En línea con la investigación que sigue en curso para esclarecer qué fue lo que provocó el trágico accidente ferroviario de Adamuz el pasado 18 de enero en el que fallecieron 46 personas, el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, se ha pronunciado este lunes en contra del último informe arrojado por la Guardia Civil en el que se señala una caída de tensión la noche anterior al descarrilamiento.
En este escrito, la Benemérita detalló a la jueza que instruye el caso que los sistemas de prevención de Adif detectaron una caída de tensión 22 horas antes del accidente, una caída de medio voltio que se mantiene por debajo del límite a partir del cual se activan alarmas automáticas, fijado en 0,78 voltios. Sin embargo, en contraposición con lo que alegaba la Guardia Civil en ese informe, el presidente de Adif ha subrayado que “los circuitos de vía no son un método fiable para detectar una rotura de carril”. Algo que, según ha puntualizado, “lo dicen los expertos internacionales, no Adif ni su presidente”.
Al hilo de ello, Marco de la Peña ha rechazado que fuera Adif quien estuviera obligado a detectar al momento la rotura de carril. Asimismo, el presidente de la entidad administradora de infraestructuras ferroviarias ha añadido que el informe “no recoge el sentir de su declaración”. "Hay un nivel de tecnicismo tal, que evidentemente yo creo que no está bien interpretado", ha matizado.
Al margen de ello, el presidente de Adif ha insistido en que esa caída de tensión proviene de un sistema que se usa exclusivamente para saber dónde se encuentra un tren en un determinado momento, pero no para identificar roturas. A razón de ello, Marco de la Peña ha puesto de relieve que esa caída de tensión podría ser compatible con una rotura, pero no es determinante para concluir que hubo, en efecto, una rotura. "La Guardia Civil puede haber interpretado que puede existir esa posibilidad, pero es que realmente hoy por hoy no existe ningún sistema para la detección en tiempo real de una rotura de carril. Es un debate tecnológico todavía sin resolver en el sector ferroviario. Por eso, evidentemente, tengo que disculpar a la Guardia Civil porque no puede entrar a ese debate", ha añadido.
En otro orden de cosas, el presidente de Adif también ha defendido la actuación de la empresa pública que gestiona la red ferroviaria española tras el accidente de Adamuz: "Hemos custodiado todos los materiales y admitimos que los hemos manipulado, pero con la pertinente autorización judicial y solo para comprobar las soldaduras". Asimismo, ha señalado que la Guardia Civil no se llevó unas chapas de aluminio que Adif consideraba implicadas en el suceso, por lo que la empresa las recogió y las depositó con el resto del material. "Comunicamos a la autoridad judicial todo el proceso que se ha seguido, toda la documentación y dónde tiene a su disposición esos elementos", ha afirmado.
Las víctimas exigen una “exhaustiva investigación”
Por su parte, mientras las pesquisas avanzan, la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz registraba este pasado 10 de abril un escrito ante el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, con el que ponía de relieve "los gravísimos acontecimientos sucedidos con respecto a la gestión sanitaria de asistencia del 061 y 112" tras el siniestro ferroviario. Por ello, las víctimas reclamaron en el escrito "una exhaustiva investigación de lo sucedido", así como que "se depuren las correspondientes responsabilidad políticas y jurídicas al respecto".
Al margen de ello, la asociación avanzó que, además de al presidente de la Junta de Andalucía, también se presentaron los escritos de denuncia ante la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y al Defensor del Pueblo Andaluz. Además, informaron que se dará traslado de estos hechos y denuncia a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), quien está llevando la investigación, ya que, de confirmarse estos hechos, "sería una posible y manifiesta responsabilidad patrimonial por una función anormal de la Administración Pública, entre otros posibles reproches jurídicos". "Igualmente, conviene destacar que el mal funcionamiento de comunicación con los servicios de emergencias también se produjo a nivel estatal", matizaron en el escrito.
Entre otras cosas, la asociación indicó que el reciente informe de la Guardia Civil señala que del estudio inicial de las grabaciones de los distintos operadores de emergencias, Centro de Emergencias 112 Andalucía, Centro de Emergencias 112 Madrid, Centro de Protección y Seguridad (CPS) de ADIF en Sevilla y en Madrid, Centro de Regulación y Circulación (CRC) de Atocha en Madrid y Centro Operativo de Servicios de la Guardia Civil de Córdoba (COS) y, "a falta de ampliar las indagatorias con las correspondientes manifestaciones de los operadores", se comprueba que "existió una importante confusión inicial, debido al gran volumen de llamadas simultáneas y desconcierto, vinculándose todas las llamadas de emergencia recibidas, como relacionadas con el tren Iryo".