La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes que su gobierno interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo si antes del 10 de mayo el Ejecutivo central no atiende su requerimiento para evaluar el coste que supondrá a las comunidades autónomas la implementación de la Ley de Eficiencia de la Justicia.
Durante la presentación de la maqueta de la futura Ciudad de la Justicia en la Real Casa de Correos, Ayuso criticó al Gobierno por no contar con el Poder Judicial ni con las autonomías para la puesta en marcha de esta normativa, que considera un "cambio ideológico en la organización del sistema judicial". En su intervención, subrayó que los presidentes autonómicos son también garantes del "orden constitucional, la unidad nacional, el Estado de derecho y los derechos fundamentales de todos los españoles".
La presidenta madrileña afirmó que la ley supone "un nuevo intento de control del Poder Judicial", ya que se ha elaborado "sin contar con el propio Poder Judicial ni con las comunidades autónomas". En sus palabras, la ley está "disfrazada de palabras mágicas" y representa "un nuevo Caballo de Troya de la ideología que no cree en la separación de poderes". Añadió que donde dice "eficiencia" se debería leer "control del Ejecutivo sobre la independencia judicial y el acceso a la tutela judicial efectiva".
Ayuso también criticó que la ley se presenta como una solución a los "supuestos nuevos medios de resolución de conflictos", pero considera que en realidad esconde "ese sueño de los totalitarios de la justicia popular, la justicia sin jueces". Aseguró que "ninguna de estas amenazas es nueva" y que desde hace décadas hay una obsesión por controlar el Poder Judicial, similar a lo que hacen muchos compañeros de ideología en otros lugares del mundo.
La Comunidad de Madrid presentó el 10 de abril un requerimiento formal al Gobierno para que evaluara el coste real de esta Ley de Eficiencia y dotara a las comunidades autónomas de la financiación suficiente. Según explicó Ayuso, si no se atiende al requerimiento antes del 10 de mayo, se interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo.
En qué consiste la Ley de Eficiencia
La Ley de Eficiencia de la Justicia, aprobada en diciembre de 2024, introduce una serie de reformas en el sistema judicial, como la creación de tribunales de instancia y la implementación de oficinas de justicia en los municipios. Sin embargo, según la Comunidad de Madrid, la ley no incluye una memoria económica que contemple los costes para las comunidades autónomas. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración, Miguel Ángel García, ha señalado que la adaptación de las infraestructuras judiciales y el aumento de los gastos de personal y tecnológicos supondrán, solo durante el primer año, un coste adicional de 40 millones de euros para la Comunidad de Madrid.
Este conflicto se suma a otros enfrentamientos entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid en relación con la legislación autonómica. En el pasado, Ayuso ha recurrido ante el Tribunal Constitucional leyes aprobadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, como la Ley de Amnistía, que considera una "ruptura con la separación de poderes" y un intento de "controlar el Poder Judicial". Con la amenaza de recurrir al Tribunal Supremo, Ayuso busca presionar al Gobierno central para que atienda sus demandas de financiación y garantice que la implementación de la Ley de Eficiencia de la Justicia no suponga una carga económica para las comunidades autónomas.