Amnistía Internacional se pronuncia sobre el rechazo del PP al traslado de menores inmigrantes en el contexto de la situación en Ceuta.
La ONG advierte de que, ante la Conferencia Sectorial de Infancia que se celebra este jueves, todas comunidades autónomas deben “cumplir la ley sin excepciones”. Esto pasa porque el conjunto de territorios “deben facilitar la reubicación de niños, niñas y adolescentes que han llegado solos” a la ciudad autónoma por “todo el territorio estatal”.
La organización no gubernamental se apoya para su aviso en el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo y respalda que “la acogida digna de estos niños y niñas es una responsabilidad compartida entre las comunidades autónomas, la Fiscalía y el Gobierno Central”. En este sentido, aseveran que dichos menores “tienen que quedar fuera de la pelea política y garantizar que se adopta una solución que respete todos sus derechos”.
“Todos los niños y las niñas, independientemente de su origen o su nacionalidad, tienen derecho a que el Estado en el que están les proteja sin ningún tipo de discriminación”, confirman, explicando que se han dirigido a todos los ejecutivos regionales para hablarles de este hecho; para “expresarles la necesidad urgente de facilitar la reubicación a nivel territorial de los niños, niñas y adolescentes que han llegado solos a Ceuta”, así como de “garantizar su acogida digna en las comunidades receptoras”.
Amnistía Internacional muestra su “preocupación” porque haya gobiernos autonómicos “donde las autoridades han mostrado públicamente su rechazo a que se lleva a cabo ese traslado y reparto”, insistiendo respecto de ello en el “incumplimiento de un Real Decreto Ley convalidades por el Congreso”.
En contra de la decisión de territorios capitaneados por la derecha, la ONG exige a todas las comunidades autónomas, independientemente del color político, “protección jurídica efectiva de niñas y niños, protocolo de determinación de la edad respetuoso con los derechos humanos, garantizar que su opinión es escuchada, que cualquier decisión debe estar basada en el principio del interés superior del menor; documentación, formación e itinerarios de integración, solidaridad y responsabilidad compartido o combatir el racismo y la discriminación”.
Choque Gobierno-PP
El PP ha destacado en varias comparecencias su rechazo al escenario que plantean desde el Ministerio que dirige Sira Rego, que trabaja en un plan integral de acogida para menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta después de la entrada masiva de personas migrantes de finales de julio.
Entre las medidas del departamento, se encuentra el traslado de unas 500 niñas a la Península, un punto que incluye el real decreto-ley para “la acogida vinculante y solidaria” por parte de todas las comunidades o el acogimiento familiar, “pero también otras fórmulas que permita agilizar la acogida”.
Los de Alberto Núñez Feijóo han declinado durante el último mes lo que pone sobre la mesa Infancia, subrayando que “el interés superior del menor es estar con su familia”, respaldándose en el aval de la Comisión Europea para el retorno de los menores que cruzaron la frontera ceutí.
En su defensa, el Partido Popular se ha referido últimamente a las declaraciones de los ministros Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares en las que, a su juicio, habrían asegurado que los niños y adolescentes regresarían a su lugar de origen.
“Si hay petición de Marruecos para que vuelvan los niños, si Europa ha dicho que por favor vuelvan los niños y los no niños, los que han entrado de manera irregular, ¿qué más necesita el Gobierno?”, pronunciaba en esa dirección, por ejemplo, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del principal partido de la oposición, Juan Bravo.
Rego, por su parte, refrenda que “lo que el PP plantea no es reunificación familiar ni retorno”, sino “una deportación de niños y niñas sin ninguna garantía y sin derechos”; algo “absolutamente legal”.
En esa dirección, Rego acentuó que nuestro país y el continente son transparentes en cuanto a la ley: “Escucha del menor, intervención de Fiscalía, garantía de derechos y cooperación entre países”. “El retorno debe ser voluntario y con garantías”, resaltaba.
No todas las comunidades autónomas acudirán al encuentro de este jueves. Andalucía, Cataluña, Murcia, Galicia, Comunidad Valenciana, Asturias, Cantabria, Navarra y Canarias sí lo harán, mientras que Castilla y León, por ejemplo, no; lo mismo que Aragón y Extremadura, gobernadas las tres por PP y Vox. Ninguna de ellas estuvo presente tampoco en la celebración de la Conferencia Sectorial del pasado 13 de agosto.
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