Vox aboga oficialmente por derogar la ley del aborto y la ley de la eutanasia. El partido de Santiago Abascal acaba de registrar una Proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados en la que fija y mantiene su hoja de ruta ideológica contra lo que denomina la “cultura de la muerte”, en clara sintonía con los sectores más conservadores de la Iglesia Católica y de la derecha política. La formación quiere que este tema, “la defensa del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, se debata próximamente en la Comisión Constitucional, donde podría forzar de nuevo a que a los diputados del Partido Popular tengan que posicionarse de nuevo sobre el derecho al aborto.
La iniciativa de Vox la firman tres de sus diputados más conservadores y cercanos a movimientos como Hazte Oir. En concreto, por Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías e Ignacio Gil Lázaro. En su exposición de motivos, argumentan que el derecho a la vida debe ser “firmemente” defendido “sin que jamás un acto humano de voluntad pueda poner fin a la vida de un ser humano inocente. Menos aún, si cabe, puede admitirse un derecho a provocar la muerte”. El váyanse a otro lado a abortar, que diría Ayuso, pero con el sustrato legal de Vox para que ambos derechos, aborto y eutanasia, desaparezcan en la legislación.
El partido ultra destaca que “la indisponibilidad de la vida humana” es uno de los principios fundamentales que conforman “el sustrato espiritual y cultural en que se basa toda la civilización occidental y cristiana de la España es parte”. Y son las fuerzas políticas de izquierda - dicen - las que quieren desintegrar este modelo de civilización cristiana a través de la denominada cultura de la muerte.
“Esta tendencia al oscurecimiento del carácter inviolable de la vida humana ha sido promovida por distintas ideologías revolucionarias como el anarquismo, el comunismo, el socialismo y el progresismo, y han terminado por configurar la llamada "cultura de la muerte", cuyas manifestaciones más importantes han sido las políticas de la izquierda a favor de la legalización del aborto y la eutanasia”, alegan desde Vox.
Los derechos alcanzados no siempre están consolidados, al menos desde la óptica de Vox, que ocupa en este momento la tercera fuerza política del Congreso de los Diputados y se mantiene constantemente al alza en las últimas encuestas, que destacan su papel necesario e indispensable para un hipotético gobierno alternativo presidido por Alberto Núñez Feijóo.
Vox también se muestra partidario de que los contrarios al aborto puedan ir a rezar el Rosario a las puertas de las clínicas privadas donde se realizan abortos como medida de presión a las mujeres que deciden irrumpir su embarazo. “La misma alianza de socialistas y comunistas”-explican- impulsó la reforma del Código Penal “para tipificar como delito el rezo frente a las inmediaciones de clínicas abortivas, vulnerando así los derechos a la libertad religiosa y a las libertades de expresión y manifestación”.
“Debe recordarse la absolutamente reprensible conducta del Tribunal Constitucional en esta cuestión”, añaden. “No solamente ha traicionado desde hace décadas su función de asegurar los derechos fundamentales de los más débiles. Aún peor, desde la asunción de su presidencia por Cándido Conde-Pumpido en enero de 2023, dicho Tribunal, además de validar las mencionadas Leyes orgánicas de eutanasia, prohibición de rezos en clínicas abortistas y aborto de 2023, ha pretendido hacer del aborto y de la eutanasia derechos fundamentales ex novo, pese a carecer de cualquier apoyo en el texto constitucional”.
La Proposición no de Ley de Vox defiende que los poderes públicos apliquen nuevas políticas que garanticen “la información, apoyo y alternativas necesarias para todas aquellas madres con un embarazo problemático o inesperado. Y, en lugar de regular y dispensar la fatídica práctica de la eutanasia, es preciso aprobar una ley de cuidados paliativos que asegure tanto la asistencia sanitaria digna como el acompañamiento familiar, médico y espiritual de los enfermos”.
“Asimismo, se deben habilitar medidas de apoyo económico, social e institucional a familiares y cuidadores”, añaden.
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