La mayoría absoluta del Partido Popular en la Asamblea de Madrid ha impedido que la Cámara de Cuentas fiscalice los contratos adjudicados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a empresas vinculadas al empresario Julio Martínez Martínez, investigado por la Audiencia Nacional en la causa derivada del denominado caso Plus Ultra. La decisión llega semanas después de que la oposición denunciara la existencia de adjudicaciones millonarias a sociedades relacionadas con el empresario alicantino.
La Mesa de la Asamblea ha inadmitido una iniciativa presentada por Más Madrid para que el órgano fiscalizador analizara el histórico de contratos suscritos entre la Comunidad de Madrid y empresas vinculadas a Martínez. Según la mayoría parlamentaria del PP, la petición tenía un carácter "prospectivo", al solicitar una revisión general de las contrataciones realizadas por la administración autonómica con el empresario.
La propuesta había sido registrada por la diputada Marta Lozano y pretendía que la Cámara de Cuentas examinara los contratos firmados con sociedades ligadas a Martínez, investigado por presunta pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales dentro de la investigación que instruye la Audiencia Nacional sobre el rescate de Plus Ultra.
La oposición eleva el foco sobre las adjudicaciones
La iniciativa parlamentaria llega en un contexto especialmente sensible por la evolución del denominado caso Plus Ultra y por la reciente imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque la investigación judicial se centra en las presuntas irregularidades relacionadas con el rescate de la aerolínea, la oposición madrileña ha puesto el foco en la relación contractual mantenida entre la Comunidad de Madrid y empresas vinculadas a Julio Martínez.
Desde Más Madrid sostienen que los negocios entre la administración autonómica y sociedades relacionadas con el empresario alcanzan, al menos, los 19 millones de euros. La cifra incluye adjudicaciones vinculadas a las obras de la Línea 1 de Metro de Madrid, así como contratos formalizados por distintos organismos dependientes de la Comunidad.
La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha denunciado que el PP ha impedido esclarecer el alcance de esas relaciones contractuales. Según la dirigente regional, las empresas vinculadas a Martínez habrían obtenido obras por valor de 19 millones de euros en la Línea 1 de Metro, además de una decena de contratos menores adjudicados de forma directa.
Contratos bajo la lupa
La petición de fiscalización se apoyaba en informaciones publicadas en las últimas semanas sobre adjudicaciones realizadas por organismos dependientes de la Comunidad de Madrid a sociedades relacionadas con el empresario investigado.
Según la documentación recopilada por Más Madrid a través de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y del Portal de Contratación autonómico, los contratos no se limitarían a una única área de gobierno. Entre los organismos señalados figuran Madrid Digital, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y la Consejería de Economía, además de las actuaciones relacionadas con la red de Metro.
La formación considera que el volumen económico de estas adjudicaciones justifica una revisión específica por parte de la Cámara de Cuentas para determinar si los procedimientos se ajustaron a la normativa y si existieron posibles irregularidades administrativas.
El PP cierra la puerta a la investigación parlamentaria
La decisión de la Mesa de la Asamblea supone, por el momento, el cierre de la vía planteada por la oposición para que un órgano independiente examinara estos contratos.
Desde el Gobierno regional no se han cuestionado las adjudicaciones realizadas y la mayoría parlamentaria popular sostiene que la solicitud de Más Madrid no se ajustaba a las competencias de la Cámara de Cuentas al plantear una revisión genérica de la contratación pública vinculada a una persona concreta.
La oposición, sin embargo, interpreta el veto como un intento de evitar el escrutinio sobre unas adjudicaciones que considera relevantes por su volumen económico y por la situación judicial del empresario investigado.
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