El Gobierno ultima las negociaciones sobre el decreto de vivienda que espera satisfacer lo que se pide desde la Puerta del Sol. Desde el sábado, miles de activistas y vecinos acampan en el corazón de Madrid para presionar por que ese texto incluya medidas efectivas para paliar la crisis de vivienda, alentados por la imagen del desahucio de Maricarmen. Este lunes, hemos conocido algunos de los puntos que se están negociando, que la izquierda y los aquí acampados siguen considerando insuficientes.
El PSOE trata de equilibrar las exigencias de los socios de izquierdas con la derecha nacionalista. La movilización social por el desalojo de la mujer de 87 años por un fondo buitre ha devuelto a Junts a la mesa de negociación con el Ejecutivo. Los de Puigdemont, además, han sumado a sus recurrentes exigencias de bonificaciones fiscales a los propietarios que se prohíba la compra de pisos por parte de estos fondos para especular.
Aún así, muchas de las cosas que piden, que aceptan los socialistas, siguen chocando con el llamado ‘decreto Maricarmen’. La exigencia de las calles y los partidos de izquierdas incluye que se tomen medidas estructurales para acabar con los desahucios, regular de forma definitiva los alquileres de temporada y por habitaciones mediante una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), la congelación de los precios del alquiler y la aprobación de prórrogas efectivas como la de dos años que decayó el pasado mes de abril.
Los acampados reaccionan al decreto
El corazón de esa exigencia incluye regular la renovación de los contratos para encaminarlos hacia un modelo de alquiler indefinido, que es la línea roja que pone el Sindicato de Inquilinas. “No nos parece suficiente, nosotras queremos que se apruebe el ‘decreto Maricarmen’”, señala a ElPlural Rufina Parra, del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. “Si no hay contratos indefinidos volvemos a las mismas”, apunta, “da igual las ayudas fiscales, porque al final todo va a las manos de quienes quieren especular con la vivienda”.
Otros movimientos sociales presentes en Sol destacan que esperaban poco del Gobierno de coalición. “Sabíamos que iba a intentar paliar solo algunas de las consecuencias de este problema, y que en ningún caso iba a atajar de raíz las causas”, lamenta Carlota, miembro de la Coordinadora Juvenil Socialista. “La causa principal de este problema es la acumulación de propiedad y de viviendas que se está dando cada vez más en manos de muy pocos”.
A ellos se suman algunos de los jóvenes allí presentes, que también creen que el decreto que se negocia no va lo suficientemente lejos. “El problema de la vivienda no es, como muchos quieren hacer creer, el problema de un solo factor”, cree Joel, estudiante. “No es solo una cuestión del mercado, también es cómo se distribuye la población”. Aún así, piden “que se apruebe” este decreto, aunque, como todos coinciden en señalar, “falten cosas”, como nos dice Martina, otra joven acampada.
El decreto del Gobierno que rechazan las calles
Este lunes, se han conocido los diez puntos que el Gobierno está negociando con los grupos. Desde Moncloa ha transcendido que la norma incluirá la prohibición de que los fondos buitre compren vivienda, pese a que el PSOE se abstuvo en la votación de la propuesta de Sumar, que se produjo hace menos de dos semanas, que incluía esta tesis. Además, también se incluirán bonificaciones fiscales para los caseros, medida para contentar a Junts y que el movimiento de vivienda rechaza de plano, y los inquilinos. También se prevé una subida del IVA para los pisos turísticos y una bajada de este mismo impuesto para la construcción de vivienda protegida que mantenga su protección de por vida.
Más allá de la materia impositiva, el Gobierno defiende el blindaje del escase parque público existente y la regulación del alquiler de temporada, aunque se desconoce si a través de una reforma de la LAU. Por último, también se ha deslizado la inclusión de ayudas para aquellos que quieran comprar una vivienda, pero no tengan capacidad económica, medida que anteriores ocasiones se han traducido en avales y préstamos que están lejos de reducir efectivamente el precio. Una lista de propuestas provisionales que están muy lejos de cumplir las pretensiones del movimiento de vivienda.
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