza la mayoría absoluta en las Cortes de Aragón, compuestas por 67 escaños. De confirmarse el resultado, Vox regresará al Ejecutivo autonómico tras su salida en la anterior legislatura, motivada entonces por discrepancias en materia migratoria.