El Ayuntamiento de Madrid ha convertido el llamado flex living en una de las grandes apuestas inmobiliarias de la capital en plena crisis de acceso a la vivienda.
Bajo el mandato de José Luis Martínez-Almeida, el Consistorio no solo ha facilitado operaciones urbanísticas vinculadas a este modelo de alojamiento híbrido, sino que además lo ha promocionado públicamente como una fórmula de crecimiento económico y residencial para la ciudad.
El delegado de Urbanismo, Borja Carabante, llegó incluso a ejercer de prescriptor institucional de una promoción privada en Valdebebas a través de redes sociales municipales. Allí defendió la construcción de 583 apartamentos levantados sobre parcelas vendidas por el Ayuntamiento por más de 37 millones de euros.
Según explicó, estos espacios se sitúan “a medio camino” entre la vivienda tradicional y el alojamiento turístico, ofreciendo desde estudios hasta apartamentos de varias habitaciones destinados tanto a residentes temporales como a visitantes.
Detrás de esa definición ambigua se esconde uno de los principales focos de controversia. El flex living no cuenta con una regulación urbanística ni jurídica específica, pese a que su implantación se está acelerando en Madrid.
El modelo engloba alojamientos temporales amueblados, con servicios incluidos como limpieza, internet, coworking o zonas comunes, pero con precios muy superiores al alquiler convencional y sin las garantías de estabilidad contempladas en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
La oposición municipal y distintos expertos alertan de que estas promociones funcionan, en la práctica, como alquileres de temporada encubiertos que permiten a las empresas esquivar las limitaciones legales aplicables a la vivienda habitual.
El portavoz socialista de Urbanismo, Antonio Giraldo, sostiene que muchas de estas fórmulas “difícilmente responden a necesidades temporales reales” y denuncia que se están utilizando para maximizar rentabilidades inmobiliarias en un mercado ya tensionado
"Mientras miles de madrileños/as no pueden pagar un alquiler, Almeida promociona el flex living: un modelo fuera de la Ley de Arrendamientos pensado para exprimir al máximo la rentabilidad de cada metro cuadrado (...) Madrid no necesita más especulación, necesita alquiler asequible", defienden los socialistas.
La gran ventaja para las promotoras reside en el uso del suelo terciario. Gracias a cambios normativos impulsados por la Comunidad de Madrid y a la flexibilidad urbanística del Ayuntamiento, estos complejos pueden desarrollarse bajo licencias hoteleras o de hospedaje en terrenos destinados originalmente a oficinas u otros usos empresariales. Esto permite levantar pseudoapartamentos sin cumplir las mismas exigencias de calidad, superficie o servicios públicos asociadas a las viviendas residenciales.
El fenómeno avanza a gran velocidad. Informes del sector inmobiliario prevén que la Comunidad de Madrid concentre más de 25.000 camas de flex living en 2028, con la capital como principal núcleo de expansión. Actualmente ya funcionan más de 11.000 plazas y otras 14.000 se encuentran en desarrollo.
Las empresas presentan este modelo como una “alternativa estructural” del mercado residencial dirigida a profesionales internacionales, estudiantes de alto poder adquisitivo o nómadas digitales.
Sin embargo, colectivos vecinales y grupos de la oposición consideran que el Ayuntamiento está favoreciendo un proceso de turistificación y mercantilización de la vivienda.
Uno de los casos más controvertidos se sitúa en el paseo de la Ermita del Santo, en el distrito de Latina, donde parcelas recalificadas por el Consistorio terminarán acogiendo nuevos complejos de flex living. Los vecinos denuncian que la operación incrementará la densidad poblacional sin reforzar servicios públicos como centros de salud, colegios o transporte.
Las críticas también se extienden a Valdebebas, donde el entorno del futuro circuito urbano de Fórmula 1 se ha convertido en un enorme polo especulativo. Fondos internacionales y grandes promotoras han adquirido parcelas municipales para desarrollar miles de apartamentos temporales aprovechando la revalorización acelerada de la zona.
Entre los actores implicados figuran gigantes financieros como BentallGreenOak o Stoneshield Capital, firma vinculada a Felipe Morenés Botín, hijo de Ana Patricia Botín.
El Consistorio defiende estas operaciones como parte de una estrategia para “reactivar solares” y ampliar la oferta de alojamiento en Madrid. No obstante, la oposición acusa al Gobierno municipal de actuar como facilitador de intereses privados en detrimento del acceso a la vivienda.
“La flexibilidad del flex living beneficia sobre todo a los promotores”, denuncian desde el PSOE madrileño, que considera que este modelo transforma a los inquilinos en simples clientes de habitaciones de hotel encubiertas.
Mientras el precio del alquiler convencional continúa disparado y la emancipación juvenil se retrasa cada vez más, Madrid se consolida como laboratorio inmobiliario de nuevas fórmulas residenciales marcadas por la temporalidad, la inversión especulativa y la ausencia de regulación clara. Todo ello con el respaldo político de un Ayuntamiento que presenta estos proyectos como símbolo de modernización y crecimiento urbano.
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