El adelanto electoral no sólo ha cortado la legislatura. También ha interrumpido la tramitación de 305 iniciativas parlamentarias, entre las que convivían proyectos prácticamente recién registrados con reformas que ya habían superado varias fases de su recorrido parlamentario, negociado enmiendas o incluso llegado al Senado. Hay un matiz reseñable y es que no son proyectos a punto de entrar en vigor ni tampoco todas proceden del Gobierno. Algunas llevan meses atascados y su futuro era incluso algo incierto. Otras, en cambio, se podrían recuperar políticamente la próxima legislatura, pero desde la casilla de salida.
Uno de los ejemplos más claros es la reforma sobre la nacionalidad española de las personas saharauis nacidas bajo administración española. El Congreso aprobó el texto el 10 de septiembre con 168 votos a favor, 31 en contra y 145 abstenciones y lo remitió al Senado. Allí continuó avanzando por el procedimiento de urgencia, recibiendo enmiendas y propuestas de veto, pasó por la Comisión de Justicia y quedó pendiente del Pleno.
La disolución llega, por tanto, cuando la Cámara Baja ya había terminado su trabajo y el Senado estaba en la recta final. El acuerdo tampoco era unánime - las 145 abstenciones lo demuestran -, pero sí había permitido que una iniciativa nacida en Sumar atravesara sucesivas fases parlamentarias y quedara a pocos pasos de su aprobación definitiva.
Del Congreso al Senado para acabar en el archivo
Una situación parecida atraviesa la reforma del Código Penal para penalizar las denominadas terapias de conversión dirigidas a eliminar o negar la orientación sexual, la identidad sexual o la expresión de género. El Congreso aprobó el 25 de junio el dictamen con 179 votos a favor, 32 en contra y 137 abstenciones. En la posterior votación de conjunto, necesaria por tratarse de una ley orgánica, la norma obtuvo 178 apoyos, 32 votos en contra y 138 abstenciones, suficientes para superar la mayoría absoluta exigida.
Desde entonces se encontraba en el Senado. La Cámara Alta había recibido el texto a finales de junio, se habían presentado enmiendas y la iniciativa seguía pendiente de informe en la Comisión de Igualdad cuando llegó la disolución. Aquí tampoco había unanimidad política. Pero sí un recorrido parlamentario avanzado y una mayoría suficiente en el Congreso para sacar adelante una reforma orgánica. Si los grupos quieren recuperarla después del 29-N, podrán apoyarse en las negociaciones ya realizadas, pero tendrán que volver a poner en marcha formalmente la tramitación.
Caída de la reforma educativa
Más lejos del BOE estaba el proyecto para reducir las ratios de alumnos por aula y la jornada lectiva del profesorado no universitario. Su situación permite distinguir entre una reforma avanzada y otra que simplemente había conseguido superar uno de sus primeros grandes obstáculos.
El 18 de junio, el Congreso rechazó las enmiendas a la totalidad presentadas por Junts y PNV por 329 votos frente a 11 y siete abstenciones. La votación no suponía que esos 329 diputados respaldaran el contenido completo del proyecto; significaba que una mayoría muy amplia se oponía a devolverlo al Gobierno y permitía que continuara hacia ponencia y comisión.
Quedaban, por tanto, numerosos aspectos por negociar y enmendar. La reforma contemplaba una reducción progresiva de las ratios y cambios en las horas lectivas del profesorado, pero todavía debía atravesar buena parte del procedimiento legislativo. El adelanto electoral corta ese proceso antes de conocer hasta dónde podía llegar el acuerdo que había permitido salvar el debate de totalidad.
Negociación sanitaria sin acuerdo
El Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud se encontraba todavía en una fase más temprana. El Gobierno presentó el proyecto el 7 de septiembre y la Mesa del Congreso lo calificó ocho días después. Cuando se disolvieron las Cortes estaba en la Comisión de Sanidad y en periodo de presentación de enmiendas.
La norma aspiraba a sustituir el Estatuto Marco vigente desde 2003 y llegaba al Congreso después de un largo proceso previo de negociación en el ámbito sanitario. Pero conviene no confundir ese recorrido con un consenso parlamentario ya construido: los grupos ni siquiera habían terminado de fijar sus enmiendas.
Su inclusión entre los proyectos que caen con el adelanto tiene valor por el trabajo acumulado antes de llegar a las Cortes, no porque estuviera cerca de aprobarse. Si el próximo Gobierno quiere recuperarlo, podrá partir de aquel texto y de las conversaciones previas, pero deberá volver a activar el procedimiento legislativo.
No todas las iniciativas dejan el mismo trabajo atrás
La disolución afecta también a la regulación de la inteligencia artificial, la ley antitabaco, el Estatuto del Becario, la reducción de la tasa máxima de alcohol al volante y otras reformas económicas, sociales y administrativas. RTVE señala precisamente que entre las 305 iniciativas hay tanto medidas próximas a culminar como otras varadas desde hacía meses.
Ese es el dato que evita convertir el final de la legislatura en una lista engañosa. No todo lo que decae estaba a punto de aprobarse y no todo había concitado acuerdos suficientes para hacerlo. El efecto del adelanto depende de dónde se encontraba cada expediente.
En el caso saharaui, el Congreso ya había aprobado el texto y el Senado lo tenía pendiente del Pleno. La penalización de las terapias de conversión también había superado la Cámara Baja y esperaba completar su recorrido en la Alta. La reforma educativa había salvado una devolución por una mayoría muy amplia, pero aún tenía negociación por delante. El Estatuto Marco apenas acababa de entrar en su fase parlamentaria.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.