Amnistía Internacional ha elevado a 50 los casos de presuntos malos tratos y agresiones a personas migrantes en Ceuta desde finales de julio de 2026. Según la organización, 18 de estos episodios se habrían producido después de que el Ministerio de Defensa anunciara la apertura de una investigación para esclarecer las primeras denuncias. Este nuevo balance procede de una segunda visita de investigación realizada por la organización entre el 23 y el 26 de octubre. Durante esos días, sus representantes recopilaron 28 nuevos testimonios que se suman a los 22 casos documentados en septiembre. Las denuncias hacen referencia principalmente a actuaciones de militares, aunque también incluyen presuntos abusos atribuidos a agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
Según el informe, presentado el 5 de noviembre, las personas entrevistadas describen golpes, patadas, puñetazos, agresiones con porras, descargas eléctricas mediante dispositivos táser y amenazas. Amnistía asegura haber recopilado testimonios, fotografías y documentación médica sobre las lesiones sufridas por algunas de las víctimas.
Cincuenta episodios denunciados desde julio
La primera investigación de Amnistía Internacional se desarrolló entre el 10 y el 15 de septiembre y permitió documentar 22 presuntos casos de malos tratos. En la segunda visita, realizada a finales de octubre, la organización recogió otros 28 testimonios, con lo que elevó a 50 el número total de episodios denunciados desde el 30 de julio. Uno de los aspectos señalados por la organización es que 18 de los nuevos casos habrían ocurrido después del anuncio del Ministerio de Defensa sobre la apertura de una investigación interna. Amnistía considera que esta circunstancia requiere aclarar qué medidas se adoptaron para evitar que se repitieran los hechos y determinar si existieron mecanismos de supervisión suficientes.
Los testimonios recopilados sitúan parte de las agresiones durante la noche, en lugares donde las personas migrantes duermen o buscan refugio. Algunas víctimas aseguran que fueron despertadas mediante golpes y que las agresiones continuaron cuando ya estaban en el suelo. La organización afirma haber examinado documentación médica que recoge fracturas, traumatismos craneales, contusiones y lesiones en distintas partes del cuerpo. También ha reunido fotografías y relatos sobre el supuesto uso de dispositivos táser y espray pimienta. Las nuevas denuncias se suman a las informaciones publicadas anteriormente por elDiario, que difundió grabaciones de audio en las que presuntamente varios militares se jactaban de haber agredido a personas migrantes.
Los testimonios recogidos por la organización
Entre los casos documentados figura el de un hombre que dormía en la carretera de Sidi Embarek durante la madrugada del 24 de octubre. Según explicó a Amnistía, varios militares le despertaron mediante descargas de un dispositivo táser en el pecho. El hombre asegura que sufrió mareos y vómitos y que no recibió asistencia hospitalaria tras el episodio. Otro testimonio corresponde a un ciudadano tunecino de 40 años que dormía en la playa Benítez junto a otros tres jóvenes. Según su relato, varios soldados le propinaron golpes en la cara que le provocaron problemas de visión durante aproximadamente dos semanas.
La organización también recoge el caso de un joven de 27 años que asegura haber sido conducido a un callejón el 5 de octubre por un grupo de entre seis y ocho militares. Allí, según su versión, recibió golpes con porras, patadas y puñetazos, además de espray pimienta en la cara y los ojos. Posteriormente habría sido atendido en un hospital tras la intervención de una organización humanitaria. Amnistía señala que estos testimonios deben ser investigados por las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias de cada episodio y determinar posibles responsabilidades.
A su vez, el informe recoge presuntas agresiones contra menores migrantes. Amnistía ha documentado 13 casos en este grupo de edad y señala que algunos adolescentes aseguran haber recibido golpes mientras dormían en la calle. Los testimonios incluyen también amenazas y denuncias sobre la destrucción o sustracción de pertenencias personales, como teléfonos móviles y documentación. Al hilo, la organización advierte de las condiciones en las que se encuentran numerosos menores extranjeros no acompañados en Ceuta y recuerda que, según sus estimaciones, al menos 500 podrían continuar durmiendo en la calle ante las dificultades del sistema de acogida para proporcionar alojamiento y atención suficientes. Amnistía reclama que las administraciones garanticen la protección de estos menores y recuerda que su situación administrativa no puede condicionar el acceso a los mecanismos de protección de la infancia.
Explicaciones a Defensa y a la Fiscalía
La organización considera que la continuidad de las denuncias después del anuncio de la investigación ministerial obliga a aclarar qué actuaciones se han llevado a cabo desde entonces. Amnistía asegura que no ha recibido información suficiente sobre los resultados de la investigación interna ni sobre la posible identificación de los militares denunciados. También reclama conocer si se han adoptado medidas cautelares y qué mecanismos existen para proteger a las personas que puedan colaborar con las pesquisas. Por este motivo, ha remitido nuevas comunicaciones al Ministerio de Defensa, a la Presidencia del Gobierno y a la Fiscalía de Ceuta. Entre sus principales peticiones figuran la apertura de investigaciones independientes e imparciales, la identificación de los posibles responsables y la adopción de medidas para evitar nuevas agresiones. También solicita que se estudie la concesión de autorizaciones temporales de residencia a las personas migrantes que denuncien los hechos y a los testigos que colaboren con las investigaciones, con el objetivo de evitar que su situación administrativa dificulte el acceso a la justicia.
El documento también recoge las preocupaciones de Amnistía Internacional por la situación de las organizaciones humanitarias que trabajan en Ceuta. En concreto, menciona a No Name Kitchen, cuya actividad se ha visto afectada por una investigación judicial relacionada con una presunta organización criminal. La organización de derechos humanos reclama que las entidades que prestan asistencia a las personas migrantes puedan desarrollar su actividad sin sufrir intimidaciones u obstáculos injustificados. También insiste en la importancia de garantizar el trabajo de periodistas y defensores de derechos humanos.
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