El juicio por la conocida como Operación Kitchen afronta esta semana una de sus últimas fases con la declaración de los tres acusados que todavía no habían comparecido ante la Audiencia Nacional. Los inspectores José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díaz Sevillano y el comisario José Luis Olivera cierran la ronda de interrogatorios antes de que las partes presenten sus conclusiones definitivas y el procedimiento quede visto para sentencia.
La sesión ha estado marcada por varios momentos destacados. Entre ellos, la decisión del fiscal Anticorrupción, César de Rivas, de mantener sin cambios su petición de penas para los principales procesados. En sus conclusiones finales, ha reiterado la solicitud de 15 años de prisión para el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; así como para el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; el expolicía y exasesor de María Dolores de Cospedal, Andrés Gómez Gordo; y el que fuera director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino. A todos ellos les atribuye presuntos delitos de encubrimiento, malversación de caudales públicos y vulneración de la intimidad.
La mayor petición de condena recae sobre el excomisario José Manuel Villarejo. La Fiscalía solicita para él un total de 19 años de cárcel por su supuesta implicación en el espionaje ilegal al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y a su familia mediante el uso de fondos reservados.
Los tres inspectores rechazan cualquier implicación
Durante su declaración, Fuentes Gago, Díaz Sevillano y Olivera negaron haber participado en la supuesta trama parapolicial que, según la investigación, se desarrolló entre 2013 y 2015 para obtener información de Bárcenas al margen del control judicial.
En respuesta a las preguntas del fiscal, José Luis Olivera sí reconoció que en febrero de 2017 mantuvo una comida con Villarejo y el empresario Adrián de la Joya. Según explicó, fue en ese encuentro cuando el excomisario le comentó que le habían encomendado una operación destinada a localizar dinero, documentación y otros elementos relacionados con el entorno de Bárcenas.
La investigación judicial sostiene que la Operación Kitchen fue diseñada en 2013 con el objetivo de hacerse de forma irregular con documentación sensible que el extesorero del Partido Popular conservaba en su poder, con la intención de obstaculizar las pesquisas sobre la presunta contabilidad opaca del partido.
A diferencia del resto de acusados, la Fiscalía considera que no existen pruebas suficientes para sostener la acusación contra Fuentes Gago, Díaz Sevillano y Olivera, por lo que ha solicitado el sobreseimiento de la causa para ellos. Sin embargo, esta postura no es compartida por el resto de las acusaciones. La familia Bárcenas reclama 41 años de prisión para cada uno de los tres, mientras que PSOE y Podemos, personados como acusación popular, solicitan penas que van desde los 32 años y cuatro meses hasta los 39 años de cárcel, al entender que sí participaron en la presunta operación.
Durante su comparecencia, Olivera también aseguró que fue Villarejo quien le informó en 2017 de la existencia de un confidente vinculado a Bárcenas y de unos "efectos" relacionados con la operación que, según le trasladó, no habían sido comunicados ni al juez ni a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). El exjefe de esta unidad señaló que conoció entonces la figura de Sergio Ríos, el chófer del extesorero que colaboraba como informante, extremo que quedó reflejado en una grabación incorporada a la causa.
Por su parte, Fuentes Gago y Díaz Sevillano rechazaron de forma tajante haber tenido conocimiento de la operación, del confidente conocido con los alias de "Coci" o "Cocinero", o de las vigilancias realizadas sobre Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas.
Asimismo, ambos negaron conocer el correo electrónico enviado en agosto de 2015 que constituye uno de los principales indicios en su contra. En ese mensaje, en el que figuraban como destinatarios, aparecían referencias cruzadas entre la investigación de Kitchen y el caso Gürtel dentro del sistema interno de la Policía.
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